Por: Andrés Gómez – septiembre 19 de 2008
Llegó a Bogotá, el pasado 12 de septiembre, la Marcha Nacional Contra el Hambre que empezó su camino de denuncia el pasado 28 de agosto, cuando salieron 170 personas entre líderes sociales, mototaxistas, comunidades indígenas y negritudes de la ciudad de Popayán, con el objeto de movilizarse contra el incremento de la aguda pobreza que enfrenta el país. La marcha recorrió las diferentes ciudades y poblaciones que se encontraban en el camino hacia Bogotá, protestando contra las alzas en los alimentos, la falta de empleo, el aumento de los costos de los servicios públicos, el desplazamiento y los falsos informes del DANE en los que desaparecen los pobres por arte de magia, aunque se multiplican en las calles.
Los marchantes del sur y el occidente colombiano denunciaron, a través de la protesta pacífica, la situación insostenible de pobreza que enfrenta el país después de la elección de Alvaro Uribe como presidente y señalaron a la política de seguridad democratica como una de las mayores causas del desempleo y el hambre generalizada que se extiende en el territorio nacional. Denunciaron, a su vez, que durante la marcha fueron intimidados por la Fuerza Pública y por personas de civil que intentaron boicotear la movilización.
Sin embargo, no estuvieron solos y recibieron el acompañamiento y apoyo de diversos sectores sociales. De esta manera, se unieron a las voces contra la miseria patrocinada por el gobierno el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Central Unitaria de Trabajadores, los estudiantes del SENA, diversas organizaciones estudiantiles de universidades públicas, el Partido Comunista Colombiano, concejales de Bogotá por el Polo Democrático, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones sociales y políticas. De esta manera, fueron 500 personas las que llegaron a la plaza de San Victorino, en Bogotá.
En el acto de denuncia pública que cerró la marcha se visibilizaron problemáticas como la persecución política que sufre la Universidad Distrital y las universidades públicas en general; los estudiantes del SENA denunciaron la baja calidad de la formación que se imparte y la engañosa propaganda que sobre el SENA hace el gobierno; la persecución a las víctimas de crimenes realizados por militares norteamericanos, como es el caso de Olga Campos, madre de una menor violada por oficiales estadounidenses en Flandes (Tolima); y, además, la situación de miseria de las personas que decidieron viajar 500 kilómetros para pedir soluciones a las condiciones en las que se les ha sometido a vivir.
El evento, que contó con la participación de grupos musicales de hip-hop, se vió amenazado al final de mismo por agentes de policía vestidos de civil, quienes se encontraban tomando fotos de la cara de los manifestantes y fueron abucheados al ser clara la persecución que se realizaba contra las personas que, de forma pacífica, protestan por derechos básicos de la población. Este hecho, ocasionó que uno de los agentes de civil sacara su arma y le rompiera la ceja a uno de los manifestantes, para luego ser cubierto por agentes uniformados. Este acto, protagonizado por la policía, ratificó las denuncias sobre la estigmatización de la protesta que se realizaron durante la marcha.
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