Julio 14 de 2008
Sin lugar a dudas, la permanencia en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los temas centrales en su agenda desde el momento mismo de su primera elección. Por eso es que, a pesar de que el mandatario represente al sector del país con más crímenes encima –como son los paramilitares–, una vez más su proyecto sale avante luego de los sucesos de la última semana.
Para su primera reelección requirió, como se ha demostrado, del apoyo político, económico e incluso militar de fuerzas al margen de la ley, de grupos que vienen desplazando y persiguiendo a la población civil y, sobre todo, a la oposición, para ganar el control sobre diferentes territorios del país.
Además, para mantenerse al mando del Ejecutivo, Uribe Vélez ha tenido que mover toda su maquinaria política, profundizando la construcción de un modelo de país de corte fascista. Así, en 2003, convocó a un referendo que aprobara una reforma constitucional que permitiera su reelección de manera inmediata, pues cuatro años en el poder no bastaron para consolidar su proyecto. En esa oportunidad, su objetivo de reformar la Constitución a través del mecanismo de consulta fue infructuoso y, para subsanar su derrota en las urnas, tuvo que llevar su proyecto directamente al Congreso, que lo aprobó para posibilitar su reelección inmediata.
Han pasado apenas dos años desde la reelección del gobierno de la ‘seguridad democrática’ y ya son conocidos, de forma escandalosa, los procesos de la ‘parapolítica’, que tienen a una importante porción de la bancada uribista que aprobó aquel acto legislativo investigada o tras las rejas, y lo que la propia derecha llama ‘yidispolítica’, una serie de dádivas y clientelas políticas que posibilitaron la aprobación de esta reforma constitucional y que hoy salen a la luz cuando la exparlamentaria Medina, ya condenada por cohecho, denuncia los ofrecimientos de altos funcionarios del gobierno hacia ella y otros congresistas para comprar su voto a favor del proyecto presidencialista. Hasta el momento, nada pasa en el país y, aunque estos importantes sucesos pusieron en aprietos al presidente, ningún proceso judicial ha sido abierto en su contra por el Congreso ni por corte alguna del país.
Las pruebas de los nexos del gobierno con los paramilitares y la competencia por el control del poder le han generado a Uribe importantes pugnas con partidos y políticos que, en otros tiempos, estuvieron casi incondicionalmente de su lado. Ejemplo de ello son Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras, y Alas Equipo Colombia, partido a punto de extinguirse o de sesionar en prisión. En su afán por preservarse en el poder, el mandatario extraditó a los principales jefes paramilitares, muy seguramente para prevenir otro escándalo que lo involucrara directamente con las mafias, y ha tenido que enfrentar a otros opositores de su propia bancada como Gina Parodi quien, aunque con un proyecto de país entregado al imperialismo y a las multinacionales, manifestó que eran inmorales los descarados nexos del gobierno con ejércitos privados, como cuando Salvatore Mancuso hizo su aparición en el Senado de la República.
En lo económico, se cuestiona a Uribe Vélez en las cifras de prosperidad de las empresas, la influencia del dólar, los precios de los combustibles y de los alimentos, las grandes masas de dinero para la especulación, la adjudicación de tierras al sector privado. En lo social, por la situación de derechos humanos, el incremento del presupuesto militar con el consecuente recorte de la inversión social, la creciente cantidad de población en situación de miseria y pobreza, el desplazamiento, el desempleo y la informalidad. Todos estos factores hacen que en las capas más vulnerables del pueblo colombiano, se empiece a cuestionar si la seguridad democrática es el camino del progreso del país.
Pero, el día 2 de julio, luego de un fantástico operativo de inteligencia del cual hacen falta muchos detalles por conocer, fue liberada Ingrid Betancourt: un hecho que conmovió al país y que ocurrió, precisamente, en un momento en el que la sociedad colombiana empieza a cuestionar la legitimidad de Uribe Vélez. La liberación parece que enmudece las críticas que se le pueden y puedan hacer al gobernante, y, justo en el momento que tambalea su reelección, es cuando aparece Ingrid Betancourt salvándole el pellejo y su proyecto. Con las declaraciones de en las que alaba al mandatario y reafirma la necesidad del rescate de manera militar, la ex candidata presidencial invalida el intercambio humanitario y avala la violación a los derechos humanos cuando, por ejemplo, justifica que a los guerrilleros capturados se les desnude y se les vende los ojos, al mejor estilo de las prisiones norteamericanas en Iraq, cuando esta práctica es contraria al tratamiento que deben recibir los prisioneros de guerra de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario.
Con todo esto, Uribe Vélez salva una vez más la posibilidad de ser reelegido como presidente de la República. Para Uribe, las declaraciones de Ingrid se convierten en un gran favor: una persona que en otra época hizo parte consciente de la oposición y lo criticó por las violaciones a los derechos humanos, hoy lo apoya activamente, aunque su conocimiento sobre su gestión sea superficial y se base en los grandes medios radiales. Guiada por la gratitud de una liberación que compensa su rencor, luego de haber permanecido más de 6 años en cautiverio, Ingrid paga una deuda a Uribe y a los militares con sus declaraciones que apoyan la seguridad democrática.
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