Por: María Luna – abril 17de 2015
Los comentarios y la especulación sobre la aspiración presidencial de Alejando Ordóñez incrementan paulatinamente, no sólo en su ciudad natal, Bucaramanga, sino también en la política nacional. Incluso, David Barguil, el presidente del conservatismo, y José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, han manifestado públicamente que el pensamiento del procurador concuerda con muchos de los planteamientos de sus colectividades y que ya han contemplado jugarse la carta de Ordóñez como candidato.
La posibilidad de que Ordóñez esté presente en la contienda electoral de 2018, representando a la extrema derecha y a los ‘godos’, es sumamente predecible. Basta ver la propiedad con la que pregona sus críticas al gobierno, su defensa a ultranza de su pensamiento y su oposición al proceso de paz, que hace unos meses se ha vuelto más reticente y obstinada. Aunque la participación política de cualquier ciudadano es legítima, su actuación en la Procuraduría General de la Nación y su fanatismo religioso, que en repetidas ocasiones ha influido en sus decisiones, han sido ya una piedra en el zapato para el avance en el respeto por la diferencia, las libertades y la construcción de la paz en Colombia. Imaginar a Ordóñez en la presidencia es anticipar un claro retroceso para el país en éstas y otras materias.
Desde su llegada a la Procuraduría los iconos religiosos proliferaron en la entidad hasta saturarla. Sus prejuicios religiosos lo han llevado a perseguir a la comunidad Lgbti y a obstaculizar el esfuerzo ingente que ésta ha hecho para obtener sus derechos. El reconocimiento constitucional de estas parejas como familia, el fallo que le permitió a la colombiana Verónica Botero adoptar a la hija de su novia, Ana Leiderman, y otros logros de las parejas del mismo sexo, como afiliarse al sistema de salud, recibir pensiones, comprar vivienda y heredar bienes, han sido duramente refutados por Ordoñez. En la mayoría de los casos, se ha atrevido a pedir la nulidad de las sentencias judiciales que sustentan estas conquistas.
Sus acciones son discriminatorias y van en contravía del libre desarrollo de la personalidad y la igualdad definidas en la Constitución. Es inconcebible retroceder en la conquista de los derechos de esta población y ya es suficientemente arbitrario que los heterosexuales tengan en sus manos los derechos de los homosexuales. De la misma manera, otros avances como la aceptación de la eutanasia, la dosis personal y el aborto en los tres casos que contempla la Ley son execrables ante sus ojos.
Pero el único problema de la posible llegada de Ordóñez a la Casa de Nariño no es el retroceso que tendrá Colombia en el supuesto Estado laico que es sino también en el proceso de paz. Como se ha visto últimamente, el procurador no escatima oportunidad para criticar los diálogos de La Habana, con lo cual claramente hace política. No obstante, lo que predice de forma contundente la regresión son sus palabras refiriéndose a las guerrillas: “no estamos ante un ejército victorioso sino ante uno diezmado después de ocho años de seguridad democrática”. Es claro que en su mente sigue vigente la posibilidad absurda de una derrota de los subversivos por la vía militar, medida que seguramente será apoyada en un mandato suyo. Por este camino sólo cabe el vaticinio de una guerra perpetua y, con ella, más sufrimiento y más víctimas.
El respeto por la diferencia es una cualidad de la que sencillamente carece Ordoñez. Por el contrario, aprovecha su alarmantemente excesivo poder para sancionar a los funcionarios que no comparten su pensamiento. Un ejemplo claro de esto fue su decisión de destituir e inhabilitar a Alonso Salazar durante doce años por supuesta participación indebida en política e influencia en procesos electorales. El pecado de Salazar fue denunciar, en su calidad de alcalde de Medellín, que uno de los candidatos a sucederlo era apoyado por los paramilitares. Como se preveía, el Consejo de Estado tumbó la sanción por su mala interpretación de la Ley y carencia de argumentos. La furia de Ordóñez contra Salazar realmente se originaba en el proyecto de la Clínica de la Mujer, visto por él como un perverso antro abortivo. Éste no es sino uno de los casos en que ha impuesto sanciones desmedidas, pero, eso sí, el procurador no tiene problema en pedir la absolución de delincuentes como Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, Alfonso Plazas Vega, Álvaro Araújo, Iván Díaz Mateus, Óscar Suárez Mira o Mario Uribe. Y la lista se extiende.
A pesar de que el presagio de que Ordóñez se convierta en candidato presidencial es cada vez más latente, sólo en 2016 se sabrá si esta sombría posibilidad es real. Y digo sombría porque, más allá de ser el candidato del retroceso en los avances ya mencionados y muchos otros, no se puede olvidar que la burocracia y las canonjías le aseguraron su irregular reelección, votada por senadores cuyos familiares laboran en la Procuraduría, otros que tienen investigaciones abiertas y otros con los que se reunió en privado, todas éstas prácticas clientelistas que seguramente usará para alcanzar la presidencia, mucho más si aspira por el Centro Democrático o por el Partido Conservador.
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* Publicado originalmente en el portal Huérfanos Políticos.
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