Por: Marcela Zuluaga – noviembre 27 de 2014
El pasado 31 de octubre, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) prescindió de los servicios de más del 87% de los cogestores de la Red Unidos, a quienes no se les renovó contrato en función de la política de austeridad impulsada por el gobierno. Este hecho no sólo ha despertado la inconformidad de los profesionales afectados, que sólo en Bogotá ascienden a 240, sino que pone en entredicho que la entidad pueda cumplir con las metas de atención a las familias en situación de pobreza extrema que éstos acompañaban.
La Anspe es la entidad del Gobierno Nacional encargada de acompañar a unas 350.000 familias (1’000.500 colombianos) “para que superen su situación de pobreza y exclusión, en alianza con entes territoriales, entidades del gobierno, organizaciones sociales y el sector privado”, según se expresa en la misión consignada en su página web. Para conseguir este objetivo, la agencia contrata a un importante número de cogestores que visitan, acompañan, gestionan y representan la política social del Estado en todos los municipios, veredas, barrios y localidades del país.
Estos cogestores enfrentan además condiciones laborales adversas. A pesar de los compromisos de formalización laboral suscritos por el Estado para la firma del TLC con los Estados Unidos, la mayoría de estos trabajadores son vinculados a la Red Unidos a través de contratos de prestación de servicios que, además de obligarlos a pagar de su bolsillo los gastos de salud, pensión y riesgos laborales, se pactan por periodos muy cortos y no cubren muchos de los gastos propios de la labor que cumplen estas personas, como las comunicaciones con las familias beneficiarias del programa, las fotocopias que se requieren, el traslado a las zonas en las que se cumple la labor y otros relacionados con el cumplimiento de la estrategia del gobierno Santos para la disminución de la pobreza.
Según las denuncias de los contratistas afectados, tampoco se brindan a los cogestores unas garantías de seguridad adecuadas para el cumplimiento de sus labores en zonas que, en muchos casos, son controladas por el crimen organizado o el paramilitarismo. Al respecto, David*, cogestor de la Red Unidos, comenta que en septiembre “un compañero fue herido por un impacto de bala, ya que nosotros trabajamos en barrios marginales, donde se presentan fuertes condiciones de violencia alrededor de la pobreza”.
Pobreza más allá de las cifras
La implementación por parte de la Anspe de la Red Unidos en Bogotá se ha basado en la atención a familias en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, clasificándolas en dos tipos: las afiliadas al Sisben nivel 1 y 2, y las que se encuentran en condición de desplazamiento. La labor de los cogestores es acompañarlas, verificar sus condiciones en materia de salud, trabajo, educación y acceso a la justicia, y gestionar su inclusión en diferentes programas sociales.
Sin embargo, no han faltado críticas a la Anspe por aplicar un enfoque que, a ojos de muchos, se limita a cumplir con unas metas numéricas de atención. “Cuando se encasilla a una persona en una cifra, estamos deshumanizando la condición y la dignidad de la persona […] se esconde la realidad de las personas dentro de las casas, en las lomas, en las calles”, reflexiona David.
Otro de los problemas señalados por los cogestores es la desarticulación entre el nivel nacional y el distrital para el caso de Bogotá, a pesar de las políticas trazadas tanto por el Gobierno Nacional como por la Administración Distrital para el cumplimiento del primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”. Al respecto, David comenta que “muchas veces nosotros, que somos los que vamos a terreno, dilucidamos las necesidades de las familias y, por ser del orden nacional, muchas veces el distrito no nos apoya y el gobierno no crea escenarios donde la política social del país sea una sola: la erradicación de la pobreza extrema a través de herramientas que posibiliten la transformación de las familias”.
Por su parte, en un comunicado, la directora de la Anspe, Beatriz Linares Cantillo, señaló como equivocadas las “protestas y tomas de vías que algunos coordinadores y cogestores de municipios del país están organizando”, puesto que, a juicio de la funcionaria, se basan en falsos rumores sobre la terminación por parte del Gobierno Nacional de la estrategia a su cargo, a pesar de que los motivos de los reclamos de los cogestores estén relacionados exclusivamente con temas de contratación. En el documento, que la Anspe hizo llegar a cada uno de los contratistas afectados, Linares agrega que “les invitamos a que se abstengan de participar en dichas actividades, considerando que debemos centrarnos en el cumplimiento de nuestras metas de superación de pobreza extrema”, a pesar de no ofrecer ninguna respuesta a las exigencias de estas personas.
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* Nombre omitido a petición de la fuente.
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