En Colombia ser maestro ‘pilo’ no paga

Por: Juan Carlos Jaime Fajardo* – mayo 7 de 2015

¿Por qué decir que en Colombia ser maestro ‘pilo’ no paga? Porque la llamada evaluación de competencias que pretende reconocer la calidad docente es una farsa, pues no tiene en cuenta los títulos, la experiencia ni la producción académica como criterios para ascender o reubicarse en el escalafón sino que restringe dicho reconocimiento a un examen escrito que no da cuenta de las capacidades de los maestros, limitándose a facilitar el control fiscal.

Tener título no paga

Las cifras muestran que de los maestros regidos por el Decreto 1278 de 2002, en total 93.000, 6.842 tienen maestría, lo que equivale al 7%, aproximadamente; de éstos, 3.460 han logrado reconocimiento en el grado 3 del escalafón, o sea, cerca del 50% de los magíster nombrados, mientras los restantes siguen en grado 2, con las implicaciones salariales correspondientes. El 10% de los maestros con doctorado están en grado 2 y tan sólo en la escala superior del escalafón 3 se encuentra otro 10%. Esto quiere decir que los títulos académicos quedan sujetos a la mencionada prueba escrita, lo cual es mucho más grave cuando hay más de 30.000 provisionales sin derecho de carrera.

Reconocimiento por presupuesto y no por conocimiento

Por otra parte, llama la atención que, en promedio, tan sólo el 20% logre pasar el examen de la llamada evaluación de competencias, mientras que el restante 80% lo pierde, en muchos casos con 79 puntos de los 80 requeridos.

¿Dónde está la farsa de tal evaluación? En lo presupuestal: tan sólo el 1% del Sistema General de Participaciones (SGP) de cada entidad territorial certificada se asigna para el escalafón docente, es decir, no pueden pasar dicha prueba un número de maestros que supere tal presupuesto. Esto explica por qué el promedio salarial de los maestros está cerca a los $1,6 millones y por qué el 83,8% de los regidos por el Decreto 1278 se encuentre en el grado 2 del escalafón, pues no sucede esto por incapacidad de los docentes, como lo hacen ver las entidades gubernamentales y algunos medios de comunicación.

Tal situación la genera una política de racionalización del gasto materializada en la Ley 715 de 2001. En 2011, una carta de la exministra de Educación, María Fernanda Campo, dirigida a Diego Patiño, presidente de la Comisión Sexta del Senado, la funcionaria solicitó archivar el proyecto de ley que cursaba en el Senado para ascender directamente con los títulos, sin necesidad de la evaluación de competencias, lo cual dificultaría las proyecciones financieras. Al respecto, en un estudio anexo, menciona que “en el 2010 se presentaron 33.480 maestros para ascenso y reubicación, de los cuales 4.266 se presentaron para ascender y superaron la prueba 1.957, lo que se traducirá en costo de $14.000 millones. Si hubiesen ascendido a todos, el costo sería de $34.000 millones”.

Mercado educativo

Unido a lo anterior, con el anhelo de ascender en el escalafón se ha profundizado el mercado educativo, sobre todo en posgrados y habilidades como el bilingüismo, el manejo de TIC y las competencias ciudadanas, incrementándose el crédito educativo o la trasferencias de recursos públicos a las universidades privadas en forma de subsidios, ya sea que se direccionen a través de las secretarías de educación o directamente hacia la responsabilidad individual.

Esto coincide con una serie de habilidades y destrezas en las que se invierte para mejorar las funciones docentes, contribuyendo así a la productividad de los grandes capitales y ajustándose a la teoría del capital humano. Por eso, la Fundación Compartir sostiene que el objetivo de la educación, debe ser dedicarse a generar valor agregado a las mercancías y que en esto los docentes serían el pilar fundamental.

Tal situación es más precaria en los maestros de colegios privados y los entregados en concesión, sobre todo de los estrato uno, dos y tres, donde los maestros no tienen garantías laborales.

Bastante evaluados

Vale aclarar que la llamada evaluación de competencias es tan sólo una de las evaluaciones que debe superar actualmente el maestro regido por el Decreto 1278, pues existen otras tres adicionales. En primer lugar, la evaluación de ingreso, que exige pasar una prueba escrita, una entrevista y tener experiencia. En promedio, sólo el 10% de los postulados pasan tal evaluación y hay que anotar que para el último concurso se presentaron 284.517 personas para proveer tan sólo 24.250 cargos.

En segundo lugar, la evaluación del periodo de prueba, que se realiza durante el primer año académico y que, si se pierde, deja excluido al docente del empleo. En tercer lugar, la evaluación de desempeño, que se efectúa anualmente y en la que se tiene en cuenta la práctica pedagógica, la relación con la comunidad, el manejo de TIC y la capacitación, entre otros aspectos. Si el maestro la llega a reprobar por dos periodos consecutivos también queda excluido del empleo.

Además, existe la evaluación institucional, donde se encuesta a estudiantes y padres de familia sobre la labor del maestro y, a partir de allí, se diseñan planes de mejoramiento. Los maestros actualmente nombrados por el Decreo 1278 han superado esos procesos evaluativos.

Ser maestro ‘pilo’ no paga

A lo anterior se suma el hacinamiento en las aulas: hay grupos en los que hay que realizar los procesos educativos hasta con 45 estudiantes. Esto, sin tener en cuenta las diferentes peripecias que hay que sobrepasar en la cotidianidad magisterial. Sin duda, quien logra superar diariamente tales pruebas evaluativas y convivenciales es un ‘pilo’, aunque esto no se reconozca en lo salarial y, muchas veces, tampoco en la opinión pública.

Por tanto, no es cierto que los maestros no quieran ser evaluados ni, mucho menos, que se opongan a la evaluación por no sentirse aptos para ella. Sencillamente, cuestionan la falsa evaluación del examen de competencias, que se ha constituido en herramienta de control fiscal, antes que pedagógica, pues, como ya se dijo, no valora los estudios realizados, la experiencia, ni la producción intelectual para moverse en el escalafón sino que esto lo determina sólo el presupuesto antes que un modelo pedagógico.

En síntesis, en Colombia ser maestro ‘pilo’ no paga.

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* Catedrático de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), docente del área de Ciencias Sociales con vinculación al magisterio a través del Decreto 1278 de 2002, doctorando en Educación e integrante de la organización Nuevos Maestros por la Educación – Modep. Cajafa2005@yahoo.com

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