Por: Marcela Zuluaga – mayo 3 de 2015
Colombia es el segundo país donde más se han asesinado periodistas en los últimos 14 años, según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), y este año ya se han presentado dos nuevas víctimas, convirtiéndose en uno de los lugares en los que más se violan los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión.
El pasado 2 de marzo, fue asesinado en Palmira (Valle del Cauca) el periodista Édgar ‘Quintín’ Quintero, quien trabajaba para la estación local Radio Luna. Este crimen ocurrió tan sólo 15 días después del homicidio de Luis Peralta, quien laboraba en la emisora Radio Linda de El Doncello (Caquetá).
Al respecto, Fabiola León, corresponsal en Colombia de RSF, comentó que los dos periodistas habían hecho críticas en su trabajo informativo a las administraciones de sus respectivas regiones y que ambos eran comunicadores críticos, que utilizaban el periodismo de “opinión como una forma de ejercer el derecho a la libre expresión”. La representante de la organización internacional señaló que crímenes como éstos buscan generar mecanismos de censura hacia “todos aquellos que ejercen el derecho a la información: la gente va a tener temor para poder hablar sobre denuncias [y] casos de corrupción”.
La amenaza: principal agresión contra los periodistas en Colombia
Durante 2014, según el informe “Vulneraciones a la libertad de prensa y el derecho a la comunicación” de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), publicado el 9 de febrero, Día del Periodista, se registraron 146 agresiones contra comunicadores en Colombia. El reporte indica que el año pasado se cometieron 20 agresiones más que en 2013, con 35 víctimas adicionales, lo que significa un incremento del 15%.
Sobre el aumento de casos de periodistas agredidos en Colombia, Fecolper indica que durante 2014 se presentaron tres procesos electorales, entre ellas el presidencial, y esto hace que, de alguna manera, los particulares o seguidores de ciertos grupos políticos se incomoden cuando algunos periodistas hacen ciertas investigaciones o alertan sobre aquellos candidatos involucrados en temas de corrupción. Adicionalmente, señala la organización gremial, se incrementaron los casos en los que, durante el cubrimiento de protestas sociales, los periodistas fueron agredidos tanto por manifestantes como por la misma fuerza pública, especialmente en el departamento del Huila.
De otra parte, señala el informe anual de la Fecolper, las amenazas se consolidan como el principal tipo de agresión que sufrieron los comunicadores durante 2014. Al respecto, Adriana Hurtado, presidenta de la organización, comento que “la amenaza sigue siendo la principal forma de querer callar a los periodistas, amenazándolos de manera verbal o de forma física. Estos hechos siempre son constantes y acompañan la obstrucción del trabajo periodístico”.
Acerca de los autores de las agresiones contra la prensa, la líder del gremio de comunicadores señala que “por omisión de la Fiscalía, que no es capaz de investigar, no se conoce quiénes son” los responsables de las amenazas y que, por esto, “la Fuerza Pública, después de los desconocidos, sigue siendo el principal agresor. Esto significa que estos grupos armados no tienen la suficiente ilustración sobre el respeto a la libertad de prensa o, sencillamente, estas vulneraciones se presentan en hechos en los que desafortunadamente no hay control de la situación”.
Entre las amenazas registradas en el año 2014, el informe anual de Fecolper destaca que entre enero y febrero fueron amenazados, intimidados y seguidos varios periodistas que integran el equipo de Noticias Uno y que se presentó una alerta de bomba en el edificio de la Revista Semana.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también publicó su informe anual, en el que señala que durante el año pasado se produjeron 131 agresiones directas contra la prensa en Colombia, lo que causó un total de 164 víctimas.
En ese sentido, cabe recordar que a final de 2014 fueron amenazados distintos medios de comunicación en el país, en lo que pareció una estrategia articulada de estigmatización y persecución contra la prensa. El 1 de diciembre se conoció de una amenaza contra el Canal Capital, la cadena Telesur y la Agencia Reporteros Sin Fronteras por parte de las Águilas Negras. Al día siguiente fue amenazado el director del periódico comunitario Patio Bonito al Día, el comunicador Nelson Armesto Chávez.
Adicionalmente, el 4 de diciembre un panfleto amenazante firmado por el Bloque Capital Águilas Negras fue enviado a las cuentas de correo de distintos medios y periodistas, entre ellos El Turbión, estigmatizando la labor periodística como terrorista y exigiendo el cese de todas las actividades de estos comunicadores antes del 1 de enero de 2015.
Sobre estos hechos, Adriana Hurtado comentó que “desafortunadamente, cuando suceden hechos de amenazas a este tipo de medios, vemos con preocupación que no son asumidas por la Fiscalía y que los diversos actores que deberían investigar […] generalmente intentan deslegitimar la procedencia”. Además, explica que en varios informes de las distintas autoridades encargadas de investigar la procedencia de estas amenazas “se ha dicho que las Águilas Negras no existen, pero los fenómenos sociales en otras zonas dan cuenta de cómo grupos paramilitares se han venido reorganizando en otras estructuras. Esto no es nuevo, esto ha sido confirmado por la Defensoría del Pueblo y entidades de derechos humanos”.
Sobre las amenazas y agresiones, Fabiola León de RSF, comentó que, a medida que nos acercamos a una firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, “lo que vamos encontrando es un aumento de la violencia, normal dentro de este tipo de procesos, donde hay una polarización de la información”.
Periodismo e interceptaciones ilegales
La FLIP, en su informe “60 años de espionaje a periodistas en Colombia”, recordó que en 2014 se destapó el caso de la operacion Andrómeda, una acción de inteligencia del Ejército con la que militares y civiles reclutados por éstos interceptaban ilegalmente las comunicaciones de los representantes del Gobierno Nacional en los diálogos de paz de La Habana y a decenas de periodistas que cubren estas negociaciones. Según la FLIP, se conoció que los operarios de inteligencia involucrados contaban con una lista de correos electrónicos, incluidos los personales, de los afectados, pero no es de conocimiento público la información extraída de allí ni si siguieron siendo objeto de este tipo de invasión a la privacidad.
Sobre las interceptaciones, Adriana Hurtado mencionó que “hemos encontrado casos de hackeo, siendo una nueva forma de querer silenciar diferentes formas de comunicación a través de los medios digitales”. Estos casos dan cuenta de la ausencia de garantías para ejercer un periodismo independiente en el país, de la dificultad para el cubrimiento de temáticas relacionadas con el conflicto armado colombiano y de la imposibilidad de ejercer el derecho a la libre información.
Se requiere, según la líder gremial, que la Fuerza Pública sea capacitada, como lo ordenan acuerdos internacionales suscritos por Colombia, en materia de libertad de expresión para, de hecho, garantizarla y comprometerse a ser uno de los promotores de esta libertad. Del mismo modo, Adriana Hurtado comentó que “desafortunadamente, con este fenómeno de reencauche después de la aparente desmovilización de los paramilitares, se da el surgimiento de las bandas criminales y estas bandas […] vienen ‘molestándose’ por las investigaciones que hacen los periodistas”.
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