Por: Rafael Rincón Patiño – agosto 23 de 2007
Dar a cada quien lo suyo es la máxima por antonomasia de la justicia, pero identificar lo suyo de cada quien es el reto y lo que diferencia a políticos, economistas, filósofos y gobernantes.
La distribución pone de moda criterios y teorías de justicia. La meritocracia, por ejemplo, sonó mucho a comienzos del gobierno Uribe V., pero luego, el reparto de embajadas y consulados por mérito electoral opacaron este principio.
Hoy, el criterio de redistribución va de la mano de la competitividad: el mercado es el que hace el proceso discriminatorio de selección natural en donde el más fuerte, el de la posición dominante, termina gobernando y fungiendo de ‘mano invisible’ y justiciera.
En este paradigma de competitividad, ajeno a la solidaridad, las plausibles alianzas para alcanzar la equidad (Ej.: Alianza de Antioquia por la Equidad) se vuelven invisibles y retóricas, porque cuando se presenta la oportunidad de conseguir ventajas, de hacer negocios o de lucrarse con la plusvalía que generan las obras públicas, los ánimos filantrópico y los sentimientos de culpa, que provocan buenas intenciones sociales, hacen aguas ante la pugna por las utilidades económicas.
Las motivaciones altruistas de equidad, la cultura corporativa y los balances sociales se desvanecen cuando la riqueza llama a la puerta: las ligaduras por la equidad se ablandan y desaparecen cuando el beneficio es próximo y propio.
Así está ocurriendo en Medellín con los promotores de la llamada Vía Distribuidora: una obra pública de 36.000 millones de pesos en la zona de mayor ingreso per cápita, en el lugar de más alto Índice de Desarrollo Humano (0,825) de Antioquia, en la llamada Milla de Oro de la ciudad de Medellín. Allí en donde están radicados los negocios de más altos ingresos –Banco de Colombia, Almacenes Éxito, Carrefour, Texas, Mobil, Esso, Homecenter, Universidad Eafit, El Colombiano–, se está construyendo, con los impuestos de los que pagan, una obra para quienes menos pagan o no los pagan.
La llamada Vía Distribuidora se financia con la sobretasa ambiental al impuesto predial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El espíritu de la sobretasa ambiental es tener un ingreso para mejorar la calidad ambiental, ella debe ser aplicada con eficiencia, eficacia y equidad. Sin embargo, son 36.000 millones de pesos para destruir un bosque de 75.000 metros cuadrados y construir una vía que será ineficiente e ineficaz para mejorar la calidad ambiental y, peor aún, para mejorar la movilidad. Parece una obra de la Secretaría de Obras Públicas de Medellín y no una obra de la autoridad ambiental metropolitana.
No es una obra que reduzca la contaminación ambiental: el material particulado y los niveles de ruido se incrementarán con el aumento del flujo vehicular, con la tala de árboles y con la construcción de los tres nuevos carriles vehiculares.
La Vía Distribuidora es una obra contraria a la Ley 99 de 1993 (Art. 44) y al espíritu de la sobretasa ambiental. Es una obra eficaz para el uso del carro, una obra que satisface la vanidad de muchos de los tenedores de vehículos, que regala una plusvalía urbana y mejora la circulación de los consumidores. Es una obra eficaz para concentrar el capital, ineficaz para mejorar la calidad ambiental, un nefasto aporte al calentamiento global y una violación del derecho al desarrollo de los municipios más empobrecidos.
La Vía Distribuidora se financia con los dineros de todos los propietarios de predios del Valle de Aburrá, pero beneficia económicamente sólo a un puñado de negociantes que tienen los más altos ingresos y, ambientalmente, no beneficia a nadie. No es cierto que mejore la movilidad, porque la obra deja intactos los cuellos de botella, lo que hace es trasladarlos.
La relación de ingresos per cápita entre los ciudadanos de los corregimientos del municipio de Medellín respecto a los ingresos de los ciudadanos de la comuna de El Poblado tiene una brecha escandalosa de 1 a 37. El municipio de Envigado, otro gran beneficiario de la obra, nunca ha pagado la sobretasa al Área Metropolitana.
El molido principio ambiental que dice que “quien contamina paga” es letra muerta para el Área Metropolitana. Con la Vía Distribuidora los contaminadores no pagan, son los contaminados los que pagan: la contaminación del río Medellín la reciben los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, que son los que pagan la sobretasa ambiental, para que los contaminadores que tienen sus negocios en la Milla de Oro puedan darse el lujo de llegar en carro a sus empresas. Eso no es equidad, ese silencio socarrón es la alianza contra la equidad.
El contrato que desarrolla el Área Metropolitana para crear la llamada Vía Distribuidora es un contrato injusto, porque es una obra que privilegia el interés particular por encima del interés general, es contraria a los principios ambientales y contraría el principio constitucional de equidad.
Decía el pensador político estadounidense John Rawls (1921-2002) que “la justicia es la nota distintiva de las instituciones básicas de la sociedad: no sólo basta con que sean ordenadas y eficientes, si las instituciones básicas no son justas deben cambiarse”.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá pierde el año con la Vía Distribuidora. Una institución que capitaliza para los poderosos los ingresos de las mayorías y que actúa en contravía a su objeto legal no tiene futuro. No basta con ser una institución ordenada y eficiente, tiene que ser justa, coherente, transparente y equitativa.
Y los particulares deberían tomar en serio la ‘alianza de Antioquia por la equidad’ y empezar adoptando una alianza moral mínima contra la iniquidad, comprometerse a no empeorar la desigualdad y así crear confianza en torno a las posibilidades de crear mayor justicia social en el mundo. (SHUE, Henry. Not contributing to terrorism. 2001).
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* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y de Gobernabilidad.
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