Por: Claudia Julieta Duque – marzo 13 de 2017
Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo No. 02/17 (Senado), “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. El senador López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.
En relación con el proceso penal y con los miembros de la Fuerza Pública y los paramilitares responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc., el senador López expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales, puesto que se crea una jurisdicción especial para los miembros de la Fuerza Pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de revictimización y que viola sus derechos. Por eso, la ponencia alternativa, rechazada en el primer debate plenario del Senado del 8 de marzo, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.
Las Fuerzas Militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedarían blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento, hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra la población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero, además, el Gobierno Nacional ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.
Es así como se incluyó un capítulo excepcional en el proyecto que protege penalmente a los militares y a todos aquellos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de cuatro requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo, pues, a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta justicia transicional. Esto vulnera los estándares internacionales e, incluso, las obligaciones de Colombia al ser Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas ‘graves’, vocablo indefinido en el proyecto. Tampoco este diseño de Jurisdicción Especial para la Paz garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los “recursos disponibles”. De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, en Colombia existen 8’400.000 víctimas registradas y el Estado dispone para el 2017 de $700.000 millones para reparación, por lo que a cada víctima le corresponderían en 2017 por este concepto apenas USD 28. Esto dista mucho de ser una reparación integral.
El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad y es que el Artículo Transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio de Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc. podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.
Por último, el senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de las partes. Manifiesta que:
Estamos muy solos en esta pelea […] No se trata solo de un acuerdo con las FARC sino que, tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad […] Hay 1.200 miembros de la Fuerza Pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad.
La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes. Se trata, pues, de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.
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* Publicado originalmente por Radio Nizkor.
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