La larga lucha de los mineros de La Jagua

Por: Camila Ramírez – diciembre 3 de 2012

El pasado 24 de octubre, luego de 98 días de huelga de los obreros de la cuarta mina de carbón a cielo abierto del mundo, el Ministerio de Trabajo obligó a los sindicalistas a levantar su movimiento y reiniciar actividades, llevando a un tribunal de arbitramento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergética) y a la empresa Carbones de La Jagua SA (CDJ), de propiedad de la trasnacional suiza Glencore, sin que se haya resuelto el conflicto laboral.

Obligados por la decisión ministerial a volver a sus labores sin que se haya dado solución alguna a los reclamos que los llevaron al cese de actividades, los trabajadores han declarado su preocupación por el rumbo del tribunal de arbitramento, puesto que la empresa se negó en todo este periodo a discutir sus peticiones, usando su poder económico para desprestigiar a la organización sindical, lo cual implica para ellos un grave riesgo, de cara al nombramiento de los árbitros que definirán las nuevas condiciones de trabajo en CDJ, una de las empresas de propiedad de Glencore que explota una de las mayores minas de carbón del mundo, ubicada apenas a dos kilómetros del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar).

En Colombia, un tribunal de este tipo está conformado por tres árbitros –uno nombrado por la empresa, otro por los trabajadores y un tercero que se acuerda entre las partes– y sesiona con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Trabajo. Dado que se consideran sus decisiones como definitivas para un conflicto de este tipo, todo cambio en las condiciones laborales –incluido el  aumento anual de salario al que todos los obreros tiene derecho– quedará suspendido hasta que haya una decisión definitiva en torno al pliego presentado por Sintramienergética, lo cual puede tomar un largo tiempo y en otros conflictos laborales ha llevado al debilitamiento de las organizaciones sindicales, luego de años sin un fallo respecto a sus demandas.

Rafael Reyes, fiscal de la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares (Funtraenergética), afirma que “dentro de los 158 tribunales de arbitramiento que hay convocados en este momento, se encuentran dos que forman parte del grupo empresarial de Glencore, como es el de Prodeco, que se aproxima a los cuatro años [de creado] y el de CMU, que va por el orden de dos años […] Teniendo en cuenta que estos tribunales se prolongan en el tiempo, en contravía de lo que la misma Corte prevé, como se dice en el adagio popular, resulta peor el remedio que la enfermedad”.

Pulso desigual

El 24 de octubre, apenas cinco días después de la decisión del Ministerio de Trabajo, contenida en la Resolución 2306, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional llegaron hasta la mina, entre las 6 y las 7 am, para amenazar a los obreros con el uso de la fuerza si no levantaban su movimiento, protegiendo así lo intereses de la Glencore. Álvaro Rincón, integrante de Sintramienergética La Jagua, manifestó que “ésta es la forma sucia en la que el Estado patrocina a estas multinacionales para reprimir a los trabajadores, queriendo convertir un conflicto laboral en un conflicto de guerra”.

El 11 de mayo de 2012, los trabajadores y Sintramienergética seccional La Jagua presentaron un pliego de peticiones para la firma de una nueva convención colectiva de trabajo que beneficiaría tanto a los trabajadores que laboran en CDJ como a los de Consorcio Minero Unido (CMU), siendo que ambas empresas explotan el proyecto minero de La Jagua de Ibirico y son propiedad de la transnacional Glencore. Las negociaciones se iniciaron el 17 de mayo, con constantes negativas de la Glencore para resolver los reclamos de los obreros. Después de 48 días de diálogos, la empresa presentó un contrapliego para retirar de la convención vigente algunos puntos que el sindicato había conquistado desde hace veinte años.

El 19 de julio, luego de realizar varias asambleas para debatir esta problemática, los trabajadores votaron por ir a huelga, medida que la transnacional Glencore descalificó casi de inmediato, en un escueto comunicado de prensa, señalando que “la comisión negociadora de Carbones de La Jagua SA hizo sus mejores esfuerzos, de manera reiterada, en busca de cambiar el curso de la negociación y para no estar inmersa en una huelga sin sentido […] En la situación económica actual del mercado, es necesario el concurso de empresa y trabajadores para logar acuerdos razonables y beneficiosos y, en este sentido, el iniciar una huelga nos aleja a todos de estos propósitos”.

