Marzo 17 de 2009
Las revelaciones de la revista Semana en torno al espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a opositores, periodistas y personalidades del país no sólo levantaron un escándalo de asombrosas proporciones sino que demuestran que los investigadores de ese prestigioso medio de comunicación ‘descubrieron el agua tibia’ o decidieron denunciar una situación que, en todo caso, ya se hacía intolerable para su trabajo periodístico.
Desde hace tiempo, el DAS ha estado involucrado con interceptaciones telefónicas y seguimientos a congresistas y líderes de la oposición, y no es sorprendente que la Corte Suprema, al igual que los periodistas, sean víctimas de prácticas ilegales de vigilancia. Estos actos de espionaje muestran una política que tiene su origen en la Presidencia y que considera a la oposición como enemigos internos a combatir, situación que se puede agravar al comenzar el desfile reeleccionista de Uribe y de la ‘seguridad democrática’.
Sin embargo, es claro que el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, trata de distraer la opinión pública al manifestar que existe una mafia interna en el organismo de seguridad, mientras Uribe ordena que sea la Policía la que se dedique al espionaje telefónico, ahora con orden judicial de por medio.
Durante el gobierno de Uribe el DAS ha tenido más escándalos que en ninguna otra administración: a pesar de los cambios de director y de los sermones moralistas por parte del presidente, los excesos de la policía secreta colombiana no sólo continúan sino que se han convertido en una constante. Esta situación podría dar a pensar que no hay una administración fuerte, que controle a quienes nos controlan, o que los delitos cometidos por agentes del DAS hacen parte de una política presidencial integrada a la ‘seguridad democrática’.
El tratar como enemigos internos a magistrados, periodistas o congresistas, al igual que a miles de colombianos sin tanta fama, hace pensar que pensar diferente al credo presidencial se ha convertido en un crimen y que en Colombia se está imponiendo, en la práctica, el delito de opinión. Para satisfacer la paranoia de algunos poderosos, es necesario que la oposición sea vigilada porque se espera una actividad delictiva de su parte o porque se puede lograr que una policía política la convierta en un enemigo al cual aplastar. De manera paradójica, los enemigos internos que el DAS vigila promueven el intercambio humanitario, denuncian violaciones de derechos humanos por parte del Estado, vinculan al gobierno actual con el paramilitarismo y el narcotráfico, no desean la reelección y no se dejan coaccionar por el gobierno.
Como en el tiempo de la Popol de Laureano Gómez y del SIC de Rojas Pinilla, el DAS obedece los intereses de la Presidencia. En estos momentos, la ‘seguridad democrática’ y su reelección es el objetivo central del presidente y lo que contravenga esta aspiración puede ser fácilmente señalado como acción del enemigo interno. Así las cosas, ¿cuál será la mafia que, como acepta Valencia Cossio, domina las acciones del DAS?
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