Por: Ferney Jaramillo G. – abril 30 de 2015
El 25 de diciembre de 2008, cuando trabajaba como cuñero de una máquina de perforación petrolera en Campo Rubiales, municipio de Puerto Gaitán (Meta), John Carlos Ninco Bonilla sufrió un grave accidente que determinó no sólo la amputación de su pierna izquierda sino la pérdida de su tranquilidad y seguridad económica.
Al momento del accidente apenas llevaba dos meses laborando con Petroworks SAS, empresa que presta servicios a Ecopetrol y a otras petroleras. Pero no fue la falta de experiencia la causa de su accidente, pues los 9 años que llevaba en la industria del petróleo como técnico en mantenimiento y seguridad industrial, le daban los conocimientos necesarios para realizar con eficiencia su trabajo. Se trató de un error humano de uno de sus compañeros, quien accionó a destiempo la máquina con la cual laboraban. Del lugar del accidente fue sacado en avión hasta Bogotá para su recuperación, parcial en todo caso porque tras el accidente fue necesario amputarle la pierna.
En la clínica recibió la visita de varios abogados que le aconsejaron tramitar la pensión por invalidez, diciéndole que era algo sencillo. Simplemente debía renunciar y después ellos ganarían la demanda. Pero meses después, por las averiguaciones que realizó, se dio cuenta de que esos abogados no le ofrecían ninguna garantía porque pertenecían a la misma firma que representaba a Petroworks.
La recuperación fue lenta por la gravedad del accidente. Y cuando aún no había terminado de sanar su herida física vino otra, quizás más dura, el 28 de mayo de 2009: Petroworks le presentó un documento por el cual le ofrecía unos beneficios a cambio de que se declaraba culpable del accidente y renunciara a cualquier tipo de demanda contra la empresa. “Como si yo hubiera deseado voluntariamente ponerle mi pierna a la máquina y arriesgar mi vida”, alega John Carlos.
La situación era clara: lo querían fuera de la empresa, pues en su estado de incapacidad ya no le era de utilidad. Obviamente, él no firmó el documento que le presentaron y, como no se dejó despedir, la empresa, a regañadientes, lo debió reubicar como asistente en el área de salud, seguridad y medio ambiente, un cargo consecuente con su limitación física.
Pero le hicieron la vida imposible. Lo relegaron y lo persiguieron con el fin de que se aburriera y renunciara. Lo trasladaron al municipio de Tocancipá (Cundinamarca), lejos de su hogar, con la intención de indisponerlo y hacerlo renunciar. Él se resistió, pero la respuesta fue la física expulsión de la empresa, por la fuerza, a manos de los vigilantes. “Lo triste de todo es que uno sirve en una empresa mientras tenga salud, pero después de que se enferma o queda lisiado pasa a ser un desecho en la vida”, se queja.
Realmente, es una mala jugada del destino, considera John Carlos, lo que le está pasando a él, una persona que en todos los empleos que ha desempañado se ha destacado, incluso con reconocimientos públicos por su eficiencia. De joven quiso estudiar Derecho en la Universidad Antonio Nariño, carrera que interrumpió para pasarse a Ingeniería Industrial, pero la necesidad de un sustento para su esposa y sus 5 hijos hicieron que desertara de sus estudios e ingresara al mundo laboral. Su última empresa fue Petroworks SAS, donde la vida le cambió para siempre.
Se vuelve a accidentar
Después de su traslado y supuesta reubicación, John Carlos sufrió otro accidente laboral, como consecuencia de su mismo estado de incapacidad y de las malas condiciones de seguridad del puesto en el que lo reubicaron. Se cayó de la silla y sufrió una lesión en la región sacra, lo que hoy le tiene a punto de perder la mano derecha. Y, para agravar más las cosas en su contra, su empleador no reportó el caso como accidente de trabajo.
No obstante ese segundo accidente, Petroworks solicitó al Ministerio del Trabajo seccional Huila permiso para terminarle el contrato a John Carlos, despido que fue autorizado con la complicidad de los funcionarios de la entidad. Sin embargo, tal desplante de la empresa no le pareció raro, pues ya estaba sobre avisado de que eso iba a ocurrir. Entonces, contrató un abogado e instauró una demanda ante ese mismo ministerio en Bogotá, que salió a su favor y obligó a la empresa a reintegrarlo.
