Por: Christian Peñuela – febrero 11 de 2013
La Alcaldía Mayor de Bogotá se comprometió en noviembre de 2012 con una “política pública de tercios para medios alternativos y comunitarios” a partir de enero de 2013. El acuerdo suscrito por la administración de Gustavo Petro ha generado expectativa sobre la promesa de pauta directa con el Distrito a través de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), que centralizará todos los negocios de publicidad de las entidades públicas capitalinas, y preguntas sobre su alcance en términos de libertad de prensa, libertad de expresión y de las condiciones para que estas políticas habiliten los recursos y escenarios necesarios para el ejercicio de los derechos a la comunicación y al acceso a información de calidad.
Los compromisos de la alcaldía
El 29 de noviembre, durante el Primer Encuentro Andino y Latinoamericano de Comunicación Comunitaria y Alternativa, Rodrigo Acosta, integrante de la Mesa Distrital de Medios Comunitarios y Alternativos de Bogotá, mencionó que estos medios acceden únicamente a un 0,7% de pauta publicitaria y financiación en el Distrito Capital, el resto se compra mayoritariamente a los medios de los monopolios privados y en parte a los públicos. “Esto quiere decir que en pautaje correspondiente al cuatrienio tendríamos que participar de al menos unos 150.000 millones de pesos solamente por gastos de difusión más los proyectos de infraestructura, de estudios e investigación para planes de medios. Estamos hablando de algo grande y esperamos que la palabra empeñada se pueda cumplir”, afirmó, refiriéndose al compromiso de la alcaldía de hacer una repartición equitativa entre los tres sectores, es decir, el privado, el público y el de los comunitarios y alternativos.
Según Jorge Rojas, secretario privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se destinarán 16 millones de dólares para todo el proceso que lidera el alto concejero para las TIC de la Alcaldía de Bogotá, Mauricio Trujillo, mediante tres referentes principales: el conocimiento, un componente comunitario y “las tecnologías y el desarrollo del software libre en la ciudad de Bogotá”. De igual forma, Rojas ha señalado que la política pública estará orientada a “fortalecer y reconocer los medios comunitarios y alternativos en Bogotá como un referente de construcción democrática y de expresión de ciudadanías; fortalecer la Mesa Distrital de Medios Comunitarios y Alternativos en Bogotá como un escenario de concertación de políticas públicas que nos permitan resolver el problema de la pauta publicitaria […] Y un tercer referente de esta política pública debe ser la capacidad que tengamos de incidir en una legislación nacional, que pasa por el tema del espectro electromagnético de Bogotá”.
Jorge Rojas es enfático en afirmar que el aterior modelo de tercerización, donde empresas gestoras y agencias de publicidad intermediaban entre el Distrito y los medios de comunicación, debe terminar y que el nuevo modelo centralizará toda la pauta “en una empresa pública, que es la ETB, y [debe] democratizar la pauta publicitaria mediante los medios de comunicación comunitarios y alternativos”.
Entre expectativas y necesidades
Nelson Julián Villamizar, reconocido comunicador popular con discapacidad, director del Periódico Proclama e integrante de la mesa distrital, afirma con expectativa que con la llamada ‘ley de tercios’ de Bogotá, los medios comunitarios y alternativos tienen “la posibilidad de encontrar una respuesta efectiva por parte del Gobierno Distrital […] y de que la Constitución Política del país en Bogotá se pueda aterrizar mediante el desarrollo de los Decretos 149 y 150 de 2008, de la Política Pública de Comunicación Comunitaria y Alternativa”.
Sin embargo, la inversión de recursos provenientes de la publicidad, con la ‘ley de tercios’, no es suficiente para garantizar el derecho a la comunicación en Bogotá. Rodrigo Acosta asegura que es indispensable que se aborden las condiciones en las que los medios comunitarios y alternativos acceden a “frecuencias, satélites, infraestructuras a nivel de antenas, uso del subsuelo, cables submarinos, espacio electromagnético, presupuestos económicos”. Al respecto, Nelson Julián Villamizar propone que para trabajar las necesidades de los medios comunitarios y alternativos es necesario hacer “un llamado a las autoridades distritales […] para que tengamos la posibilidad de incrementar el fortalecimiento de los procesos de comunicación [en el acceso a las] infraestructuras existentes, tanto de los medios que dependen del Distrito como de las universidades y de las mismas instituciones, [para que] sean dispuestas para el servicio de la comunicación comunitaria y alternativa”.
Frente a la posibilidad que tienen los medios de participar en el diseño de esta política pública de comunicación en Bogotá, los decretos anunciados en noviembre pasado delegan a la mesa distrital y las mesas locales la facultad de definir los criterios con que esta debe ejecutarse, como también de asesorar a las instituciones distritales frente a sus planes de acción cada año, lo que permite pensar seriamente abordar temas de infraestructura y de fortalecimiento técnico y económico.
Retos de la comunicación alternativa y comunitaria
No obstante, la discusión sobre el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos no se queda en las facilidades técnicas, Rodrigo Acosta advierte que “[no hay que olvidar] que las expresiones de los barrios, de distintos sectores, de las etnias, de los marginados y de la gente que no tienen tierra para vivir son precisamente las que se dirigen a estos medios comunitarios y alternativos y si éstos no pueden expresarse, por la [falta de] plata y por el ánimo de que no sean criticados los alcaldes por las alianzas negativas, es mejor no hacer nada”.
En este sentido, Nelson Julián Villamizar asegura que con las condiciones inequitativas y “las barreras de acceso en general de una sociedad capitalista y consumista como la nuestra, donde la mercancía va aumentando de costo y se cree que la educación y la comunicación son bienes suntuarios, encontramos que hay unas grandes dificultades de oferta y demanda que implican grandes costos de producción en los medios comunitarios y alternativos”. Por su parte, Gloria Flórez, presidenta de la Comisión Segunda del Parlamento Andino, señala que los monopolios privados de comunicación, principalmente de propiedad del sector financiero, “manejan el espectro electromagnético, manejan la información a su antojo y han negociado el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos del mundo. [Por eso,] estos medios comunitarios y alternativos juegan un papel fundamental en la construcción de la participación ciudadana, en la construcción de la democracia y en la recuperación de la cultura”.
En Colombia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación ha llevado a que sean los grandes poderes de la economía los que imponen la agenda informativa, definiendo qué tipo de información y bajo qué enfoques llegan al público en general, lo que impide que se garantice el derecho a la comunicación, pues no existen regulaciones al control que ejercen sobre el espectro electromagnético, las infraestructuras de transmisión y distribución de informaciones, las audiencias y sobre los multimillonarios recursos económicos que producen estas industrias culturales. Frente a este punto, Rodrigo Acosta considera que “se sigue legislando en el Congreso para promover políticas desde el Gobierno Nacional que fortalecen el monopolio de Claro, Planeta y de muchos grupos transnacionales” y que, por esto, resulta de primera importancia para el país el fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitaria y alternativa, a través de una política pública que defienda el derecho a la comunicación y ofrezca garantías para que todo ciudadano pueda ejercerlo libremente y en condiciones de equidad.
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