Por: Andres Monroy – marzo 20 de 2014

La noche en que se ejecutó la destitución del alcalde Petro, la oportuna intervención de los gestores de paz del Distrito evitó una agresión mayor contra el equipo humano de Noticias Caracol, a lo que siguió un rápido cerco policial.

La indignación generada en amplios sectores sociales por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la decisión del gobierno colombiano de no acoger las medidas cautelares solicitadas por la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), no debería canalizarse a través de conductas que atentan contra la vida o la integridad personal de los comunicadores, sin importar el medio para el cual desarrollen su oficio.

Replicar los comportamientos que atentan contra un ejercicio fundamental para la opinión pública -la información, es cuestionable, aún más cuando se ataca a los periodistas, además, requerir a las grandes empresas mediáticas que la información se brinde en términos éticos y veraces es posible sin atentar contra la humanidad de periodistas. Por otra parte, exigirle a Juan Manuel Santos que respete la normativa internacional, especialmente de la región americana, es reconocer que dichas normativas también consagran una protección especial a la labor de los periodistas.

Vale la pena recordar que, en el último informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), titulado: “Protestas: Sin garantías para cubrir”, se indicó que la protesta social se posicionó como un escenario de riesgo previsible para el periodismo y atendido de manera insuficiente por las autoridades: durante las diferentes manifestaciones ocurridas en el 2013, la FLIP registró 23 agresiones a la prensa, con 44 comunicadores víctimas.

Proteger a los periodistas es deber de toda sociedad, no solo responsabilidad de las autoridades, y menos aún en Colombia, donde muchos periodistas han sido atacados y asesinados por agentes para estatales y estatales. Por otra parte, como dice Fabiola León Posada, corresponsal en Colombia de Reporteros Sin Fronteras: “la defensa del derecho a la información no se hace agrediendo a periodistas”.

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