Por: Fermín Romero* – septiembre 10 de 2009
La historia detrás de la muerte de 12 hombres, mujeres y niños Awá, al parecer, pudo haber sido la solución que encontraron miembros del Ejército para que Sixta Tulia García no testificara que su esposo no era el cabecilla del Frente 29 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que su asesinato es un crimen de Estado. Cuando denunció el crimen contra su esposo, mandos militares negaron presencia militar en la zona, a pesar de que el Batallón 23, especializado en operaciones contrainsurgentes, reportó a Gonzalo Rodríguez como guerrillero muerto en fuga ese día. De igual manera, niegan que hubiera presencia militar los días de la masacre del 26 de agosto.
El pueblo Awá, ubicado en el centro occidente del departamento de Nariño, sufre la persecución y los asesinatos de diversos grupos armados, estatales, paramilitares o insurgentes, que han atacado a su población y ocasionado el desplazamiento de cientos de personas, en condiciones de aguda hambre, problemas sanitarios y hacinamiento que, junto con el temor por las masacres, hace más compleja la situación que viven estos indígenas.
El pasado 3 de febrero, los awá sufrieron la muerte de 18 personas a manos de las FARC, en el resguardo de Tortugaña Telembí, situación que ha ocasionado que, desde entonces, por lo menos 180 indígenas se encuentren desplazados en el predio El Verde, del resguardo del Gran Sábalo, donde existe una situación de preocupante hacinamiento y de crisis sanitaria. El asesinato de siete adultos y cinco niños, del 27 de agosto, junto con las amenazas de nuevas masacres, han ocasionado el desplazamiento de, al menos, otros 300 miembros de esta comunidad, luego de que encapuchados con rasgos étnicos distintos de los awá llegaran en busca de Sixta Tulia García y cometieran el múltiple crimen, según denunciaron los testigos y las autoridades tradicionales.
Para los indígenas esta situación se genera por la presencia militar en los resguardos. Éder Burgos, integrante del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), denuncia que en los territorios indígenas hay presencia de actores armados al margen de la Ley y una muy alta presencia de la Fuerza Pública, y que esto ha generado señalamientos y acusaciones contra miembros de la comunidad. Por ello, piden la desmilitarización de la zona para minimizar la confrontación armada en su territorio y evitar involucrar a la población civil. Sin embargo, la posición del gobierno frente a las peticiones es negativa y propone la presencia de los uniformados como medio para evitar masacres como la ocurrida hace unos días.
Esta situación inquieta al pueblo Awá, pues saben que, en otras zonas del país, militares y paramilitares han colaborado en el exterminio de los pueblos indígenas mediante detenciones ilegales, masacres y otra serie de acciones criminales que resultan beneficiosas para políticos y multinacionales, luego de que los territorios han sido abandonados por sus dueños legítimos y ancestrales.
“Lo único que interesa en nuestros territorios es ocuparlos con mega proyectos”, manifiesta Éder Burgos. Por su parte, Luis Évelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señala que la masacre y otros actos violentos por parte de la Fuerza Pública contra los awá responden a los intereses de las multinacionales por el territorio. En esta zona de Nariño, según denuncian las comunidades indígenas, se estaría planenado construir una represa en Barbacoas y se estarían inicando importantes proyectos de extracción de minerales y de explotación de monocultivos de palma aceitera.
Según los líderes indígenas, la indiferencia de la autoridades frente a los atropellos y la ausencia de soluciones concretas ante la crisis humanitaria en la zona son pruebas de que los territorios y no los pobladores originarios son lo importante para el gobierno. De otra manera, no entienden por qué al primer consejo de seguridad realizado después de la masacre no asistieron autoridades de rango adecuado y tuvieron que presionar esperando a sus compañeros muertos en la vía de Pasto a Tumaco.
Esta situación se contrasta con el discurso de Uribe en Unasur sobre la protección de los derechos de los indígenas en Colombia y la celeridad con la que se llevaban las investigaciones por la masacre. En días pasados, la Fiscalía pudo comprobar que el único sospechoso en el caso, un indígena awá, no estaba involucrado y que la acción fue cometida por un grupo de personas que portaban prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El pueblo Awá pide que se esclarezcan los hechos y no se manipulen las declaraciones a la opinión pública, ya que la idea que se promovió inicialmente desde el mando militar local es que esta masacre fue producto de divisiones internas entre indígenas.
Según declara Andrade Casama, “ésta es una estrategia que se ampara en la delincuencia para la expropiación de territorios”, señalando que estos asesinatos no fueron realizados por la delincuencia común, sino por grupos claramente organizados. El armamento, la logística y la forma en que se ultimaron las víctimas, sugerirían que es necesario determinar quienes son los autores intelectuales, y quienes son los materiales.
Según las primeras pesquisas del ente investigador, las balas fueron en su mayoría disparadas por pistolas de 9 mm y a distancias cortas, lo que indica que varias de las víctimas fueron reducidas a estado de indefensión antes de ser asesinadas, y las vainillas de los disparos fueron recogidas minuciosamente por los criminales, lo que demuestra que eran personas experimentadas en el uso de estas armas de fuego y en el tipo de evidencias que permitiría a las autoridades dar con los responsables.
Desde 2006, más de 1.500 Awá han sido desplazados y el sistema de alertas tempranas no ha servido como mecanismo de protección de la vida de este pueblo. Esta situación los mantiene en una condición denigrante y que atenta contra sus derechos humanos básicos. En los lugares en los que se encuentran hacinados no tienen servicios médicos, no pueden cazar ni pescar por temor a ser víctimas de las minas esparcidas en su territorio, no pueden acceder a educación y decenas de ancianos y niños están expuestos a la intemperie y a condiciones infrahumanas.
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