Junio 7 de 2009
La pregunta de Mauricio Ardila, miembro de la Asociación de Carreteros de Bogotá, refleja la preocupación que tiene frente a su futuro inmediato: si, desde mediados de junio, recoger y transportar materiales reciclables se convierte en algo ilegal no podrá alimentar a su familia y enviar a sus hijos al colegio será más difícil. Él, al igual que más de 20.000 personas que viven de recoger, clasificar y transportar este tipo de residuos, se encuentra muy preocupado por la reglamentación que favorece a grandes empresas almacenistas, clasificadoras y transformadoras de materiales.
A pesar de que, durante más de 40 años, los recicladores han ayudado diariamente a que retornen toneladas de materiales reciclables a la industria y le han ahorrado millones al Estado en recolección y clasificación –evitando de paso que nademos en basura–, la nueva ley dejaría sin empleo a miles de personas. Con esta medida, el gobierno, en lugar de proteger a una población vulnerable, que se rebusca la vida en la última forma legal de trabajo que le queda, termina reduciendo drásticamente la posibilidad de resolver sus necesidades básicas y privilegia de paso a otro sector de la sociedad, que cuenta de cuna con oportunidades y ventajas sobre el resto de la población.
El reciclaje es una labor de la que viven miles de familias en Bogotá que, con la Ley 1259, quedarán sin el sustento que les daba un negocio que quieren acaparar las empresas privadas de aseo y grandes almacenistas, entre los que se encuentra la empresa Recursos Ecoeficiencia SA, de propiedad de los hijos del presidente. Aunque el sector mueve formalmente mueven $61.000 millones al año, estas empresas van por el dinero que se mueve en la parte informal y que le da sustento a quienes han recurrido a esta forma de vivir como última opción u oportunidad de trabajo legal, afectando también a pequeños almacenistas y transportadores de materiales que usan carros ‘no convencionales’.
En la actualidad, los recicladores consiguen sus ingresos dependiendo de la cantidad de material reciclable que puedan recoger y transportar. Sin embargo, los precios de los materiales no compensan el esfuerzo que se realiza al caminar durante horas para luego clasificar y vender en una bodega minorista, ya que responden al precio del material y no al trabajo desempeñado. Además, desde diciembre los precios de los materiales han bajado entre el 50% y el 80%, en algunos casos. Así, por ejemplo, el cartón pasó de $500 a $150 el kilogramo y el aluminio bajó de $5.000 a $1.500 el kilogramo.
El cinismo abunda
En Bogotá, a pesar de que la propia Administración Distrital reconozca que el reciclaje es un un oficio que emplea informalmente a miles de personas, que las condiciones sanitarias de Bogotá no empeoran gracias a la labor que realizan quienes se dedican a esta labor y que el relleno sanitario de Doña Juana tiene una mayor vida útil al no recibir las 900 toneladas de basura diarias que recogen diariamente, algunas empresas de aseo pretenden mostrar a la ciudadanía que el trabajo de estas personas es un problema estético y de ‘convivencia ciudadana’. De esta manera, promueven mediante volantes la idea de que los recicladores riegan los desperdicios en las calles y que, por ello, la basura se debe sacar sólo cuando el carro recolector pase. El problema, no obstante, no es que quienes dependen de esta actividad se anticipen y esparzan los residuos, como quieren demostrar los beneficiarios de la nueva ley, ya que de los 20.000 recicladores que hay en la capital sólo 8.000 son indigentes y habitantes de calle. El asunto en cuestión es qué van a hacer miles de familias después de que su actividad de sustento sea ilegal y penalizada.
Sin embargo, la indiferencia frente a la suerte de quienes rebuscan entre la basura una forma legal de vivir sobrepasa los verdaderos alcances e intenciones de esta ley nacional: la opinión pública no reconoce que las empresas privadas de aseo no han cumplido nunca con la labor de recoger toda la basura que se produce y reduce una labor informal, causada por la aguda crisis socio económica y política que vive el país, a la ilegalidad y la marginalidad.
Los recicladores de la capital, por más de dos generaciones, han evitado que las condiciones sociales empeoren, aliviando a Bogotá de la ineficiencia de las empresas recolectoras de basura. Son, además, la base del negocio del reciclaje y, a pesar de la baja remuneración por conformar el sector informal del negocio, le han ahorrado a la industria billones de pesos. Sin embargo, antes de protegerlos y mejorar sus condiciones de vida, se les margina para captar los dineros que permiten que sobrevivan a la falta de oportunidades. El silencio sigue rondando este asunto, a pesar de que algunos periodistas y medios han expuesto el interés de Tomás y Jerónimo Uribe por acaparar el negocio.
El gobierno, con esta medida, demuestra que no le interesa la situación social que viven amplias capas de la población. Al contrario, privilegia a la familia Uribe, que ahora le quita el trabajo a miles de recicladores. La medida sigue su curso y los pobres están destinados a ser más pobres, y más perseguidos.
Mosquera: el Ubérrimo de Tomás y Jerónimo
El negocio de Mosquera no se limita a la Zona Franca de Occidente y a la forma como se hicieron a las tierras los hijos del presidente: el gran negocio radica en las prerrogativas que obtienen estos polémicos empresarios para hacerse con el monopolio sobre el reciclaje en toda la sabana de Bogotá. Con la excención de impuestos que obtienen por ubicarse en la recién declarada zona franca, la empresa de los jóvenes Uribe podrá reciclar sin pagar impuestos y, con la ley nacional que convierte la basura en propiedad del Estado, los materiales llegarán a ellos sin que les cueste un peso gracias a las empresas de aseo. De hecho, antes de que la ley fuera efectiva, ya habían tomado medidas para acaparar el mercado, como visitar grandes empresas para pedirles que les enviaran los excedentes industriales, con la excusa de que las utilidades se repartirían en entidades sociales sin ánimo de lucro. Este periódico no pudo encontrar dichas organizaciones.
Los hijos de Uribe afianzan, al igual que su padre y abuelo, un poderío económico a través de la exclusión de los más pobres, demostrando en su empresa de Mosquera lo aprendido. Mientras tanto, Mauricio Ardila, el reciclador, se pregunta: “con tanto capital que tienen, ¿qué necesidad tienen de quitarnos la comida a nosotros los pobres?”.
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