Germán Albor, secretario de comunicación y propaganda de Sintramienergética, recordó que el primer día de huelga los directivos a cargo del proyecto habían instalado una barricada para formar un enclave para que algunos obreros no sindicalizados de CMU, a quienes la empresa planeaba obligar a quedarse en las instalaciones, mantuvieran la explotación del mineral. Para el obrero más antiguo de CDJ la situación en la mina “parecía una película: todo el mundo en las máquinas, avanzando, y ellos [los directivos] pensaron que hasta ahí íbamos a llegar nosotros. Y no, se tumbó la barricada y para adelante, hasta que nos tomamos el control de toda la mina. No quedó nada aquí, los vigilantes de ellos, los supervisores. ¡Todo el mundo para afuera! Aquí no quedó nadie y todo estaba bajo el control de nosotros, como en 1989, cuando nos tomamos la mina”.

A los mineros se unieron, el 23 de julio, los trabajadores de Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) –empresa que transporta en trenes el carbón de las minas del Cesar hasta los puertos desde los que los monopolios trasnacionales Drummond, Vale, Goldman Sachs, Carboandes y Glencore lo sacan del país–, quienes se declararon en huelga indefinida, dejando interrumpidas las exportaciones del mineral y uniéndose a los obreros de CDJ. Los obreros de Fenoco, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica (Sintraime), cesaron actividades porque las empresas que se benefician de su trabajo no atendieron los reclamos contenidos en su pliego del 30 de marzo en materia de mejoras salariales, estabilidad laboral, seguridad en la operación férrea ante los frecuentes accidentes, inversión social para la región y reintegro de 17 personas despedidas injustamente.

Sin embargo, tras 22 días de cese de actividades en la concesión de la vía férrea del norte de Colombia, el 14 de agosto, un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca declaró ilegal la huelga, luego de que un grupo de personas, a las que Sintraime denuncia como partidarias de la empresa, realizara una asamblea a espaldas del sindicato en la que 325 de los 626 trabajadores votaron por levantar la huelga. Sintrame manifestó que esta asamblea es ilegal, así como la votación, porque se desconoció a la organización sindical y fue la empresa quien recurrió a esta maniobra para no responder a los reclamos de los obreros.

Después de completar 41 días de huelga, el 27 de agosto, un fallo del Tribunal Superior de Valledupar declaró legal la huelga en CDJ, lo que motivó a los trabajadores a continuar con la toma de la mina. Además, el tribunal ratificó que el conflicto se había desarrollado en forma pacífica y sin disturbios. La empresa, por su parte, no esperó y pidió el amparo policial de sus bienes al alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla, con el fin de agredir a los trabajadores y así evitar tener que negociar con el sindicato. Sin embargo, el mandatario no cedió a las pretensiones de la empresa, puesto que tal medida no sólo violaría la Ley sino que resultaba lesiva a los intereses de esta población, con más de 21.000 habitantes, puesto que Sintramienergética ha venido denunciando maniobras por parte de Glencore para no pagar lo que le corresponde en materia de regalías e impuestos.

En los 98 días de huelga se fueron agudizando, además de los continuos señalamientos por parte de Glencore, las problemáticas de los trabajadores, quienes decidieron mantener su movimiento a pesar de no percibir salarios durante más de tres meses y de los múltiples problemas que esto traía consigo.

Adicionalmente, a buena parte de los obreros de General Equipos de Colombia SA (Gecolsa) –empresa contratista de propiedad de la trasnacional estadounidense Caterpillar, que presta servicios de mantenimiento especializado a la maquinaria usada en la mina de La Jagua de Ibirico–, la compañía les canceló sus contratos laborales sin ninguna explicación y algunos no tenían cómo llevar de comer a sus familias. Al respecto, Rafael De la Hoz, vicepresidente de la seccional La Jagua de Sintraime, afirmó que “la empresa toma la decisión de suspendernos los contratos, no sabemos por qué. Hay varios frentes de trabajo de ellos. Perfectamente en el cerrejón, incluso en la otra mina que es de propiedad de Prodeco [Glencore], que es Calenturitas, debieron perfectamente reubicarnos allá […] Alrededor de 1.200 personas estamos en ese proceso”.

La huelga también afectó a la población de la Jagua de Ibirico porque, al ser un municipio minero, la mayoría de sus pobladores derivan sus ingresos de la explotación de carbón y del comercio relacionado con las necesidades de los mineros. Rafael de la Hoz manifestó que “esto está afectando al pueblo, está afectando desde la persona que vende fritos hasta la persona que alquila sus piezas. Es una problemática que ya es profunda, tanto que la gente está desesperada en el pueblo”.