Fue el momento en que buscó ayuda de la Unión Sindical Obrera (USO) Regional Huila. Acucioso y decidido, como ha sido toda su vida, quiso trascender su caso personal y se dio a la tarea de reunir y documentar otros casos similares al suyo. No fue difícil, pues en el Huila los afectados por enfermedades laborales abundan “como el arroz”, dice Ninco.
Fue así como con un grupo grande de trabajadores enfermos y lisiados, a quienes se les habían vulnerado los derechos, conformó la Asociación de Trabajadores Discapacitados de la Industria Minero Energética (Asotradeimene), propósito en el que lo apoyó la USO.
En febrero de 2014 Asotradeimene realizó una protesta en Bogotá y logró que el Congreso de la República pusiera los ojos sobre la difícil situación de los trabajadores de esta asociación y las presuntas irregularidades de la oficina en Huila del Ministerio de Trabajo. En abril de 2014, el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático, propuso realizar una audiencia pública senatorial en Neiva, con el fin de tratar la problemática de los trabajadores petroleros enfermos y en varios casos despedidos. Tal audiencia se llevó a cabo el 10 de noviembre de ese año y una de sus conclusiones fue que, por la falta de garantías, algunos de los casos que llevaba la territorial del Ministerio de Trabajo debían ser trasladados a Bogotá.
Pero su afiliación a la USO y su activismo por la causa de los enfermos y discapacitados de la industria petrolera le depararían a John Carlos nuevas dificultades y temores, esta vez por su integridad física. Empezó a ser objeto de amenazas y chantajes. En algún momento escuchó disparos al aire cerca de su casa, después lo llamaron, lo insultaron, le dijeron que lo iban a matar. Además, le hicieron allanamientos sin orden judicial y gente desconocida lo siguió durante sus desplazamientos.
Las amenazas se han ido intensificando, denuncia John Carlos. A principios de 2015 fue acosado por hombres armados que estuvieron a punto de atentar contra su vida. Todos esos casos están en manos de la Fiscalía, pero no se ha esclarecido nada. Por lo pronto, hoy cuenta con una camioneta blindada y un escolta que le fue asignado por la Dirección Nacional de Protección (UNP).
Por el momento, vive con el temor y con la angustia de que lo maten cuando salga a la tienda a comprar un pan. Su familia le dice que se marche del país, que no insista más, pero la convicción de que hay que ponerle freno a situaciones como la suya y la crítica condición económica a la que se ve sometido lo obligan a quedarse y a esperar que le lleguen mejores noticias, y que el Estado lo proteja.
La carpa de la resistencia
Su última gestión en favor de su causa y la de sus compañeros enfermos y lisiados de la industria petrolera la realizó desde febrero. Durante más de un mes, él y un grupo de 16 compañeros que se desplazaron desde Neiva, algunos enfermos de hernias discales, amputados e incapacitados para trabajar, se ubicaron las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, alojados en una carpa aledaña a la que ocupan desde hace tres años los trabajadores enfermos de la General Motors.
Se vinieron a Bogotá, explica John Carlos, porque en Huila no hay garantías procesales, los jueces no verifican la condición de los trabajadores y siempre les dan la razón y fallan a favor de los empleadores. En un principio, fueron 35 los enfermos desplazados desde Neiva, 25 de ellos despedidos con autorización del Ministerio de Trabajo, pero 18 debieron regresar, acosados por el intenso frío bogotano, la falta de recursos para sus gastos más elementales y la precariedad del alojamiento en la carpa, a la que llaman “la carpa de la resistencia”.
Con su presencia combativa en la carpa quieren mostrar la realidad que están padeciendo y la vulneración de sus derechos, quieren que se les reconozcan sus pensiones por invalidez y las indemnizaciones que por Ley les deben, que cesen los despidos sin pruebas, sobre todo ahora que, por la crisis de los precios del crudo, la industria petrolera está recurriendo a despidos masivos, con los enfermos en primera línea.
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* Publicado originalmente por la Agencia de Información Laboral.
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