Por: Christian Peñuela – noviembre 25 de 2017
La campaña “Mujeres por el desarme: más vidas, menos armas” busca crear conciencia tanto entre los responsables de hacer las leyes en el país como entre las organizaciones y movimientos sociales sobre el impacto que tiene la proliferación de armas de fuego en los derechos de las mujeres.
Según Camila Rodríguez, integrante de Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) Colombia:
Es muy evidente que se exacerbó la proliferación de armas porque hay un tráfico que deviene dentro del conflicto armado y ahora, que hay una reconfiguración territorial con las disidencias de las FARC-EP y las bandas criminales, esto ha empeorado […] Lamentablemente, las armas están por todos lados y conseguirlas es muy fácil. Incluso, están sucediendo trabajos de sicariato en las fronteras, donde se consiguen armas a 50.000 pesos la hora. Por eso este llamado a controlar las armas.
De otra parte, la iniciativa busca que el Estado colombiano cumpla con los compromisos que adquirió en 2005 al suscribir el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Dicho pacto obliga a varios Estados miembros de la ONU a regular la producción y el comercio de estos artefactos, una industria que negocia más de USD 7 billones al año en el mundo. A juicio de Camila Rodríguez, “Colombia fue, firmó, ratificó pero no ha cumplido”, por lo que este asunto resulta particularmente preocupante.
Además, quienes promueven esta iniciativa aseguran que el control a este tipo de armas ayudaría a prevenir los feminicidios, puesto que estos son cometidos principalmente con armas de fuego ligeras. De acuerdo con Medicina Legal, en lo corrido del año las muertes violentas de mujeres alcanzaron una alarmante cifra de 758 casos y Claudia García, funcionaria de dicha entidad, asegura que “Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son las principales ciudades donde se presenta casi el 50% de homicidios en mujeres”. Adicionalmente, las organizaciones que participan en esta campaña aseguran que “Colombia se encuentra entre los 6 países de Suramérica con las tasas más altas de feminicidio […] entre los años 2007 y 2012”.
Esta iniciativa es promovida por Limpal, una organización feminista mundial que ha impulsado el desarme desde 1915 y que en Colombia viene trabajando alrededor del impacto del conflicto armado en las mujeres desde 1998. Adicionalmente, en “Mujeres por el desarme” participan la Corporación Colombiana de Teatro; el Colectivo de Pensamiento y Acción, Mujeres, Paz y Seguridad y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), y cuenta con el apoyo de ONU Mujeres, Reaching Criticall Will y HealthNet.
Impulsando el desarme de toda la sociedad
A pesar de lo que puede pensarse, el problema del desarme no es un asunto que le competa solo a los grupos armados y al Estado sino que corresponde a todos los colombianos, especialmente cuando las múltiples violencias del país guardan una estrecha relación con las armas que permanecen en manos de los ciudadanos, ya sea legal o ilegalmente, debido a la carencia de una regulación clara.
Según Diana Salcedo, integrante de Limpal Colombia, “el Estado colombiano, con el proceso de dejación de armas de las FARC, simplemente mostró cuantas armas se habían entregado, pero no nos han dicho nada sobre las armas que aún siguen circulando en el territorio”.
Por esto, la campaña busca que se dé continuidad a la implementación de lo dispuesto por la ONU en materia de mujeres, paz y seguridad en las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de la organización internacional para los asuntos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno con las FARC-EP, específicamente en el tercer punto de los mismos que hace referencia al “Fin del conflicto”, el desarme de la insurgencia y su reincorporación a la vida civil.
Al respecto, Devanna de la Puente, quien hace parte de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló que “en las filas de las FARC un 36% corresponde a mujeres”, por lo que resulta urgente la implementación de medidas de protección para las excombatientes y unas condiciones efectivas de desarme que impidan violencia en su contra o de las civiles en las regiones con presencia de la antigua guerrilla. Esto, según Yazmín Cárdenas, integrante del Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, resulta especialmente preocupante cuando “se ha demostrado cómo la Fuerza Pública mantiene nexos y alianzas con esas economías ilegales”.
En el mismo sentido, Diana Salcedo asegura que:
Irremediablemente, este fin del conflicto tiene que representar también los intereses de las mujeres excombatientes, las mujeres que optaron por esa lucha armada también son mujeres que tienen derechos y debe garantizarse esos derechos para el ejercicio de las ciudadanías plenas de ellas.
Asimismo, las organizaciones impulsoras de la iniciativa vienen buscando que el Congreso tramite un Acto Legislativo que implemente el TCA para lograr una reducción drástica de los feminicidios e impulsar medidas que brinden garantías de protección y seguridad a las mujeres del país.
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