Por: Omar Vera – julio 8 de 2015
De acuerdo con denuncias de defensores de derechos humanos, varias de las personas detenidas son líderes sociales, académicos, funcionarios públicos, estudiantes o periodistas, y las acusaciones en su contra harían parte de una “cacería de brujas” para que la Policía muestre resultados luego de los atentados del pasado jueves 2 de julio en Bogotá.
En rueda de prensa, diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos rechazaron esta captura masiva y reclamaron al gobierno respetar el debido proceso en este caso, pues se les estaría presentando ante los medios como culpables o hasta condenados cuando ni siquiera se ha legalizado su captura ni ha empezado el proceso en su contra.
De acuerdo con Alexandra Bermúdez, integrante del Congreso de los Pueblos, la mayoría de los detenidos “son reconocidos líderes sociales, estudiantiles y populares, personas con vida pública […] esto muestra […] la magnitud de la cacería de brujas que hay sobre los últimos hechos en Bogotá”, agregando que “lo que está sucediendo es muestra del desespero del gobierno por dar resultados frente a la seguridad de la ciudad”. Por esto, de acuerdo a la denuncia, no sorprendería el despliegue policial con el que se dieron los operativos y la forma en que se la información sobre el caso fue tratada en los grandes medios.
Al respecto, Franklin Castañeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), calificó de preocupantes las declaraciones en medios de comunicación de altos cargos del gobierno al respecto y que “los estén señalando como terroristas y no se les esté respetando su presunción de inocencia”, agregando que “es lastimoso que el gobierno colombiano intente buscar responsabilidades en líderes y lideresas sociales de actos que, sin duda alguna, hemos rechazado las organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos porque han puesto de alguna forma en peligro la vida de cientos de personas”. Según el defensor de derechos humanos, las detenciones arbitrarias de ciudadanos han traído más de 13.000 demandas en contra de la Fiscalía, que sumarían más de 27 billones de pesos en reparaciones administrativas, por parte de quienes han perdido su libertad por acusaciones que se han demostrado infundadas en los tribunales, agregando que “más de el 75% de las detenciones que el Estado promociona como grandes golpes a la insurgencia son falsos positivos”.
Estudiantes afectados
Los defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por el hecho de que un buen número de los detenidos son líderes estudiantiles de la Universidad Nacional (UN) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), instituciones que recientemente han recibido amenazas de paramilitares en contra de distintos alumnos.
Según Helbert Choachí, secretario general de la UPN, la situación de esa institución es especialmente delicada, pues “ha venido siendo objeto de varios falsos positivos judiciales, en este caso tenemos varios estudiantes detenidos en el llamado ‘caso Lebrija‘, pero, a su vez, también tenemos situaciones de amenazas a representantes del consejo superior [como Heiler Lamprea] recientemente por parte de la Águilas Negras”. El académico hizo un llamado a las autoridades a que deben “verificarse los hechos” antes de hacer acusaciones, “porque en especial en el caso del estudiante representante al consejo superior [Heiler Lamprea], los días en los que se presentaron los atentados estaba desarrollando actividades en la Universidad Pedagógica en el municipio de Fusagasugá” e insistió en que si estos elementos no son tenidos en cuenta tanto por el gobierno como por los medios no es posible ofrecer garantías para el debido proceso en los casos de las personas detenidas.
El operativo
Las capturas se dieron entre las 6 y las 9 de la mañana del 8 de julio, cuando miembros de la Sijín y el GOES de la Policía realizaron 12 allanamientos simultáneos en 6 diferentes localidades de la capital, de acuerdo con el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, quien indicó que “estas personas participaron en estos hechos que afectaron gravemente el orden público en la capital de la República en el 2014 y en algunos atentados del 2015”, señalando que el ente investigador llegó a esas personas por indicios reunidos desde hace un año, dos bombas panfletarias con propaganda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no estalladas el viernes en el centro de Bogotá e interceptaciones a teléfonos celulares.
Durante los operativos fueron detenidas 15 personas, a quienes la Fiscalía acusa de pertenecer a una estructura de milicianos del ELN y les sindica de rebelión, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno. Por su parte, esa guerrilla, a través de su cuenta en Twitter, negó tener cualquier tipo de vínculo con las personas privadas de la libertad, señalando que ninguno de los capturados “es conocido por [sus] comandos urbanos”.
Hasta el momento, la lista de detenidos entregada por la Fiscalía está conformada por:
- Sergio Esteban Segura Guiza, periodista de la agencia Colombia Informa
- Paola Andrea Salgado Piedrahita, líder del movimiento de mujeres.
- Heiler Lamprea Flórez, representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional.
- Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, representante estudiantil al Comité de Resolución del Conflicto de la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
- Stephany Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil.
- Gerson Alexander Yacumal Ruiz, líder estudiantil.
- Daniel Eduardo Hernández Muñoz, líder estudiantil.
- Andrés Felipe Rodríguez Parra, líder estudiantil.
- Liceth Johanna Acosta, líder estudiantil.
- John Fernando Acosta, líder estudiantil.
- Luis Daniel Jiménez Calderón, ingeniero agrónomo e integrante del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
- Félix Mauricio Augusto Gutiérrez Diaz, defensor de derechos humanos.
- David Camilo Rodríguez Hernández.
- María Angélica Delgado Gordillo.
- Haber Tair Sierra Henao.
A altas horas de la noche del miércoles, las personas detenidas fueron presentadas ante un juez de control de garantías para legalizar su captura en la URI de Paloquemao. En la audiencia, dos de los estudiantes detenidos, María Angélica Delgado Gordillo y Haber Tair Sierra Henao, fueron liberados porque no existía ninguna orden de captura en su contra.
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