Por: Camila Ramírez – enero 29 de 2013
Después de la huelga en la mina de La Jagua de Ibirico (Cesar), la transnacional Glencore culpa a los trabajadores y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergética) los 200 millones de dólares en pérdidas que, según la empresa, fueron consecuencia de esta acción de defensa de los derechos de los obreros y de los pobladores del municipio que alberga a la cuarta mina de carbón a cielo abierto del mundo. Sin embargo, tras casi cuatro meses de levantado el cese de actividades y de que el Ministerio de Trabajo impusiera que un tribunal de arbitramento resolviera el conflicto, nada ha hecho la compañía de capital suizo para resolver las peticiones los obreros, cuya situación tiende a agravarse por las políticas de tercerización y flexibilización laboral que ésta impone.
A finales de 2012, el Sistema de Información Minero Colombiano e Ingeominas reportaron que la producción de Glencore había bajado un 19% por conflictos laborales y, además, que la producción de la mina de La Jagua tuvo una caída del 92% durante el tercer trimestre del año, comparada con el año anterior. Esta información hace parte de los argumentos que usa la trasnacional para desestimar la huelga y al sindicato, mientras que Sintramienergética denuncia que Glencore no fue la única parte que perdió, pues los trabajadores no tuvieron sueldo durante los tres meses de huelga y esto los afectó gravemente a ellos y a sus familias.
Al levantar la huelga sin que se resuelva su pliego de peticiones, pues está pendiente el fallo del tribunal de arbitramento, los trabajadores no sólo han vuelto a vivir las condiciones que los llevaron a la huelga, como la subcontratación por empresas tercerizadas y las precarias condiciones de salud, sino que actualmente los obreros de Carbones de La Jagua (CDJ) y Consorcio Minero Unido (CMU) están sufriendo acoso y persecución laboral por parte de las directivas de la transnacional Glencore. Sintramienergética denuncia que después de levantar la huelga de 98 días, Glencore ha tomado represalias contra los trabajadores y la organización sindical imponiéndoles procesos disciplinarios, negándoles sus derechos, violando la convención colectiva, acosándolos de ineficiencia y creando toda una política de terror para reducirlos mentalmente, someterlos y, de paso, acabar con el sindicato.
El juego de la tercerización y el acoso
En CDJ laboran más de 700 personas entre obreros contratados directamente, contratistas y empleados subcontratados por terceros. Aproximadamente 530 obreros tienen contrato laboral directo con la transnacional y las actividades de los obreros se dividen entre los operadores de las máquinas, algunos mecánicos especializados, los encargados de las bombas que extraen el agua de los pozos de explotación y los conductores de los vehículos. Los salarios se dividen en una escala de siete niveles, que van desde $1’300.000 hasta $2’500.000, lo que resulta precario para las duras condiciones en las que se desarrolla esta labor de alto riesgo y por el alto costo de vida en un municipio minero.
De otra parte, Glencore ha implementado una agresiva política de tercerización laboral, es decir, de reducción de la planta laboral de la mina a través de la contratación de empresas que cumplen labores que, por ley, no podrían ser esenciales a los fines de la compañía. Sin embargo, según el sindicato, una buena parte de los cargos que han sido sacados de la nómina y reemplazados por contratistas sí hacen parte de lo fundamental para la producción en la mina, como el mantenimiento y el lavado de la maquinaria, y que antes cumplían trabajadores de CDJ. Adicionalmente, las personas que laboran para estas empresas, en la mayoría de los casos, no cuentan con garantías laborales ni estabilidad en su contratación, desarrollando en muchos casos tareas riesgosas que no cuentan con la protección adecuada y ponen en riesgo su vida y su salud.
En este sentido, Alfredo Tovar, secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales de Sintramienergética, señaló que “el Código Sustantivo del Trabajo contempla que cuando son trabajadores suministrados [por empresas contratistas] o por bolsas de empleo tienen que ser específicamente para algún trabajo que va a durar ‘x’ tiempo, mas no para esta clase de labores: el trabajo que se ejecuta aquí no es por obra o labor contratada, como deberían hacer (sic.) ellos, porque aquí este labor no se termina hasta tanto se termine la explotación del carbón […] pero es para no contratar a los trabajadores directos y pagarle a ellos [los contratistas] una tercera parte de lo que se gana un trabajador directo”.
