Por: Fermín Romero – mayo 3 de 2009
El Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, millones de trabajadores marcharon en las principales ciudades del mundo, en el marco de la recesión causada por el monopolio que la banca tiene del sistema económico mundial y por la inflación que originó EEUU al emitir de forma irresponsable millones de dólares. Por ello, cientos de manifestaciones demandaron acciones que respondan a las necesidades de la gente y generen cambios globales en materia política, económica y ecológica. En Bogotá, durante la jornada, 60.000 personas denunciaron la responsabilidad de la banca y se manifestaron en contra de la reelección de Uribe y de la ‘seguridad democrática’, exigiendo que se aclaren los miles de casos de vulneración de derechos humanos de los que han sido victimas indígenas, sindicalistas, periodistas, estudiantes y líderes sociales, y evidenciaron que las acciones paramilitares amparadas por las actuales políticas de Estado.
Durante la marcha en Bogotá, la indignación de miles de personas se hizo sentir de muy diversas formas: usando comparsas, muestras de teatro callejero y arengas se hicieron escuchar las denuncias y se trató de poner en conocimiento público la voz de los movimientos sociales y las organizaciones políticas con proyectos alternativos de país.
Los manifestantes denunciaron la difícil situación de los trabajadores en Colombia y la alta tasa de desempleo existente en el país, una de las más altas de América Latina. Según un reciente estudio de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la cifra asciende a 2,8 millones de personas sin trabajo.
Otras denuncias se centraron en el aumento de la pobreza, en la precariedad del salario mínimo que gana la mayoría de los colombianos y en el robo de tierras por parte de multinacionales y paramilitares, que ha ocasionado el desplazamiento de 4,6 millones de personas.
De igual manera, se protestó contra la privatización de las empresas estatales, medida que responde a los intereses de monopolios económicos que tratan de sacar provecho de la venta de los servicios básicos, como es ahora el caso del agua y las comunicaciones. En el caso de la capital, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (Sintrateléfonos) denunció las intenciones de la Administración Distrital y del Gobierno Nacional de vender una parte importante de dicha empresa a una multinacional española, mediante un proceso de capitalización.
En materia de derechos humanos, las protestas denunciaron el aumento de la persecución a organizaciones sociales y la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales que se disfrazan como muertes en combate con las Fuerzas Militares o como parte del combate a la delincuencia común por parte de la Policía. Adicionalmente, los trabajadores no dudaron en señalar que, durante los cinco primeros meses del año, 12 sindicalistas han sido asesinados y han aumentado las amenazas de muerte y las persecuciones judiciales contra líderes sociales, así como la circualción de panfletos amenazantes en los barrios populares.
Las protestas también evidenciaron que fuerzas paramilitares se han reestructurado y siguen controlando ciudades capitales y zonas rurales. Además, los manifestantes protestaron por la impunidad que gozan los causantes de decenas de miles de asesinatos selectivos y del desplazamiento forzado, que aumentó un 54%, lo que estaría demostrado en el caso de las extradiciones de jefes paramilitares, que nunca dirán quiénes eran sus verdaderos jefes y la responsabilidad real de las multinacionales y de los EEUU en las masacres y desplazamientos.
Además, se denunció que el Estado no asume la responsabilidad por los crímenes que comete. En el caso de Nicolás Neira, joven de 15 años asesinado por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) el 1 de mayo de 2005, el asesinato quedó impune y ningún uniformado ha sido procesado, a pesar de que las evidencias en video demuestran la responsabilidad de los uniformados y de que la Procuraduría emitiera una resolución acusando a los policías por el homicidio del menor.
En Bogotá, la asistencia a la marcha del Primero de Mayo se ha mantenido en cantidades similares a las manifestaciones de años anteriores, aunque se observa que crece la participación de los jóvenes en las marchas. Sin embargo, algunos medios sólo se dedicaron a cubrir los destrozos causados por las confrontaciones entre algunos manifestantes y la Policía, de los que no dudan en culpar a estos jóvenes, dejando de lado las diferentes manifestaciones de inconformismo y propuestas de cambio al modelo económico y político.
De esta manera, las reflexiones que las movilizaciones debieran suscitar quedan reducidas al espectáculo violento que muestran los medios, donde no cuentan los atropellos de la Fuerza Pública contra los manifestantes e, incluso, los mismos periodistas. El Primero de Mayo se reportó en Bogotá la detención de más de 130 personas, muchas de ellas menores de edad, y la apertura de procesos judiciales contra seis de ellas, mientras nada se dijo de la arbitrariedad con la que muchos jóvenes fueron arrestados ni sobre la responsabilidad de la Policía en las lesiones y heridas que muchos otros sufrieron.
Sin embargo, siguen creciendo las manifestaciones. El Primero de Mayo, decenas de miles de personas demostraron que, ante las desapariciones forzadas, los falsos positivos, las políticas presidenciales de corrupción y asesinato, y las medidas económicas que favorecen el sistema financiero a costa de los pobres, las alternativas de solución a los peores efectos del actual orden de cosas se encuentran en manos de quienes vuelven a tomar la calle para enfrentar la exclusión y la miseria.
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