Mientras tanto, las acciones jurídicas de la empresa para obligar a los obreros a reactivar la producción no cesaron. Sintramienergética denunció que les instauraron más de 25 tutelas, 2 demandas de ilegalidad de la huelga en los tribunales superiores y 3 amparos administrativos en la Alcaldía. Ricardo Machado, presidente de la seccional La Jagua de Sintramienergética, afirmó que “ellos estuvieron presionando a los contratistas para que nos demandaran a nosotros por el derecho al trabajo […] son gastos de abogados, pues cada uno de esos procesos vale entre 12 y 13 millones de pesos, porque toca contratar abogados muy buenos, como los que nos han asesorado para poder garantizar que la lucha continúe”.

Motivos no faltan

El pliego presentado por los trabajadores contiene exigencias relacionadas con las condiciones laborales que ha impuesto la compañía trasnacional y con la unidad de empresa, pues Glencore tiene dividida su operación en La Jagua de Ibirico en tres empresas diferentes: CDJ, con exportaciones de 2’944.000 toneladas de carbón en 2011; CMU, que usa los mismos equipos y extrae el mineral de los mismo terrenos de CDJ, pero con diferente personal, con 2’844.000 toneladas; y Carbones El Tesoro, que no tiene personal ni maquinaria en operación, pero que sí reporta al gobierno exportaciones por 1’167.000 toneladas aunque no explota un solo gramo de carbón, como pudo comprobar El Turbión al ingresar a la mina.

Los trabajadores, tanto de CMU como de CDJ, han solicitado en varias ocasiones la unidad de empresa para obligar a la Glencore a igualar las condiciones laborales para todos los empleados de la trasnacional y para que ésta pague completos los impuestos y regalías por las cantidades de carbón que extrae de La Jagua. Sin embargo, también saben que la compañía puede aprovechar esto para eliminar la convención colectiva y, de paso, el sindicato, pues “la empresa sabe que tiene que unificarse y ha planteado, en diferentes escenarios, que unificaría y nivelaría por debajo, no por encima. Entonces, nosotros sabemos que ellos nos van a arrebatar lo que nosotros tenemos, lo que los otros trabajadores no tienen”, expresó Ricardo Machado.

De otra parte, resulta fundamental en las peticiones de los mineros el asunto de la salud, dado que muchos de ellos padecen enfermedades laborales por las jornadas extenuantes en las que trabajan, por la contaminación y por los riesgos del oficio minero. En el pliego, Sintramienergética exige que el servicio de ambulancia esté disponible las 24 horas dentro de la mina, es decir, para quienes están tanto en las faenas de día como en las de noche; que el servicio médico sea prestado por profesionales contratados directamente por la empresa; que se pague el 100% del costo de los medicamentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), tanto para cada trabajador como para sus familias; que haya atención de las enfermedades mentales surgidas por estrés laboral y por los desórdenes del sueño provocados por los cambios abruptos de los turnos; que se realicen evaluaciones médicas y exámenes clínicos periódicos cubiertos por la empresa para determinar enfermedades laborales; y que se pague el 100% del salario por cada día de incapacidad médica, no el 75% que define la Ley 100 de 1993.

Al respecto, Alfredo Tovar, Secretario de asuntos nacionales e internacionales  de Sintramienergética nacional, asegura que  “el punto más álgido de nosotros que es el de la salud: hoy la empresa pretende quitarnos la medicina, pretende quitarnos lo que tiene que ver con incapacidades, los médicos que conseguimos hace más de veinte años, atentado contra nuestra salud y la de nuestros familiares”.

Otro de los puntos claves para los obreros en este pliego tiene que ver con las condiciones de contratación. El sindicato exige que la compañía tenga un límite para que el personal de las empresas contratistas no exceda al 10% de los trabajadores de nómina, que los empleados de las empresas tercerizadas cumplan estrictamente labores no relacionadas con la extracción del carbón y que se creen cargos en la nómina para que sean trabajadores de planta los que cumplan ciertas labores esenciales que actualmente cubren los tercerizados.

