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Por: Omar Vera – abril 8 de 2011

Multitudinarias movilizaciones sacudieron a las principales ciudades de Colombia el pasado 7 de abril. Según reportes de manifestantes y autoridades, las marchas realizadas en 16 ciudades del país reunieron a más de 224.000 personas que protestaron contra la política del gobierno de Juan Manuel Santos y, muy especialmente, contra las reformas a la educación superior anunciadas por la ministra María Fernanda Campo.

De acuerdo con el gobierno y las centrales obreras, se vivió tranquilidad en la jornada, salvo incidentes menores. Los participantes, especialmente los estudiantes, pudieron expresar su inconformidad y mostrar su creatividad, mediante actividades artísticas, en las calles de todo el país, mientras exigían educación de calidad para el desarrollo nacional.

Cuarto asalto

Sólo en Bogotá, donde se dieron las manifestaciones más numerosas, fueron cerca de 70.000 personas las que marcharon durante más de cinco horas hasta la Plaza de Bolívar. Allí se reunieron las centrales obreras, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Movimiento Nacional por la Salud, los estudiantes universitarios, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de los colegios públicos del Distrito Capital para unir sus luchas en la cuarta gran movilización nacional que enfrenta el gobierno de Santos durante 2011.

Ya entre el 3 y el 17 de febrero, los camioneros paralizaron al menos 150.000 vehículos y lograron obligar al gobierno a desistir de su intención de desmontar la tabla de fletes que regula el transporte terrestre de carga en Colombia, al menos de momento. Así mismo, miles de personas salieron a las calles de varias de las principales ciudades el 2 de marzo para rechazar la minería de las grandes transnacionales y lograron que la compañía Greystar desistiera de momento del proyecto de explotación a cielo abierto en el páramo de Santurbán. El tercer asalto que ha enfrentado el gobierno de Santos se dio el pasado 9 de marzo, cuando movilizaciones de productores tradicionales de leche cruda, ocurridas en distintas regiones, lograron el aplazamiento de la aplicación de una normativa del Ministerio de Agricultura que sólo permitirá el comercio de leche procesada, proveniente de las grandes industrias lácteas, en un país que produce al año 6.500 millones de litros de este alimento. En estas tres ocasiones la respuesta del mandatario ha sido la misma: ‘por ahora no’.

Según reportes regionales, en Medellín las movilizaciones sumaron a más de 6.000 manifestantes, en el Valle del Cauca a 12.000, en Bucaramanga y Pereira a 10.000, en Pasto a 9.000, en Tunja y Cúcuta a 7.000, y en Montería y Cartagena a 5.000, respectivamente. De acuerdo a los informes recolectados hasta este momento, 224.000 participaron en todo el país. Sin embargo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarcisio Mora Godoy, declaró que un millón y medio de personas participaron en la jornada, no sólo en las marchas, sino en ceses de actividades, plantones y otros actos de protesta.

Distintas expresiones culturales y artísticas hicieron parte de la jornada del 7 de abril - Foto: Plaxy

No faltaron motivos

El anuncio del gobierno de reformar la Ley general de educación, la controvertida Ley 30 de 1992 –con la que el gobierno de César Gaviria impulsó un modelo neoliberal en el sector–, fue uno de los puntos centrales en la jornada del 7 de abril. La intención de dicha reforma sería, según los universitarios, la de retirar una parte importante de los recursos que el Estado destina a la educación pública, para que sean los grandes monopolios privados los que entren a financiar a las instituciones y a determinar el tipo de formación que van a recibir los profesionales del país.

Esta reforma, junto con la crisis financiera y académica en la que quedaron las universidades públicas con las reformas impulsadas por los gobiernos de Pastrana y Uribe para modificar los contenidos académicos y los organismos directivos de las instituciones, ha despertado al movimiento universitario del letargo en el que se encontraba al menos desde 2007 y ha motivado una fuerte reacción de parte de los estudiantes de las universidades públicas: la Universidad de Caldas completa seis semanas en cese de actividades, mientras en otras regiones del país las asambleas generales y las acciones de protesta se han multiplicado, inclusive las que han terminado en enfrentamientos con la Policía.

En Bogotá las marchas inundaron la carrera séptima - Foto: Javier Mauricio Guáqueta

De otra parte, los docentes de todo el país participaron en la jornada exigiendo que no se siga concesionando la educación pública básica y media, que se imparte en los colegios, a la empresa privada y planteando las necesidades de los trabajadores de la educación en todo el país. Sobre las nueve de la mañana, Fecode entregó oficialmente su pliego de peticiones a la ministra Campo –quien anteriormente se desempeñaba como presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá–, donde se proponen soluciones a sus necesidades salariales, un único estatuto docente para romper la desigualdad de regímenes que hoy los divide y garantías efectivas para que los niños y jóvenes de todo el país puedan completar sus estudios. Más de 5.000 maestros acompañaron a la directiva de ese sindicato para la entrega del documento y luego se unieron a por lo menos otros 15.000, que los esperaban en la Plaza de Toros de Bogotá para participar de la jornada, bautizada en Internet como #marcha7a.

