Por: Christian Peñuela – abril 21 de 2015
Entre el 23 y el 27 de febrero dos jóvenes objetores de conciencia pudieron salir de los cuarteles, luego de haber sido detenidos arbitrariamente en batidas ilegales realizadas por el Ejército y luchar por no prestar el servicio militar.
El primero de ellos es Calixto Cabirrián, quien fue detenido ilegalmente por parte del Ejército el 14 de febrero en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare) y llevado a la fuerza al Batallón de Ingenieros número 28, adscrito a la XXVIII Brigada de Selva. Allí, se mantuvo en huelga de hambre durante cuatro días para rehusarse a prestar el servicio militar, puesto que se niega a participar en el conflicto armado colombiano, logrando ser desacuartelado gracias a su resistencia y a la presión de los colectivos de objetores de conciencia que acompañaron su caso y exigieron que los militares cumplieran la Ley.
El segundo joven es Julián David Jiménez Ramírez, quien fue detenido junto con otros catorce jóvenes en el barrio San Fernando de la localidad de Barrios unidos de Bogotá, el 26 de febrero a las 8 pm. Desde allí, Julián fue conducido al Distrito Militar número 1 ‘Rincón Quiñones’ de la capital, donde dio aviso a sus familiares sobre el intento de reclutamiento por parte del Ejércio. De acuerdo con su testimonio, entre las personas conducidas a esa unidad militar se encontraba un “menor de edad de 17 años”, lo que constituiría un reclutamiento forzado de menores. Luego de declararse objetor de conciencia, Julián fue liberado aproximadamente 24 horas después, aunque sabía muy bien que hace años esto hubiera tardado semanas o meses.
La salida inmediata de estos jóvenes de las guarniciones militares obedece a que la Corte Constitucional, en la sentencia T-455 de 2014, no sólo ratifica el carácter ilegal de las batidas sino que también establece sanciones para aquellos militares que incurran en estas prácticas irregulares. Esto, gracias a la presión que vienen desarrollado desde hace décadas diferentes organizaciones y colectivos antimilitaristas de objetores de conciencia en el país.
Maltratos dentro y fuera de los batallones
Según relata Julián, por la forma en que fue retenido, era claro que podía ser golpeado en cualquier momento por algún soldado. “Apenas vi el camión me asusté y salí a correr. Me siguieron dos soldados y, por eso, ahí decidí parar: por miedo. Me tomaron del cuello con una llave, me ultrajaron al subir al camión y cuando estaba en el piso un soldado hizo como si me fuera a dar una patada en la cabeza. Después de eso le pedí un minuto a un soldado para avisar a mi familia y me amenazó con ese aparato que da choques eléctricos”, señaló el joven.
Por su parte, a Calixto le resultó mucho más difícil ser reconocido como objetor de conciencia, ya que el personal del batallón se negaban a ello. Varios de ellos manifestaban que esto era un engaño y le acusaban de hacerse pasar por objetor, lo que obligó al joven campesino a lanzarse a la huelga de hambre, a pesar de que esto podía atentar contra su salud.
“Yo le dije a la doctora [que realizaba los exámenes médicos para el reclutamiento] que era objetor de conciencia y ella me dijo que no conocía eso y por eso no me reconocieron. Fueron cuatro días de huelga de hambre los que hice en ese batallón por eso, porque cuando uno está allí a uno no le da ni hambre ni ganas de comer nada. Me sentía encerrado y como un animal enjaulado”, afirmó Calixto, agregando que “cuando a uno lo tratan como si no valiera nada, entendí que a uno no le dan ganas de prestar un servicio con un uniforme y con una arma. Creo que le puedo aportar al país más desde afuera que desde adentro del Ejército. La mayor preocupación que tenía era mi mamá: ella es adulta mayor, tiene un marcapasos y tiene una situación médica donde tenía programadas citas en Bogotá; ella está al cuidado mío y, si no tiene a alguien pendiente, quién sabe que le puede pasar. Por eso, estuve a punto de volarme del batallón”.
