Por: Pierkey Herrera Taboada – abril 27 de 2014
Nuestro país ha transitado un largo periodo de guerra, como consecuencia de unas estructuras económicas y políticas desiguales que, en muchos casos, se siguen presentando a través de los años. Asuntos como la concentración de la tierra en manos de terratenientes, la carencia de derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo y la total falta de democracia siguen sin resolverse, lo que ha impedido que gobiernen sectores diferentes a la oligarquía colombiana, que año tras año se enriquece mientras el pueblo sufre en medio de la miseria.
El movimiento sindical también ha sufrido las consecuencias de esta guerra, viendo durante años que nuestros lideres más capaces han sido asesinados y que sindicatos enteros han sido exterminados por la derecha paramilitar, que vio y aún ve en nuestra lucha por derechos el germen de un nuevo país más justo, democrático e igualitario, ideal que va en contravía de sus intereses de acumulación y poder. Por la anterior vía también se ha hecho la guerra contra el pueblo.
Hoy, nuestro país es testigo de cómo un sector insurgente ha decidido sentarse a dialogar con el régimen, producto de sus condiciones particulares y de la lectura que hacen de la marcha de la guerra revolucionaria. Ya han llegado las partes a acuerdos en dos puntos fundamentales: el tema agrario y la participación política. El movimiento sindical colombiano, como actor social que ha vivido el conflicto de frente, tiene mucho que opinar sobre la paz.
Este proceso de diálogos entre las FARC-EP y el Estado puede llevar a abrir puertas de mayor democracia e inclusión de los sectores pobres de nuestro país, pero no agota la lucha y los anhelos de cambio del pueblo colombiano. Lo podríamos entender como la posibilidad de un periodo de paz que permita que las organizaciones populares nos reconfiguremos, nos reconstruyamos y podamos aportar más en el logro de la tan buscada democracia popular, la cual traerá la paz, pero con salud, educación, trabajo digno y participación política de los desposeídos.
Así, la paz para los trabajadores y trabajadoras de Colombia significa:
- Eliminación de todas las formas de contratación laboral que precarizan el empleo e impiden la sindicalización.
- Garantías plenas para el ejercicio del derecho de asociación sindical.
- Garantías para el establecimiento de la negociación colectiva y eliminación de los pactos colectivos y contratos sindicales, figuras de uso patronal para negarla.
- Reparación colectiva al movimiento sindical que permita la sanción social y penal contra los autores materiales e intelectuales del genocidio en su contra durante las ultimas dos décadas, así como el reconocimiento social a la labor de los sindicatos como referente de democracia popular.
- Derecho universal a la huelga como mecanismo para la solución de los conflictos colectivos.
- Alza general de salarios.
- Poder político para los trabajadores.
Deseo, entonces, buen viento y buena mar a los diálogos de paz y espero con optimismo que el proceso impulse cambios que lleven a una posible Colombia más incluyente. Respeto los análisis que han llevado a la insurgencia a tomar este camino, pero, al mismo tiempo, tengo la absoluta certeza de que la lucha por el poder, la democracia y el socialismo no terminará cuando culminen las negociaciones. A la paz de la clase obrera aún le espera un largo trecho.
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* Presidente Sintraongs Pereira e integrante de los Comites de Obreros y Trabajadores ‘Ignacio Torres Giraldo’ – Modep.
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