Por: Amy Goodman– 17 de mayo de 2010
Luego de que la plataforma petrolera Deepwater Horizon de British Petroleum explotó en el Golfo de México, dejando un saldo de 11 trabajadores muertos y desatando lo que podría ser el peor desastre ambiental de la industria en la historia de Estados Unidos, la empresa anunció ganancias de más de 6.000 millones de dólares para el primer trimestre de 2010, más del doble de las ganancias obtenidas en el mismo período del año anterior. La analista de la industria petrolera Antonia Juhasz advirtió que “BP es una de las empresas más poderosas que operan en Estados Unidos. Sus ingresos de 327.000 millones de dólares en 2009 son suficientes para clasificar a BP como la tercera empresa más grande del país. Gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y en la supervisión del cumplimiento de las normas”. El poder y la riqueza que detentan BP y otras gigantes petroleras no tienen prácticamente parangón en el mundo y plantean una amenaza a las vidas de los trabajadores, al medio ambiente y a nuestras perspectivas de democracia.
Hace sesenta años BP se llamaba Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC, por sus siglas en inglés). Un gobierno iraní popular y progresista había pedido a la AIOC, un monopolio en su mayor parte de propiedad británica, que compartiera más de sus ganancias del petróleo iraní con el pueblo de Irán. La AIOC se negó, lo que provocó que Irán nacionalizara su industria petrolera. Esto no le cayó bien a Estados Unidos, por lo que la CIA organizó un golpe de Estado contra el primer ministro Mohammed Mossadegh. Luego de que fuera derrocado la AIOC cambió su nombre a British Petroleum, recuperó gran parte de su monopolio y a los iraníes les impuso la cruel dictadura del Sha, sembrando la semilla de la revolución iraní de 1979, la subsiguiente ‘crisis de los rehenes’ y el conflicto político que atormenta a Irán hasta nuestros días.
En 2000, British Petroleum cambió su imagen y pasó a llamarse BP, adoptó un logo con flores verdes y amarillas y comenzó a asediar al público estadounidense con una campaña publicitaria que afirmaba que estaba avanzando “más allá del petróleo”. Sin embargo, el crecimiento agresivo de BP, sus enormes ganancias y su historial en materia de desastres vinculados con el petróleo pintan un panorama muy diferente.
En 2005, la refinería de BP de la ciudad de Texas explotó, dejando un saldo de 15 muertos y 170 heridos. En 2006, un oleoducto de BP en Alaska derramó 200.000 galones de crudo, provocando lo que la Agencia de Protección Ambiental denomina “el mayor derrame ocurrido en North Slope (Alaska)”. BP recibió una multa de 60 millones de dólares por ambos desastres. Luego, en 2009, la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés) multó a BP por otros 87 millones de dólares por la explosión de la refinería. La secretaria de Trabajo, Hilda Solís, dijo: “BP permitió que cientos de potenciales peligros continuaran sin ningún tipo de disminución […] La seguridad laboral es más que una consigna. Es la ley”. BP respondió impugnando formalmente todas las acusaciones de la OSHA.
El presidente Barack Obama afirmó, sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, que “BP es responsable de este derrame; BP pagará la cuenta”. Riki Ott
no está segura. Es toxicóloga marina y ex pescadora de Alaska, y fue una de las primeras personas en responder al desastre petrolero del Exxon Valdez en 1989. Exxon desplegó un ejército de abogados para demorar y revocar las demandas legales de la gente que resultó perjudicada física y financieramente por el derrame del Valdez. “La industria hace todo lo que puede para limitar su
responsabilidad, BP va a pagar hasta donde la ley lo obliga. Estas grandes empresas ayudan a redactar nuestras leyes y ayudan a elegir a nuestros congresistas, que aprueban esas leyes. Entonces, estamos como en un juego donde nos hacen trampa”, me dijo.
El periódico Press-Register, de Mobile (Alabama), informó que el fiscal general
de Alabama, Tory King, le dijo a BP que “dejara de hacer circular acuerdos extrajudiciales entre la población costera de Alabama”. Aparentemente, BP le estaba pidiendo a los propietarios de botes pesqueros que buscaban trabajo en la mitigación del derrame que renunciaran al derecho de demandar a BP en el futuro. A pesar de la promesa del portavoz de BP de que las renuncias no serían
utilizadas, el artículo afirmaba: “King dijo el domingo que aún le preocupaba que, al aceptar los acuerdos propuestos por BP de hasta 5.000 dólares, la gente perdiera su derecho a demandar”.
Incluso aunque BP no engañe a las víctimas para que renuncien al derecho a demandar, la Ley de Contaminación con Petróleo de 1990, si bien exige a los contaminadores que paguen los costos reales de limpieza, pone un tope de 75 millones de dólares a la responsabilidad financiera adicional de un derrame. Teniendo en cuenta que millones de personas sufrirán el impacto del derrame mediante la pérdida de pesca y turismo, y por la cadena de impactos en las industrias vinculadas, 75 millones es una mísera suma.
Por este motivo el senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para elevar el tope de la responsabilidad económica por daños y perjuicios a 10.000 millones de dólares, y denominó al
proyecto: “Ley de Prevención del Rescate de las Grandes Petroleras”. Riki Ott está de gira por Nueva Orleáns y la Costa del Golfo, educando a las personas acerca de los efectos tóxicos del derrame y ayudándolas a prepararse para la larga batalla que tienen por delante para lograr que BP sea responsabilizada.
BP seguramente continuará con sus prácticas sucias y tratará de evitar ser responsabilizada a nivel judicial, en la prensa y en las playas manchadas de petróleo. BP: debes estar bien preparada.
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