Por su parte, Julián recordó que “me declaré como objetor de conciencia y los soldados se reían. Los jóvenes del camión tampoco me creían. Me hicieron los exámenes físicos, pero con el psicológico no me dejé. Ya después les respondí que no me iba a dejar hacer nada ni firmar ni nada. [Uno de los militares] me preguntó qué era eso de ser objetor y y le dije que era el derecho a decir ‘no’ a lo que estuviera en contra de mi conciencia y mis principios. Le dije que era el derecho a decidir no ser parte de un ejército ni ir a la guerra”. Adicionalmente, Julián señaló que “desde pequeño he estado en un ambiente político pacífico, por algunos familiares, y la formación que he tenido me ha dado muchos elementos para comprender que con las armas no se consigue nada bueno. No soy capaz de empuñar un arma, además que tengo proyectos de querer estudiar para ser profesor en mi barrio y sacar a mi comunidad adelante”.
Entre derechos reconocidos y arbitrariedad militar
Casos como el de Calixto no son nuevos. Desde hace varios años existen antecedentes de detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento en el departamento de Casanare. La Defensoría del Pueblo, en el segundo semestre de 2014, presentó su informe “Servicio militar obligatorio en Colombia: Incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia”, en el que la entidad asegura que la “Regional Casanare, en comunicación electrónica del 21 de febrero de 2013, informó que durante el 2012 se presentaron varias detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento por parte del Ejército Nacional, situación ante la cual la Regional instó al comandante de la Brigada XVI y de la Octava División para que se aplicaran las órdenes contenidas en la Sentencia C-879 de 2011”. Del mismo modo, en el informe de la Defensoría del Pueblo se detalla rigurosamente como en todas las localidades de Bogotá se han presentando estas batidas sin que se avance en su prevención.
Las detenciones realizadas por parte del Ejército a los objetores Calixto Cabirrian y Julián David Jiménez, incumplen las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, especificamente la T-728 de 2009, la C-879 de 2011 y la T-445 de 2014, las cuales el carácter ilegal de las batidas y obligan a todas las autoridades a reconocer el derecho a la objeción de conciencia. La Corte es muy clara “en advertir que tales batidas o redadas son una modalidad de detención arbitraria incompatible con el Artículo 28 CP […] Estas acciones contravienen la Constitución y la Ley, al desconocer la reserva judicial sobre la libertad personal, en tanto derecho inalienable de todos los habitantes”. Igualmente, en la sentencia T-879 de 2011, afirma que la Ley no ha otorgado “competencia a las autoridades militares para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración, pues esta práctica implica incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el Artículo 28 constitucional”.
Sin embargo, el general Jorge Eliécer Suárez Ortiz, jefe de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, ha señalado que las llamadas ‘acciones de compilación’ continuarán, a pesar de las decisiones de la Corte Constitucional. En declaraciones para el portal Kienyke.com, el alto mando señaló que “la Ley nos ordena hacer unas incorporaciones y tener la cantidad de soldados que se requieran para mantener la seguridad. Los grandes analistas que han participado en diferentes procesos de paz dicen que después de la guerra, en el posconflicto, la delincuencia se incrementa con los desmovilizados, por lo que se necesita mayor seguridad […] Las compilaciones están autorizadas por la Ley. En este momento tenemos 950.000 remisos, que son los que conducimos para que reciban la información correspondiente, y no nos podemos quedar sin jóvenes que le sirvan a la patria”.
Durante años, las múltiples vertientes del movimiento de objetores de conciencia han venido impulsando el desacuartelamiento de quienes resultan capturados en estas batidas, logrando importantes avances legales para garantizar los derechos de miles de jóvenes que se niegan a ser reclutados por la Fuerza Pública. A pesar de las declaraciones del general Suárez y de la forma en que los militares siguen violando la Ley y las sentencias de la Corte Constitucional, casos como los de Calixto y Julián dejan claro hasta dónde han avanzado los esfuerzos antimilitaristas y que sí es posible pensar en un país sin servicio militar obligatorio.
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