Por: Marcela Zuluaga – marzo 29 de 2014
Durante los tres días de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y después de varios años de trabajo en los que se ha intentado que los movimientos sociales se unan en Colombia, se logró construir un pliego unitario con las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, que volverán a lanzar un paro nacional agrario por el incumplimiento por parte del gobierno Santos a los acuerdos alcanzados el año pasado.
El pliego de peticiones la cumbre es claro y anuncia al gobierno de Juan Manuel Santos que la “hora cero dependerá de la respuesta gubernamental” y que esta confluencia de organizaciones “extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo”. Si no se llegan acuerdos concretos con el gobierno, las comunidades retomaran los bloqueos y se realizarán movilizaciones en las calles y carreteras del país.
Movilización social con perspectiva de unidad
Luego de meses de encuentros y reuniones, organizaciones y movimientos sociales del país que convergen en plataformas como la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), la Marcha Patriótica, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Congreso de los Pueblos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lograron convocar a más de 30.000 personas provenientes de todas las regiones del país a Bogotá, donde participaron en la cumbre que produjo estos acuerdos y culminó en una movilización desde el coliseo El Campín hasta la Plaza de Bolívar, donde se leyó el documento que recoge las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de las comunidades históricamente marginadas de Colombia, que siguen denunciando el abandono estatal y la actual crisis del campo.
Sandra Jiménez, campesina del Catatumbo, comentó que “lo más importante es la organización, la unión de todas las organizaciones, para así poder solucionar todos los problemas que se nos presenten”. Asimismo, Cesar Pachón Achury, vocero de Comité por la Dignidad Papera y la Soberanía Alimentaria, manifestó que “hay que unir los pueblos, unir los sectores ante diversas problemáticas. Hay que seguir uniendo los procesos y respaldarlos porque es el mismo pueblo que se está organizando y [eso] es fundamental”.
Por su parte, Narciso Beleño, representante de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), expresó que es importante que “haya un reconocimiento de los pueblos ancestrales […] no solamente reconocimiento de los pequeños mineros sino reconocimiento de los agricultores, a las poblaciones rurales para tenerlos en cuenta en una política vinculante en el país, que nos permita tener una paz real”.
Camino hacia la movilización
En la declaración, las organizaciones manifestaron que “La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas de 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros [y en los que] otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados”.
Además, los campesinos denuncian que ellos hasta el momento han cumplido con los acuerdos, pero que el Gobierno Nacional no muestra interés en las negociaciones. De la misma manera, denuncian que el denominado “Pacto Agrario”, creado bajo el lema “Hay campo paro todos”, sólo pretende reformular la política pública del sector agropecuario para excluir al campesinado de la misma.
Ante esto, una de las propuestas desde la cumbre agraria al Estado colombiano es la de poder considerar que “mediante un ejercicio de soberanía, deben ser los pueblos y las comunidades quienes ordenen el territorio, definan sus usos y las distintas maneras de habitarlo […] nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas”.
Por otra parte, las organizaciones exigieron garantías políticas, la participación social de las comunidades en la construcción de políticas públicas, el desmonte del fuero penal militar y el cese de la criminalización y judicialización de la protesta social.
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