Por: Manuel Garzón – junio 22 de 2015
El solo preanuncio de la conformación de la Comisión de la Verdad como parte de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP despierta desde ya el miedo fundado de los sectores más reaccionarios del establecimiento.
“Aquí no nos pueden salir ahora con verdades alternativas sobre el conflicto”, manifestó hace unas semanas Juan Carlos Pinzón, otrora ministro de Defensa, con ocasión de la publicación del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Ahora, el diligente Procurador Ordóñez escribió que “la Comisión de la Verdad no puede ser un instrumento de legitimación del terror y del crimen”, antes incluso de que el anuncio fuera oficial. Ordóñez y Pinzón, como voceros de los sectores a quienes representan, son perfectamente conscientes de que una Comisión de la Verdad del conflicto en Colombia necesariamente dará cuenta de su enorme responsabilidad en el devenir criminal de la confrontación.
Asimismo, periodistas de los grandes medios comentan la noticia como si se tratase de algo que les es ajeno. Reducen el papel de la Comisión de la Verdad a indagar por las actuaciones de los grupos armados, legales e ilegales. En su concepción interesadamente ligera, el asunto se resuelve sólo entre los combatientes, sin ahondar en las responsabilidades de agentes económicos, políticos, empresariales, eclesiásticos y, por supuesto, mediáticos. Ignoran deliberadamente, porque les es funcional hacerlo, que el conflicto armado es la expresión última y más desgarradora de los conflictos políticos, económicos y sociales, en donde la élite de su gremio ha sido un actor determinante.
En ese sentido, la Comisión de la Verdad debería dar cuenta, entre muchas otras cosas, de la responsabilidad de los grandes medios de comunicación en la confrontación armada y en la victimización de amplios sectores populares. Casi sin excepción, la prensa no alternativa ha servido de caja de resonancia del ideario y actuar narcoparaempresarial. Desde sus noticieros, portales web, periódicos y emisiones radiales se ha instigado el odio, legitimado la persecución y desinformado en forma descarada en defensa de intereses inconfesables.
Estos planteamientos empiezan a tener un respaldo judicial. Recientemente, el Tribunal de la llamada Ley de Justicia y Paz de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar al director del periódico El Meridiano de Córdoba, William Salleg, por tener presuntamente vínculos con el Bloque Córdoba de las AUC. Lo destacable de la providencia radica en que se refiere a la labor desempeñada por el periódico en la expansión del fenómeno paramilitar. Según la sentencia, éste “sirvió como instrumento para propagar el ideario de los grupos paramilitares, justificar el fenómeno, lo que lo hace responsable ante la Ley”.
Adicionalmente, en las sentencias en contra de Salvatore Mancuso y de Aramís Marchado Ortiz, del Bloque Catatumbo de las AUC, los tribunales se refirieron “a la difusión que algunos medios de comunicación dieron al despliegue por el territorio nacional de las estructuras paramilitares”, evidenciando así el “impulso ideológico que, además, se determinó a contar con una difusión mediática que registró sendas entrevistas en las que Carlos Castaño se presentó como líder de la lucha contra la subversión”. Se menciona además que “Castaño ha utilizado a la prensa para lanzar una ofensiva de relaciones públicas. El otrora inaccesible líder ha ganado visibilidad pública en los medios nacionales e internacionales con una facilidad desconcertante”, según un informe de marzo de 2001 preparado por la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia.
La investigación penal y judicialización de directores de periódicos regionales comprometidos con el paramilitarismo es un avance positivo en la ardua tarea por desmantelar esas estructuras criminales, develar a sus beneficiarios y, sobre todo, conocer la verdad. Sin embargo, el proceso de esclarecimiento no puede reducirse a pequeños medios regionales. Debe ir más allá. Asimismo, la labor de la justicia no puede agotarse en mencionar la labor desempeñada por la gran prensa en estos crímenes, debe profundizarse.
El proceso de reconciliación nacional requiere partir de esclarecer, evidenciar y reconocer las responsabilidades y culpas diferenciadas de cada uno de los sectores intervinientes, partícipes y beneficiarios de la guerra. Un ejercicio interesante en ese sentido sería evaluar, a la luz de la historia, el cubrimiento mediático que, en su momento, se le dio a hechos que posteriormente fueron esclarecidos y hoy en día no admiten discusión. Por ejemplo, ¿en qué términos se referían los editoriales de periódicos, noticieros y emisoras radiales a dirigentes, militantes y simpatizantes de partidos y movimientos políticos que posteriormente fueron exterminados?
Las posturas insolentes y abiertamente guerreristas o inquisidoras, como si con ellos no fuera la cosa, de los llamados ‘generadores de opinión’ serían muy diferentes si, en lugar de éstos puedan auto otorgarse la función de custodios y defensores de las sanas costumbres, la buena fe y la moral, hubiera la conciencia social generalizada de que la gran prensa debe ser objeto de escrutinio y condena, si no jurídica, por lo menos ética. También ellos deben estar en el banquillo de los acusados. La Comisión de la Verdad entonces, deberá darles el papel al que realmente son acreedores en la historia.
Los señores de la guerra y sus beneficiarios no están únicamente en los cuarteles: muchos posan de periodistas honestos y pontifican a diario sobre democracia y libertad mientras azuzan el odio, festejan la guerra y se benefician de la muerte y victimización de millones de personas. Por eso deben responder.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
