Por: Ana Teresa Vélez* – junio 26 de 2013
Colombia continúa presentando cifras preocupantes e inaceptables frente al fenómeno del trabajo infantil. Según reportes oficiales, en el país trabajaban en 2012 un total de 1’111.000 niños y niñas. O sea más de un millón de historias, de vidas concretas, de familias completas inmersas en esta problemática que, claramente, limita el desarrollo y la equidad social.
No obstante, es una cifra que resulta paradójica pues supone una reducción de más de tres puntos en la tasa de trabajo infantil con respecto al año anterior. En efecto, en 2011 la tasa fue de 13% y en 2012 de 9,8%. Es decir, en cuestión de un año 354.000 niños y niñas dejaron de trabajar. ¿Será posible esto en un país que no tiene una política pública en materia de trabajo infantil y no hace el esfuerzo necesario para disminuirlo? Más en un contexto de cambio de gobiernos municipales y regionales en los que la tendencia es a reducir y descontinuar programas mientras se reacomoda la planta de personal y la asignación presupuestal.
La respuesta a esta paradoja hay que encontrarla en el cambio metodológico en la aplicación de las encuestas: en 2011 las respuestas publicadas fueron de adultos, mientras que en 2012 se recogieron las de los niños y las niñas. Además, si se revisan los datos de trabajo infantil ampliado, es decir, los niños y niñas que trabajan sumados a los que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas a la semana, vemos que la disminución de la tasa no es real. En 2012 ascendió al 15,2%, aumento similar al consignado en el año 2011, que fue del 15,4%.
Pero, independientemente de la relativa disminución de la problemática de trabajo infantil, lo que hay que revisar es la gravedad del hecho en sí, es decir, lo que en términos tangibles y humanos significa para una sociedad que tantos niños y niñas vivan bajo esta condición.
Otro fenómeno preocupante es el desplazamiento de niños y niñas a otras formas de trabajo menos visibles a los ojos de la sociedad, que a la larga pueden ser hasta más riesgosas para su integridad. Son los casos del trabajo infantil doméstico y del reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados y delincuenciales, ambos considerados como las peores formas de trabajo infantil.
Según el último estudio de la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, en Colombia existen 20.000 niñas y niños entre 10 y 17 años vinculadas al trabajo en el hogar, actividad que supone riesgos para su salud física y emocional, alta vulnerabilidad a los accidentes y exposición al abuso sexual por parte de los miembros de la familia empleadora. Y, según el último informe de Naciones Unidas sobre niñez en Colombia, entre 2009 y 2011 se reportaron 343 casos de reclutamiento de menores, que los delincuentes y grupos armados emplean para labores de inteligencia, fabricación y colocación de minas, compra de medicinas, entre otros.
La caracterización del trabajo infantil
La precarización laboral de los adultos, trabajadores por cuenta propia, informales y desempleados, es la causa directa de que sus hijos se inserten en la lógica de la generación de ingresos familiares. Por eso, se evidencia que la principal razón para trabajar, en el 35% de los casos, es la necesidad de ayudar en la actividad económica del hogar, con el agravante de que el 48% de los menores trabajadores no reciben remuneración económica directa, es decir, su trabajo se considera complementario a la actividad laboral de la familia.
El 36,6% del trabajo infantil se concentra en la rama económica de la agricultura, pesca y ganadería, actividades propias del área rural, que sigue siendo la más afectada por este fenómeno, siendo el campo colombiano el área donde las políticas públicas llegan rezagadas y se padece sin miramientos las consecuencias del conflicto armado. En el área rural, las precarias condiciones laborales, los problemas de acceso a la tierra y el conflicto armado se conjugan y repercuten con agresividad sobre la población infantil. Allí trabaja el 17% de la población infantil entre los 5 y 17 años, frente al 7,1% de las cabeceras municipales.
En cuanto al trabajo infantil en las ciudades, las tasas más altas se presentan en aquellas que tienen mayor desempleo adulto e informalidad: en Ibagué el 9,3% de la población trabajadora es menor de edad, en Bucaramanga el 8,9%, en Sincelejo el 8,7% y en Bogotá la población infantil que trabaja representa el 7,5%.
El 89,7 % de las niñas y niños trabajadores está adscrito al régimen subsidiado de salud, lo que indica que la gran mayoría pertenece a los sectores más pobres de la sociedad y, también, a la población objetivo del programa Red Juntos y Familias en Acción, que propenden por la superación de la pobreza y la erradicación del trabajo infantil.
El tema educativo también está en el centro de la problemática, ya que el trabajo infantil se convierte en causa de deserción escolar. Pero, a la vez, la escuela se ve limitada en el cumplimiento del objetivo de impedir la deserción, lo que se puede explicar en los costos asociados a la educación, las metodologías inadecuadas y las dificultades de identificación de infantes trabajadores o en riesgo de serlo. El 34% de los menores trabajadores (384.000 en total) no asisten a la escuela, con lo que su futuro se ve seriamente comprometido. Al no tener formación en habilidades sociales ni capacitación para el trabajo en la vida adulta, inevitablemente pasarán a engrosar las cifras de desempleo y de economía informal en su edad adulta.
El rango de edad menos afectado por la condición de trabajadores es el de 5 a 14 años (5,4%), en tanto que el más afectado es el de 15 a 17 años (24,3%). Ésta es la edad de mayor presión familiar y social para la generación de ingresos, formación a través del trabajo, posibilidad de consumo como herramienta de estatus y de integración social.
Con todo, es contradictorio que en los años en que el país le ha asignado más inversión y agenda a la problemática del trabajo infantil no se vean progresos significativos. Por el contrario, este fenómeno se vuelve más complejo con la identificación de nuevas formas de trabajo infantil y con situaciones de mayor vulneración de sus derechos.
El Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador trazan lineamientos a las políticas públicas frente a la problemática, pero la materialización en los entes territoriales es limitada y no cuenta con los recursos necesarios. Los esfuerzos de la política de infancia no pueden estar desligados, como ha sucedido hasta ahora, de la mejora de las condiciones laborales de los adultos y de la reducción de la pobreza y la inequidad. Pero, ante esto resulta tibio y acomodado el llamado a la responsabilidad del sector empresarial y privado en la generación de trabajo decente para los adultos. Existe una resignación a sus aportes paliativos a través de programas de responsabilidad social empresarial, que ayudan a mejorar su imagen corporativa pero que no aportan a la solución estructural del problema.
Igualmente, la negligencia y poca capacidad operativa en el restablecimiento de derechos de los niños y niñas a través del sistema colombiano de bienestar familiar es un cuello de botella que limita las acciones de denuncia e identificación de niños y niñas trabajadores.
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* Coordinadora del tema de trabajo infantil de la Escuela Nacional Sindical.
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