Por: Aidén Salgado Cassiani – febrero 4 de 2018
Cuando, el 24 de septiembre del 2016, se firmó en La Habana (Cuba) el acuerdo de paz, después de casi cuatro años de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC-EP), los colombianos nos alegramos por el hecho innegable que disminuiría la violencia, lo que realmente sucedió, y entraríamos a una nueva etapa de nuestra historia, ya que cerraríamos un ciclo de violencia con la guerrilla más vieja del hemisferio que ya completaban 54 años de confrontación armada contra el Estado.
Dicho acuerdo cobra un significado muy en especial para la Universidad del Atlántico, donde sus miembros habían padecido los efectos de la violencia con un rigor mayor a casi cualquiera de las demás universidades colombianas. Allí, aproximadamente 80 personas de todos los estamentos -estudiantes, profesores y trabajadores- resultaron víctimas de quienes quisieron tomarse la institución a sangre y fuego, contándose unos 30 asesinatos entre 1998 y 2004.
Durante esos años, dicha institución se convirtió en un blanco de especial importancia para el paramilitarismo del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, que obtuvo un enorme poder en Barranquilla. Ese grupo armado perpretó, bajo la mirada cómplice de los órganos de seguridad del Estado, numerosos crímenes contra los universitarios que incluían desplazamientos, exilios, torturas y asesinatos, ensañándose especialmente con quienes se oponían a la administración de ese entonces en la Universidad del Atlántico.
Volviendo a los acuerdos de paz, estos pueden jugar un papel de suma importancia para esclarecer lo sucedido, puesto que el punto 5 de “Víctimas del conflicto” crea un sistema de justicia transicional único en el mundo que podría asumir el caso de la Universidad del Atlántico como un hecho emblemático y romper con el manto de impunidad que ha cubierto lo que allí sucedió durante tantos años.
Para el caso especial del quien escribe, es de suma importancia saber lo que pasó justamente hoy hace 17 años, cuando una explosión en la sede de nuestra organización estudiantil Alma Máter segó la vida de los compañeros José Luis Martínez Castro y Adolfo Altamar Lara. Ese fatídico e inolvidable 4 de febrero de 2001 estalló un artefacto explosivo que destruyó las paredes, pero también las aspiraciones y el futuro de nuestros hermanos. De allí en adelante comenzó una pesadilla para sus familias, pues fueron allanadas sus casas y las autoridades les señalaron públicamente como terroristas que estaban preparando un ‘papa’ bomba, lo cual es totalmente falso.
Meses después de su muerte, los padres de estos jóvenes empezaron a investigar lo que sucedió y por eso fueron amenazados: recibían llamadas intimidantes en las que les decían que dejaran el caso quieto si no querían que le sucediera algo a sus otros hijos. Esto indica que hubo manos criminales detrás de esa explosión y que no se trató de una simple ‘papa’ bomba, como quisieron hacer ver las autoridades del departamento del Atlántico.
Hoy, que se cumplen 17 años de su partida, el mejor homenaje que le podemos dar a José Luis y Adolfo, así como a sus familias, es luchar contra la impunidad que sigue reinando sobre estos hechos, así como sobre el resto de asesinatos y desplazamiento de los miembros de la Universidad del atlántico que fueron vilmente asesinados por el paramilitarismo y el Estado colombiano, como ha sido demostrado en los tribunales en algunos casos. En esto, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición nos dota de poderosas herramientas para lograr que se sepa claramente lo que ocurrió, quiénes son los responsables y ofrecer garantías para que hechos como estos nunca más vuelvan a ocurrir.
Para nosotros es muy importante que se aclaren los hechos en el marco de los acuerdos de paz de La Habana. No buscamos señalar ni encarcelar a nadie sino saber por qué nos asesinaron y desplazaron y quién dio las órdenes en el plan de exterminio del que fuimos víctimas. En ese mismo sentido, queremos que llegue la hora de escuchar el pedido de perdón de los perpetradores y, lo más importante, que se pueda resarcir el buen nombre y la honra de José Luis Martínez Castro y Adolfo Altamar Lara, quienes ofrendaron su vida por una mejor universidad, por una que fuera crítica, pública y al servicio del pueblo, como rezaba el lema de la organización estudiantil Alma Máter.
Desde el palenque, un cimarrón todavía.
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* Cimarrón, activista y palenquero.
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