Abril 14 de 2014
Los recientes escándalos que envuelven a la Fuerza Pública demuestran que los uniformados siguen eludiendo el control del poder civil, incluido el del propio Presidente de la República, que a su vez se desempeñó en el gobierno anterior como ministro de Defensa.
La historia, ya conocida por el país, comenzó con la filtración –al parecer originada en el Ejecutivo– a la revista Semana sobre las operaciones de espionaje ilegal realizadas por el Ejército en la llamada ‘operación Andrómeda’, que dejó como víctimas de las interceptaciones hasta a los delegados del gobierno en la mesa de negociaciones de La Habana.
No pasó mucho tiempo antes de una segunda filtración sobre dicha operación –esta vez, según algunas fuentes, originada en el Ejército–, donde se dio a conocer que varios periodistas nacionales y extranjeros, incluido uno de los integrantes de El Turbión, habían sido interceptados, al igual que 40 alcaldes de Norte de Santander.
Los militares y el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, justificaron la operación de espionaje dotándola de un acomodado ropaje legal, diciendo que no estaban chuzando a la delegación del gobierno sino a la de las FARC-EP y dejaron insinuado que los civiles sólo habían sufrido una especie de ‘daño colateral’ en la lucha contra un enemigo mayor. Sus explicaciones, sin embargo, no responden por qué las chuzadas estaban dirigidas a civiles, contra cuánta gente más se estaban realizando, ni qué propósito real tenían.
Ahora, a la operación Andrómeda se suma un gigantesco escándalo de corrupción en la Fuerza Pública, que ha costado la cabeza a seis generales del Ejército y dos de la Policía, uno de ellos el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esta situación es muestra del nocivo alcance de los recursos del Plan Colombia –iniciativa estadounidense que ha entregado casi siete mil millones de dólares en ayuda militar al gobierno colombiano en casi quince años– y la enorme destinación de recursos del presupuesto nacional a la financiación del militarismo extremo que vive la sociedad colombiana.
Estas prioridades construidas sobre una concepción armada de la seguridad han llevado a convertir a las instituciones uniformadas en foco de todo tipo de irregularidades y en un mecanismo de ascenso social para quienes se benefician de apropiarse de los dineros del Estado mientras visten de verde.
¿Cuáles son los motivos de las interceptaciones? ¿Qué valor estratégico real tienen los chuzados? ¿Por qué interceptar a delegados del presidente y alcaldes? ¿Por qué el presidente se declaró indignado al principio y luego reculó cobardemente? ¿A quién le sirven todas estas filtraciones?
Las interceptaciones a periodistas muestran que en Colombia el derecho a la libre información no existe y, es más, que los periodistas saben que pueden estar siendo interceptados. Este operativo demuestra la intención de acabar con la prensa independiente en el país o de hacerla dócil según los intereses de los sectores que controlan el poder.
El Turbión no toma las interceptaciones banalmente. Si bien era previsible que algún órgano de inteligencia del Estado estuviera interesado en interceptar comunicaciones de integrantes de las FARC-EP con periodistas, otra cosa es naturalizar y legitimar estos actos de espionaje cuando se realizan contra civiles. Este tipo de prácticas pone en riesgo la vida de los periodistas y de sus fuentes, además de generar zozobra entre los periodistas chuzados, sus familias y sus compañeros de trabajo.
Además, resulta preocupante comprobar la persistencia de prácticas no tan lejanas en el tiempo, cuyo ejemplo son las interceptaciones contra periodistas desde el extinto DAS, que sirvieron para intimidar y amenazar a Claudia Julieta Duque, Hollman Morris, entre otros.
En este escenario se dieron casos de torturas psicológicas mediante amenazas que involucraban a familiares, todo con el objeto de intimidar y disuadir a los comunicadores para que abandonaran sus investigaciones y vida periodística. Por esto, es necesario que se sepa hasta qué punto se está espiando a los periodistas y cómo se está usando la información recopilada por los órganos de inteligencia.
