Trinidad Cortés Antonio trabajó durante 30 años de su vida sin salario como empleada doméstica - Foto: Escuela Nacional Sindical
Trinidad Cortés Antonio trabajó durante 30 años en una casa de familia y nunca le pagaron salarios ni prestaciones.
Trinidad Cortés Antonio trabajó durante 30 años de su vida sin salario como empleada doméstica - Foto: Escuela Nacional Sindical
Trinidad Cortés Antonio trabajó durante 30 años de su vida sin salario como empleada doméstica – Foto: Escuela Nacional Sindical

Por: Ferney Darío Jaramillo – julio 28 de 2015

Trinidad Cortés Antonio es una mujer de 83 años, amable, carismática, amorosa y conversadora. Se da a querer de todo aquel que hable con ella, pues siempre tiene una sonrisa en su rostro y, pese al atropello laboral del que fue víctima, pues trabajó 30 años como empleada doméstica sin recibir salario, no guarda rencores con nadie.

La historia de Trinidad es triste, y evidencia un caso de servidumbre doméstica en pleno siglo XXI. Proveniente de un hogar campesino de Boyacá, hace muchos años –ella ya no recuerda con exactitud la fecha– llegó a Bogotá a trabajar en el servicio doméstico en casas de familias de la alta sociedad capitalina. Lo hizo por necesidad: su madre había fallecido cuando ella era apenas una niña y su padre los había abandonado a ella y a sus ocho hermanos.

“La historia mía no tiene fin, es muy larga”, dice, mientras deja ver su sonrisa. Recuerda que siendo muy joven, en Chiquinquirá se hizo amiga de un sacerdote que tenía buenos contactos en Bogotá y quien inicialmente le ofreció trabajo donde una hermana suya, así que interrumpió sus estudios y se fue a la capital a trabajar como empleada doméstica. Hacía de todo, dice: cocinaba, lavaba, planchaba y servía de nana a los hijos de los patronos.

En Bogotá, Trinidad tuvo la oportunidad de ir a un instituto y aprender un poco de cocina, de confecciones, de urbanidad y de otros oficios que le servirían en su trabajo. Todo esto, hasta que un buen día empezó a trabajar en la casa de los Santa María Brihuiss, una adinerada familia que varios años después, por recomendación médica, se desplazó a Medellín, donde poseían una importante empresa y una finca en el suroeste de Antioquia.

La familia se radicó en una residencia del barrio El Poblado de la capital antioqueña, donde Trinidad era la empleada de confianza y la encargada de realizar gran parte de los oficios domésticos. Como el señor de la casa era piloto de aviación, una de sus tareas más arduas era lavarle los uniformes a mano: “eran blancos, pero se veían negros del humo de los aviones. Tocaba lavar hasta dos y tres uniformes diarios con agua caliente y almidonarlos todos”, recuerda.

La relación con la señora de la casa no era la mejor: ésta le gritaba y, cuando consideraba que no realizaba bien sus labores, la ultrajaba físicamente. Su situación empeoró en 1983, año en que la familia tuvo una crisis económica y en que, además, el señor Santa María falleció. Dejaron de pagarle el salario, sin embargo, Trinidad les siguió sirviendo, pues sentía solidaridad y afecto por la familia y esperaba que saliera de su crisis económica. Le decían que estuviera tranquila, que cuando vendieran la finca que tenían en el suroeste antioqueño le pagarían todo lo que le debían.

Al tiempo vendieron la finca, pero no le pagaron y Trinidad tampoco fue capaz de reclamar porque, para ese entonces, la señora Miriam Santa María, su patrona, se enfermó, y Trinidad sentía una especie de obligación moral con ella, sentía que la debía cuidar y acompañar en su enfermedad, y en su soledad, pues Raquel, una de las hijas, la trataba despóticamente.

El maltrato de Raquel hacia su madre aumentó en la medida en que la salud de ésta se deterioró. Los demás hermanos se marcharon y formaron nuevas familias. Así las cosas, su patrona, después de la muerte de la madre, terminó siendo Raquel y su situación de maltrato se hizo insoportable, pero así y todo no se fue de la casa. Recuerda que no podía salir sin el permiso de Raquel: sólo iba de la casa al supermercado y de vez en cuando a misa los domingos, pero no se podía demorar, porque si lo hacía era seguro el regaño.

No volvió a ver a su familia

Entre tanto, nada volvió a saber de su familia. Incluso hoy, no sabe si sus hermanos están vivos o murieron. Por su trabajo perdió todo contacto social y familiar. Nunca tuvo vacaciones, por lo cual no pudo visitar a su natal Boyacá, tierra que añora, pues le trae los mejores recuerdos: los de su infancia.

