Por: Camila Ramírez – marzo 23 de 2015
El pasado 24 de febrero se llevó a cabo la quinta Jornada Nacional contra la Brutalidad Policial y por el Desmonte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad). Este año, los actos se realizaron en homenaje a Carlos Alberto Pedraza, dirigente de Congreso de los Pueblos, quien fue desaparecido el 19 de enero y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 21 de enero de este año. Del mismo modo se recordó a otros jóvenes víctimas de crímenes de Estado como Jhonny Velasco Galvis, Cristian Delgado, Jhony Silva, Héctor Martínez, Diego Felipe Becerra, Oscar Salas, Adriana Jiménez, entre otros, quienes perdieron su vida por el actuar de miembros de la fuerza pública.
Durante las protestas se denunció el uso desmedido de la fuerza por parte la Policía en contra de quienes ejercen su derecho a la protesta, la brutal represión al paro agrario del año 2013, las batidas ilegales del Ejército en todo el territorio nacional y los montajes judiciales contra el conjunto del movimiento social.
En Bogotá, hacia las tres de la tarde se concentraron unas trescientas personas en la carrera 7 con calle 26, donde repartieron claveles negros a los policías presentes, dentro de un acto simbólico de rechazo contra el Esmad, este cuerpo fue creado el 24 de febrero de 1999, mediante la Directiva Transitoria 0205. Mientras avanzaba la marcha por la carrera séptima, las consignas, los tambores se hicieron escuchar y llamaron la atención de los transeúntes.
La gente se concentró entre la calle 19 y la calle 18 con carrera séptima, frente a la placa de Nicolás Neira, joven asesinado en 2005 por agentes del Esmad, cuando se encontraba participando en la marcha del día del trabajo, a pesar de la fuerte lluvia y el frio la gente se mantuvo concentrada en el lugar, familiares, amigos y diferentes organizaciones sociales víctimas de la brutalidad policial denunciaron el actuar de las fuerza pública en el país.
El Esmad ha causado decenas de lesiones personales, como perdida del ojo, golpes severos en la cabeza, piernas, costillas, gente asfixiada por los gases lacrimógenos, disparos a quema ropa con cápsulas de gases lacrimógenos y balas de goma. Igualmente personas han sido asesinadas en medio de las protestas con armas no convencionales, denominadas recalzadas, las cuales son granadas lacrimógenas fabricadas artesanalmente que contienen metrallas, bolas de cristal, puntillas y vidrio. De estos crímenes y agresiones hacia los y las manifestantes, algunos familiares de las víctimas han recibido constantemente amenazas y detenciones arbitrarias por denunciar a los agentes involucrados en estos actos punibles.
Son muchos los casos denunciados como el caso de Johnny Silva, asesinado el 22 de septiembre de 2005 en la Universidad del Valle, por un disparo en la nunca, lo cual constituye en una práctica sistemática del Esmad denunciada por organizaciones de derechos humanos. Durante ese día en que falleció Silva, se realizaba una protesta nacional en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC). Otro caso es el de Oscar Leonardo Salas, asesinado el 8 de marzo de 2006, al recibir un disparo en la cabeza, en medio de protestas en la universidad nacional en contra del TLC. Por otro lado, se han presentado misteriosas explosiones en medio de las movilizaciones como sucedió el 12 de octubre de 2011 en medio de una movilización nacional en contra de la reforma a la educación, en la ciudad de Cali. Tras la explosión de un artefacto se ocasionó la muerte a Jan Farid Cheng Lugo, joven de 19 años, estudiaba medicina en la Universidad Santiago de Cali.
Asimismo se denunció las violaciones de derechos humanos en el marco de las jornadas de protesta por el paro nacional agrario. Adriana Patricia Galvis, mama de Jhonny Velasco, joven asesinado el 29 de agosto de 2013, durante las protestas en la localidad de Suba, manifiesta frente al caso de su hijo “no se ha individualizado exactamente quien, porque este tipo apenas asesino a mi hijo, se quitó el chaleco, se lo voltio, a mi hijo lo asesinan, lo dejan casi 40 minutos tirado en el piso, la gente lo quiere socorrer porque piensan que esta solo herido, no les permiten ni la policía, ni Esmad, al contrario le arrojan gases lacrimógenos sobre el cuerpo. […] luego lo trasladan me dice la gente que en una camioneta al CAI, otros me dicen que lo llevaron al CAMI de suba”, además denuncia varias inconsistencias en el traslado del cuerpo, “si una persona está muerta, no sé con qué motivo movieron el cuerpo de mi hijo, […] a él lo mataron como a las 7:30 y llego hasta al hospital a las 8:40 de la noche. […]Nosotros recogimos casquillos de pistola y fusil, el hecho era matar gente, no era herir sino matar gente, a quien se le ocurre disparar con un fusil”.
Los familiares denunciaron la poca voluntad del Estado colombiano para solucionar estos casos y dar una condena a los agentes de la policía involucrados en los asesinatos y agresiones. Johana Jiménez, hermana de Adriana Jiménez, joven asesinada el 8 de marzo de 2013 en un retén ilegal de la policía nacional, afirma que hay “Total impunidad, empezando porque vamos a cumplir dos años del crimen de mi hermana y no hay ni un solo capturado, nos tocó un fiscal corrupto, el fiscal 15, José del Carmen Rodríguez, al cual ya se le coloco la respectiva denuncia en la fiscalía, estamos esperando que nos cambien el fiscal, porque el fiscal parece que fuera el abogado defensor de los asesinos de mi hermana. […] es triste porque ante la ley, la fiscalía es quien lo representa a uno como víctima y este señor al parecer hace parte del carrusel de fiscales que se mueven allá en Paloquemao”.
Diferentes sectores se han sumado a la Campaña Nacional Contra la Brutalidad Policial, como familias desalojadas de sus casas por el Esmad por hipotecas con los bancos, jóvenes y colectivos culturales que sufren en los barrios estigmatización y persecución por la policía, muchos han sufrido detenciones en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Ángel Molano, de la Fundación Nicolás Neira, declara que “ejercer los derechos humanos y ejercer la misma vitalidad de la defensa a los derechos a la vida es muy duro, porque hay unas mafias y hay una serie de elementos que generan impunidad y no quieren que se sepa la verdad […] no quieren que estos casos se conozcan sus verdaderos criminales tanto intelectuales como materiales, dicen algunos que son casos aislados, pero sabemos que son casos sistemáticos y generalizados, son políticas de Estado que intentan amedrantar”.
La jornada termino con la instalación de la placa de Carlos Alberto Pedraza y sobre la avenida séptima, el colectivo Whipalas realizó una mándala con la foto de Carlos. Los manifestantes denunciaron que el cuerpo de policía que estuvo en la movilización, no tenían números de identificación y algunos estaban escupiendo a la gente que se encontraba movilizando. La Campaña Nacional Contra la Brutalidad Policial, invita a la comunidad a que sigan constantemente denunciando las agresiones, amenazas y asesinatos por parte de la fuerza pública.
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