Adicionalmente, cerca de 10.000 sindicalistas, junto a organizaciones sociales, grupos ambientalistas y el Movimiento Nacional por la Salud rechazaron los proyectos de Plan Nacional de Desarrollo y de Ley de sostenibilidad fiscal que impulsa el gobierno, pues denuncian que relegarían las obligaciones sociales del Estado, como la seguridad social, la salud y la educación públicas, a la disponibilidad de recursos luego de la inversión estatal en la guerra y en el pago de la deuda externa, vulnerando los derechos del pueblo. Así mismo, denunciaron que con estas iniciativas legislativas se pretende entregar el país a las grandes mineras y petroleras, sin importar la destrucción de los ecosistemas regionales y el gran impacto sobre los recursos naturales de los que depende el país a futuro. También rechazaron la corrupción y el clientelismo que reinan en diferentes entidades.

Por su parte, organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos denunciaron el clima de represión que se vive en Colombia, la reciente ola de amenazas y judicializaciones contra líderes sociales en todo el país, y la impunidad que reina en miles de casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.

Crisis - Foto: Andrés Gómez

No se dejaron intimidar

La jornada de protesta del 7 de abril se llevó a cabo exitosamente, a pesar del ambiente de intimidación previo a la realización de las marchas.

El sábado 2 de abril, el presidente Santos, basado en un informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señalaba que las universidades públicas estarían supuestamente infiltradas por las guerrillas y anunciaba su intención de que la Fuerza Pública ingresara a sus instalaciones, luego de que la semana pasada se presentaran enfrentamientos entre estudiantes y policías en Bogotá, y de que seis estudiantes de la Universidad de Nariño resultaran heridos en un extraño accidente que le costó la vida a dos de ellos, en vísperas de otra protesta.

Sin embargo, al contrario de desmotivar a los estudiantes, el anuncio presidencial ha hecho crecer las manifestaciones, que no sólo exigen presupuesto para las universidades y garantías académicas sino respeto a la autonomía universitaria. En Pasto, más de 9.000 estudiantes han participado en dos grandes marchas, luego de la explosión en la Universidad de Nariño, y en Medellín la masiva convocatoria sirvió para exigir que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional no invada los predios de la Universidad de Antioquia cada que se presenta una protesta, asunto por demás común desde que Alberto Uribe Correa ejerce como rector de esa casa de estudios.

A pesar de tensiones en ciertos puntos, no hubo incidentes de lamentar - Foto: Javier Mauricio Guáqueta

El operativo policial desplegado en las principales ciudades del país involucró a más de 35.000 efectivos de la policía, según el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. En Bogotá fueron desplegados 2.500 agentes de la Policía, entre la Fuerza Disponible y el Esmad, junto con el Ejército, según la Secretaría de Gobierno de la capital, y se ubicó un dispositivo de ‘pinza’ en las calles aledañas a la carrera séptima, que incluía tanquetas, camiones para transporte de detenidos y unidades motorizadas para dispersar a los manifestantes.

Sin embargo, en Bogotá, no hubo incidentes mayores. Sólo se presentó un breve enfrentamiento entre manifestantes y policías en cercanías de la avenida Jiménez, que habría impedido la entrada a la Plaza de Bolívar de al menos 3.000 personas por la acción de los uniformados, según denuncias de directivos de la CUT. A pesar de que no se presentaron incidentes de importancia y la jornada terminó en paz, hacia las siete de la noche, los agentes del Esmad que eran transportados en motocicletas conducidas por patrulleros, desalojaron con gases lacrimógenos a varios estudiantes que departían en el Chorro de Quevedo.

En la noche se conocieron dos videos tomados por estudiantes de la Universidad de Antioquia en los que se escuchan disparos con armas de fuego de la Policía contra los manifestantes se mantenían congregados en el Parque de los Deseos de Medellín y otro en el que se ve a un uniformado agrediendo a dos mujeres, incluida una menor de edad que queda inconsciente después de la golpiza. Según las denuncias, los uniformados se lanzaron en motocicletas contra la multitud, golpeando y deteniendo a varias personas. El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, señaló que uno de sus hombres aceptó haber abusado de la fuerza, anunciando que sería sancionado ejemplarmente, pero negó que se hubieran usado las armas de fuego que se registran en el video.

De otra parte, en la capital de Risaralda la movilizaciones terminaron en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde un grupo de estudiantes se enfrentó al Esmad durante más de tres horas. Según la Policía, 17 estudiantes fueron detenidos. En Ibagué también se presentó un largo intercambio de piedras y gases lacrimógenos que se extendió toda la tarde.

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