En este sentido, Ricardo Machado señaló que la Glencore prefiere negociar con empresas contratistas antes que permitir la ampliación de la nómina en CDJ porque “la convención colectiva nuestra tiene una cláusula, la 32 exactamente, en donde se dice que todos los contratos del rol ordinario para la empresa deben ser a término indefinido. Ésta es, precisamente, una de las que denunció, la metió en su famoso contrapliego para que puedan contratar a sus anchas y puedan tercerizar todas las labores de Carbones de La Jagua”. En el mismo sentido, Alfredo Tovar manifestó que “quieren modificar la contratación, que les den facultad para que puedan contratar con terceros, con bolsas de empleo. Todo es a raíz de que [la empresa] saca un trabajador sindicalizado y luego lo reemplaza por uno por bolsas de empleo: así van acabando con la organización sindical”.

La estabilidad laboral es otro punto fundamental para los trabajadores, pues la transnacional ha utilizado estrategias para despedir injustamente a los trabajadores. La Glencore busca eliminar el sistema de cinco faltas laborales que existe actualmente en CDJ, según Machado, “para que ellos puedan aplicar la escala de sanciones como a ellos les parezca, es decir, despido inmediato o sanciones que van en orden hasta los 60 días [sin laborar], como lo hacen en Prodeco y en CMU”.

La lucha del sindicato

Sintramienergética La Jagua nació con la primera huelga en 1989, cuando todavía la Glencore no se había apropiado de la mina. El cese de actividades duró casi 120 días y los obreros lograron su primera convención colectiva, con garantías de estabilidad laboral, contratación de los habitantes de la zona, salud, alimentación y salarios. Germán Albor, con entusiasmo, recordó como inició el sindicato: “primero compramos el balde y después la vaca, primero hicimos la huelga y después formamos el sindicato dentro la misma huelga. Nació al calor de la lucha. Aquí cabe destacar que los movimientos de izquierda nos apoyaron bastante a conformar este sindicato […] antes había solidaridad del movimiento campesino: si nosotros parábamos aquí, el campesino venia y apoyaba”.

Desde que llegó Glencore, en 2004, el trabajo sindical ha atravesado por muchas dificultades porque, según denuncia Ricardo Machado, esta transnacional “vino con una política antisindical a exterminar la organización, a exterminar el derecho a la negociación colectiva, a la contratación colectiva y, por supuesto, a exterminar el derecho a la huelga, es decir, a acabar con la organización sindical como lo ha hecho en otros países”.

Sintramienergética ha apoyado a otros sectores obreros para que se organicen. En el caso de Sintraime La Jagua, impulsó la vinculación de los obreros de Gecolsa a la organización, logrando que el año pasado 150 obreros se afiliaran. Sin embargo, el pacto colectivo impuesto por Glencore, donde se prohíbe la sindicalización a cambio de primas extralegales, y el constante acoso laboral, la persecución y los hostigamientos llevaron a que este año el número de afiliados se redujera significativamente.

Adicionalmente, la persecución a los líderes sindicales se ha venido agudizando: las amenazas se han vuelto constantes y se han denunciado atentados contra la vida de los trabajadores. El 27 de julio, después de ocho días de huelga, dos integrantes de la junta directiva de Sintramienergética y un dirigente de Sintraime recibieron amenazas, por medio de mensajes de texto, que decían: “como sigan liderando huelgas en los sectores mineros serán objetivo militar”. De la misma manera, en la madruga del 17 de octubre, el presidente de la seccional de La Jagua de Ibirico de Sintraime, Jan Carlo Field Castellar, fue víctima de un atentado del que salió ileso gracias a la acción de sus escoltas. De acuerdo con los sindicalistas, estos ataques buscan sembrar miedo para que se retiren de la región y se vienen denunciando agresiones cada vez más frecuentes dentro de la mina hacia  los trabajadores sindicalizados, especialmente por parte del personal del área de protección de Glencore, conformados sobre todo por exmilitares.

A esto se suma la actitud de la Glencore, que en varias ocasiones ha demostrado que no está interesada en negociar con los sindicatos. En este sentido, Rafael Reyes aseguró que “hemos visto como la Glencore, con su arrogancia y prepotencia, se sentó a esperar y a mirar cómo los trabajadores se desgastaban en el trascurso de los días de la huelga, gastando sus recursos económicos, y ahora se va a sentar a esperar cuando al Ministerio le complazca convocar al tribunal [de arbitramento]”. Sintramienergética hizo un llamado a todas las organizaciones sociales y centrales obreras nacionales e internacionales para que los apoyen en una campaña para solicitar a la Corte Suprema de Justicia Laboral que les sea ratificado el fallo de Valledupar y puedan presionar la negociación directa con la empresa, en medio de un conflicto laboral que se sigue extendiendo en el tiempo sin soluciones para las necesidades de los obreros de una de las compañías más ricas del mundo.

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