Pero, si bien es grave que los periodistas sean interceptados, lo más sorprendente son las reveleciones según las cuales el propio presidente Santos y sus delegados en La Habana también se encuentren entre los objetivos de esta violación a las comunicaciones privadas..
Esto demuestra que el Ejército desconfía del presidente, de otra manera no se entiende por qué chuzan a sus delegados. ¿Qué necesitan saber los militares que no puedan preguntar directamente a Santos? ¿A qué le temen? ¿Qué quieren controlar al tener esa información? ¿Qué información obtuvo el Ejército y como la usó? ¿Con quiénes la ha compartido? ¿Qué políticos están vinculados? ¿Quién está fomentando o resulta beneficiado con la división al interior del estamento castrense?
No se puede olvidar la afinidad que existe entre ciertos altos mandos de la institución castrense y el proyecto guerrerista y fascista del expresidente y actual senador electo Álvaro Uribe Vélez. Así se demostró en el caso de la filtración de las coordenadas en las que un jefe guerrillero sería recogido para transportarlo a La Habana.
Estas chuzadas, en las que además se contrató a exmilitares para la operación, preocupan no sólo porque demuestran hasta qué punto las Fuerzas Militares pueden funcionar como una rueda suelta dentro del andamiaje del Estado sino también porque sus enormes recursos son usados con gran autonomía como arma política dentro de la lucha por el poder entre los sectores de las clases dominantes que encabezan Santos y Uribe, asunto que hoy determina la vida política del país.
Si bien la remoción de seis generales de la cúpula militar y dos de la Policía, después de las convenientes filtraciones a la prensa sobre la ‘operación Andrómeda’ y el escándalo de corrupción protagonizado por el coronel Róbinson González del Río –sobrino del general Rito Alejo Del Río–, puede favorecer la imagen de Santos, también está demostrado que el mandatario necesita tomar las riendas de un Ejército que goza de excesiva autonomía, actúa al antojo de su alto mando y es proclive a las ideas guerreristas de Uribe.
Santos sabe que necesita de una Fuerza Publica alineada al proceso de paz y puede haberse fabricado todo este escándalo para justificar cambios a su conveniencia como medida de control de las FFMM y reducir al mínimo el ruido de sables.
Sin embargo, en el cálculo político presidencial no está el riesgo que implica el paso más importante para disminuir el poder de los uniformados: la depuración de la Fuerza Pública.
Dicho proceso requiere de la destitución y juzgamiento penal, sin obstáculos, de todos los implicados en crímenes de Estado, así como el conocimiento público de las verdaderas relaciones de militares y policías con el paramilitarismo y los contubernios entre éstos y las empresas transnacionales. Estas macabras alianzas siguen ocasionando asesinatos de sindicalistas y líderes sociales, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones forzadas, tráfico de armas y drogas, entre otros delitos.
A lo anterior debe agregarse la necesaria salida del Ejecutivo de los máximos responsables políticos por estos hechos, incluido el ministro de Defensa.
Garantizar el sometimiento de los militares al poder civil es fundamental para introducir un mínimo de democracia al deteriorado sistema colombiano. Este es un llamado que toda la sociedad debe hacer a Juan Manuel Santos, si en verdad el ahora candidato y presidente quiere ser consecuente con su discurso de modernizar el país y no sucumbir a las inclinaciones autoritarias que lo acercaron en su momento a Uribe.
Para ello es necesario, también, cumplir con otra condición. Es fundamental el respeto del Estado a la libertad de expresión y al derecho de los periodistas a informar sobre los asuntos que conciernen a todos los ciudadanos, uno de ellos los diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas.
Por lo tanto, es inaceptable la agresión que hoy sufre El Turbión y el espionaje a los periodistas. El pueblo colombiano debe movilizarse, junto con las organizaciones defensoras de derechos humanos y al movimiento social en general, para rechazar el espionaje a civiles y la persecución al pensamiento crítico y defender el derecho a la privacidad y las libertades políticas fundamentales.
Sólo así será posible acercanos al sueño de un país distinto, en el que el autoritarismo y el fascismo no sigan deteriorando la poca democracia de la que gozamos.
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