Por: Patricio Malatrassi A.* – junio 26 de 2013
Pocos recuerdan o quieren recordar que la llamada democracia capitalista no es nada más ni nada menos que la dictadura de clases de la burguesía. En esta dictadura la corrupción es parte íntima del sistema y aflora cada cierto tiempo con mayor o menor virulencia. El capitalismo es esencialmente corrupto, por ello, no es de extrañar que uno de los diputados de la república chilena señalara, no hace mucho tiempo, que “la Cámara de Diputados, en alguna medida, se ha transformado en el corazón de la corrupción”. En los actos proselitistas de la burguesía, es decir la derecha política y los llamados ‘partidos de centro’, se preocupan de reflotar con mayor fuerza todos los mecanismos de la corruptela en aras de mantener su hegemonía económica y política.
Los chilenos ven, ya sin asombro, como el tráfico del poder económico va imponiendo su escenario. Se sabe que en Chile más del 50% del financiamiento de las campañas es a través de aportes reservados anónimos o declarados a través del Servicio de Elecciones (Servel). Estos aportes, obviamente, van a parar a manos de aquellos que dan seguridad al empresariado y a las transnacionales.
Los aportes reservados, procedimiento por el cual las empresas donan a los distintos candidatos, han ido creciendo desde 2003, año en que se determinó el marco de este mecanismo. En las elecciones que llevaron al poder al actual mandatario, Sebastián Piñera, el aporte de las empresas llegó al 44,3 % de los dineros totales. En las últimas elecciones parlamentarias ya eran el 58 % de los fondos totales, es decir, unos 5 millones de dólares, más una masa de aportes que no son declarados ni reconocidos.
Como es obvio, quienes más aportes reciben, es quienes mejor sirven los intereses del empresariado. Por tanto, el orden de prelación de los intereses y las platas comienza en la ultraderecha de la Unión Demócrata Independiente (UDI), luego sigue con Renovación Nacional (RN) y la Democracia Cristiana (DC) y termina con el Partido Socialista, al cual perteneció la actual candidata y expresidenta Michelle Bachelet.
Bernardo Larraín Matte, presidente de la eléctrica Colbuni y miembro del grupo Matte, uno de los más influyentes de Chile a nivel económico y político, dice que “financiamos la buena política y la buena política es transversal”. Lo que olvida Larraín Matte es que la buena política de la cual habla es la que tiene a Chile con una de las peores distribuciones del ingreso del mundo y aún inmerso en una economía altamente dependiente de los ingresos del cobre. Tampoco menciona Matte Larraín otras ayudas a la derecha política menos formales y difíciles de rastrear, como son los préstamos en infraestructura para las campañas: camionetas, donaciones de pintura, madera y un largo etcétera. Hoy, el financista y empresario Matte Larraín es uno de los principales activistas y soporte económico de Andrés Allamand, candidato en primarias a la elección presidencial y que disputa con Pablo Longueira ser el candidato único de la derecha chilena y sucesor de Sebastián Piñera.
La síntesis de cómo se gestan estas ‘buenas políticas públicas’ se muestra en los 50.000 dólares recibidos por la diputada Marta Isasi de parte de Corpesca, la mayor empresa pesquera del país perteneciente al grupo Angelini, y que determinaron la votación por una Ley de Pesca ampliamente sesgada a los intereses empresariales y que fue dirigida por el exministro de Economía Pablo Longueira.
Hoy la falta de escrúpulos políticos de la derecha quedó al descubierto tras la bajada de su candidato estrella, Lorenzo Goldborne, una especie de Sara Palin que obnubiló a la ultraderechista UDI por la imagen que proyectaba. La candidatura de Lorenzo se derrumbó tras conocerse su participación directa en las maniobras de defraudación de consumidores desde su puesto de gerente general de Supermercados Jumbo, a lo que se agregó sus inversiones secretas en las Islas Vírgenes a través de su empresa Sunford Managment Corp.
Es claro entonces que la gran la manifestación de la voluntad popular que se debería expresar a través de las elecciones no pasa de ser, en gran medida, una ficción. Quien resulta electo, la mayor parte de las veces, sólo es la concreción de la voluntad del dinero.
Dentro de lo que podríamos llamar la izquierda clásica no hay candidatos con reales posibilidades. Bachelet podría representar, desde una centro izquierda, la concreción de aspiraciones puestas en el escenario político por las grandes movilizaciones del año 2013. Las demandas populares que ha prometido en sus declaraciones y su programa político abordar –por las cuales se le ha adherido el Partido Comunista de Chile– son: terminar con el lucro en la educación, pasar la administración de los Fondos de Pensiones a manos del Estado y, sobre todo, una nueva Constitución. La gran pregunta es si Bachelet, que ha llamado a una gran convergencia social, no terminará siendo sometida, por compromisos que no son públicos, sino por el gran capital y los intereses imperiales.
Todo intento de relevancia para construir un nuevo Chile debe llevar implícito un gran acto de sanidad y moralidad social que debe actuar implacablemente, a través de la acción de las masas vigilantes y participantes reales para confrontar estos intereses. Si esto no se hace, más temprano que tarde los corruptos terminarán imponiendo sus términos.
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* Economista y magíster en Filosofía Política.
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