La mayoría de las empresas contratadas por Glencore no garantizan en lo más mínimo los derechos laborales de las personas que trabajan para ellas, generando condiciones de trabajo indignas inseguras y sin estabilidad alguna, lo que termina beneficiando a la trasnacional, ya que las malas prácticas de estas compañías le ahorran grandes cantidades de dinero a cambio de la explotación de sus obreros y el deterioro de su salud.
Al servicio de Glencore
Una pequeña revisión a las empresas que venden sus servicios a Glencore arroja un interesante listado de trasnacionales y compañías colombianas que surten ciertos servicios fundamentales para la trasnacional suiza.
En materia de explosivos para la actividad minera, toda la operación en la mina de La Jagua de Ibirico depende de Orica Inc., una empresa de origen australiano cuestionada en varios países, especialmente en Australia y México, por sus pésimas prácticas ambientales y por decenas de accidentes que han causado daños irreversibles a las comunidades afectadas en los 50 países donde opera, además de su posición como monopolio dominante en esa industria.
De otra parte, Sodexo, trasnacional de origen francés, es la empresa encargada de administrar el área de alimentos para los trbajadores de la mina y, además de las acusaciones internacionales por las pésimas condiciones a las que someten a sus casi 400.000 trabajadores en todo el mundo, especialmente en países como Marruecos, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia, donde Sinaltrainal ha denunciado su conducta. En La Jagua, según los sindicalistas, Sodexo impone a sus cocineras, aseadoras y demás obreros condiciones inapropiadas, los acosa laboralmente y lo hostiga, mientras los mineros se quejan de la calidad de alimentación.
Por su lado, Caterpillar no sólo es la proveedora de la maquinaria minera, campo en el que ejerce prácticamente el monopolio a nivel mundial, sino que a través de Gecolsa, su filial en Colombia, contrata a los mecánicos de mantenimiento. Estos obreros soportan una de las labores más pesadas en la mina, trabajando bajo contratos temporales y sin garantías laborales en el mantenimiento de los gigantescos aparatos bajo condiciones ambientales extremas y recibiendo sobre su cuerpo radiaciones nocivas por el uso de soldaduras eléctricas a gran escala. A pesar de que muchos de los mecánicos han logrado organizar una seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica (Sintraime), apenas hace un año, los directivos de la organización denuncian que ésta ha sido duramente golpeada por el acoso laboral, la presión de sus patronos y la falta de estabilidad en la contratación que les impone la empresa.
Otras de las principales empresas contratadas por Glencore, ésta vez como proveedoras de mercancías o de otros servicios, son: Terpel, de capital mayoritariamente chileno, que suministra combustible a todos los equipos de la mina; la compañía italiana Manuli, de cuya distribución en Colombia se encarga Man Par SA, fabrica mangueras de alta presión y hace los empalmes para los equipos de bombeo; la mexicana Multillantas Grimaldi, que distribuye llantas para maquinaria pesada a la francesa Michelin, se encarga de surtir estas partes para los equipos; la colombiana Refricar, que maneja la parte del aire acondicionado de la maquinaria; y Sumistros y Servicios, que opera el lavado de los aparatos. Estas empresas trabajan tanto en La Jagua como en otras minas del país.
Es de destacar que la Glencore también ha terceriado el acoso a los trabajadores. La empresa encargada del área de protección y seguridad del complejo minero de La Jagua de Ibirico, Interglobal Seguridad y Vigilancia, con sede en Barranquilla (Atlántico) y con una importante cantidad de exmilitares en su plantilla, estaría realizando constantemente tareas de espionaje a los obreros sindicalizados, filmando sus reuniones, interviniendo sus comunicaciones y haciendo seguimientos para recolectar información que va a parar a manos de los directivos de la mina, de acuerdo con denuncias de Sintramienergética, y que ha agudizado las medidas que buscan el despido de obreros o acabar con el ejercicio sindical. Esta situación preocupa especialmente a los obreros después del atentado que sufrió el presidente de la seccional de La Jagua de Sintraime, Jan Carlo Field Castellar, el pasado mes de octubre.
A pesar de iniciativas como el proyecto de Ley No. 81 de 2012, con el cual se prohíbe cualquier tipo de tercerización laboral y la violación de los derechos sindicales de los trabajadores, transnacionales como Glencore no respetan el cambio de camino que parecieran dar tanto el gobierno como la legislación, ni las convenciones colectivas de los trabajadores, pretendiendo tercerizar todas las labores de la mina posibles para zafarse de sus responsabilidades con los obreros.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
