Por: Andrés Monroy Gómez – septiembre 10 de 2013
El pasado lunes se supo que, el 6 de septiembre, el coronel Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa de Valledupar, fue condenado a 19 años de prisión por haberse aliado con jefes paramilitares para simular resultados operativos a través de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, que cobraron la vida de al menos 20 personas.
Hechos como éste sirvieron de argumento a un grupo de ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos que, el día de ayer, presentaron una petición dirigida a la Corte Constitucional para que no sea avalada la reglamentación de la reforma al fuero penal militar, aprobada por el Congreso el 18 de junio de este año, unidos bajo el lema “Di no al fuero penal militar”.
Dentro de los participantes de este reclamo ciudadano estaba Reynaldo Villalba, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien señaló que con esta solicitud se espera que el alto tribunal proteja a la población civil ante la amenaza que implica la posible entrada en vigencia de esta normativa, según denuncian las organizaciones impulsoras de la iniciativa en contra del fuero penal militar. Conversamos al respecto con este reconocido defensor de derechos humanos.
Andrés Monroy Gómez: –¿En Colombia faltaba una reglamentación al fuero penal militar?
Reynaldo Villalba Vargas: –En Colombia el fuero penal militar ya había sido suficientemente limitado por repetidos fallos de la Corte Constitucional y, también, en acatamiento a los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos.
A pesar de eso, teníamos problemas cuando las graves violaciones a los derechos humanos eran conocidas por la justicia penal militar.
AMG: –¿Qué cambia con la ampliación al fuero penal militar?
RVV: –Estamos retrocediendo 30 años, tiempo aproximado en el que la sociedad colombiana había logrado que el fuero militar fuera delimitado, particularmente siguiendo los postulados de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los pronunciamientos repetidos de la Corte Constitucional, especialmente desde 1997 hasta hoy.
AMG: –¿Cómo se pone en riesgo a la población civil con este fuero ampliado?
RVV: –Entre otras cosas, con la creación de la figura del ‘blanco legítimo’. En la práctica, esto permitirá que los hechos cometidos por la Fuerza Pública contra la población civil, por ejemplo homicidios, sean presentados finalmente como actuaciones legales, lo que aumentará la impunidad en este tipo de crímenes.
AMG: –El desafío del gobierno y del Congreso, al aprobar esta reforma al fuero penal militar, a las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, ¿puede tener algún tipo de consecuencia?
RVV: –Yo pienso que si la ampliación del fuero penal militar va a conducir a una mayor impunidad, necesariamente se están abriendo las puertas para que la justicia internacional, en los diferentes ámbitos e instancias, entre a operar en Colombia.
AMG: –¿Al ser una reforma de carácter penal, aplicará el principio de favorabilidad para militares ya condenados?
RVV: –Muy seguramente eso lo exigirán los abogados defensores. En mi opinión, esto no podría aplicarse, entendiendo que hay una ilegalidad, toda vez que esta reforma es contraria a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Seguiremos alegando que es una norma que facilita la impunidad y que es contraria a los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. Seguiremos luchando contra la impunidad del presente, pero también la del pasado.
No olviden que el gobierno había dicho que no se iba a aplicar la ampliación del fuero penal militar a los casos de falsos positivos. Pues quiero informarle a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que ya hay casos que han sido trasladados a la justicia penal militar.
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