Sólo sabe de Omaira, su sobrina, quien se vino con ella de Bogotá a trabajar también para la familia Santa María Brihuiss. Con ésta trabajó hasta 1979, año en que quedó embarazada y por eso la despidieron. Se casó, formó su hogar y jamás volvió a pisar el apartamento de esta familia. Al contrario de su tía, ella no quedó con deudas de agradecimiento.

Varios años después, Omaira regresó al edificio y consiguió trabajo en un apartamento vecino, desde donde escuchaba cómo maltrataban a su tía. “Yo le veía a mi tía morados en las manos y le preguntaba por ellos. Ella me decía que nada y me hacía señas de que hiciera silencio”, recuerda Omaira, quien actualmente vive en el municipio de Caldas, al sur de Medellín, y es la única persona que ayudó a Trinidad, cuando tomó la determinación de sacarla del apartamento de la familia Santa María y librarla de los maltratos.

Omaira se llevó a Trinidad a vivir con ella a Caldas, pues la situación de ésta con los Santa María en El Poblado rayaba en lo infrahumano: acababa de salir de una enfermedad que la tuvo hospitalizada más de un mes y su condición física se encontraba muy desmejorada porque no le daban la alimentación adecuada. Omaira recuerda que cuando fue por su tía al apartamento de Raquel, ésta le dijo que la única forma de sacarla de la casa era con los pies por delante, o sea de esa casa para el cementerio. No creyó que fuera verdad que se la iba a llevar.

En Caldas, Trinidad se siente contenta, puede respirar aire fresco y no recibe malos tratos. Esto también le da ánimos para recordar otros tiempos. Recuerda, por ejemplo, que cuando tenía 15 años se enamoró y quiso casarse con Francisco Daza, a quien, dice, aún lleva en el corazón. El desenlace de ese romance, como muchas cosas en su vida, fue trágico: Francisco murió de pena moral una semana después de que le asesinaran cruelmente a su hermano en una carretera de Cundinamarca. Después de eso jamás se volvió a enamorar.

También añora los años de su juventud, cuando compartía con su familia y recorría los pueblos del occidente de Boyacá. Hacían paseos y llevaban fiambres que compartían alegremente entre hermanos. Recuerda que desde su casa, ubicada en zona rural de Pauna, en las noches se veían las luces de varios de los pueblos cercanos y en los días soleados se veía el nevado del Tolima.

Con la esperanza en la justicia

Trinidad tiene muy claro que no le pagaron los 31 años que estuvo como empleada en casa de los Santa María Brihuiss, una familia a la que dedicó los mejores años de su vida, y que ahora no tiene una pensión. Por eso, desde que se retiró de trabajar a mediados de 2014, emprendió la lucha para reclamar lo que le corresponde, los derechos que le fueron vulnerados durante tanto tiempo, gracias al apoyo de personas cercanas y de la Escuela Nacional Sindical.

En ese interregno se hizo amiga de Lucía Estrada, una empleada de una importante empresa que tenía su oficina cerca al lugar donde vivía Trinidad, quien se enteró de que no le pagaban salarios desde hacía 30 años. Se propuso ayudarla. Inicialmente contactó a la abogada Natalia Moreno, especialista en seguridad social y derecho laboral, quien estudió a fondo su caso y concluyó que el mejor recurso para amparar sus derechos era una acción de tutela que se interpuso en diciembre de 2014 y fue fallada en primera instancia por el Juzgado 13 Civil de Medellín, que ordenó a Raquel, José Ignacio, María Cristina y Victoria Eugenia Santa María Bishuiss pagarle a Trinidad un salario mínimo y afiliarla a una EPS hasta que un juez laboral se pronuncie y falle definitivamente sobre sus derechos laborales.

El fallo fue impugnado por José Ignacio, pero el Juzgado 16 Civil del Circuito, en abril de 2015, ratificó lo dicho en primera instancia. En un aparte del fallo se lee:

Por lo general, la acción de tutela no es el mecanismo procedente para establecer la existencia de una relación laboral ni el reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, ésta se ha indicado para cuando se hace necesario proteger derechos vulnerados que atentan contra el mínimo vital de las personas. Esta acción constitucional, de manera excepcional, cumple un cometido superior de protección especial, ligado íntimamente con la dignidad humana.

La esperanza de Trinidad está puesta ahora en los jueces laborales, quienes tendrán que pronunciarse sobre su caso para que, después de tanto sufrimiento y humillaciones, su historia tenga un mejor final.

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Publicado originalmente por la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical.

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