Por: Camila Ramírez – 7 de marzo de 2011
En abril de 2010, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra de ocho ex congresistas por delitos de Lesa Humanidad. Jorge de Jesús Castro Pacheco, Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento, son los congresistas que tendrán que responder por los horrendos crímenes que cometieron el Bloque Norte de las AUC al mando de “Jorge 40”.
El Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, Alias “Jorge 40”, realizó dos pactos similares a los de Ralito, el “Pacto de Chivolo”, celebrado el 28 de septiembre de 2000 y el “Pacto de Pivijay”, que ocurrió en noviembre de 2001. En ambos acuerdos, alcaldes, concejales, diputados y congresistas se comprometíeron a promover el movimiento político “Provincia unida por una mejor opción de vida” y ubicar en el poder fichas que serian manejas por Jorge 40, narcotraficante y paramilitar.
El caso de José Gamarra Sierra
En 2006 el escándalo de la parapolítica cubrió al país, y las investigaciones comprobaron que 133 políticos, entre ex congresistas, ex alcaldes, ex diputados y ex concejales, tenían relación con el paramilitarismo. Los departamentos más afectados por la parapolítica son Antioquia con quince políticos investigados, le sigue el Magdalena con catorce administrativos implicados y en Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y Santander se investigan 10 politicos en cada departamento. Los partidos en los que participaban los implicados son Cambio Radical con 20 investigados, y el Partido conservador, al igual que el Partido de la U, cuentan con 21 ivolucrados cada uno. Algunos de los politicos comprometidos han sido llamados a indagatoria, otros detenidos y muchos están en libertad.
Entre los ex congresistas del Pacto de Pivijay, se encontraba José Gamarra Sierra, que nació en el municipio Fundación, Magdalena, y quien se desempeño como abogado de la Contraloría departamental del Magdalena en 1983, Personero del municipio de Fundación en 1984 y Diputado del Magdalena de 1995 a 1997.
En las elecciones regionales del 10 de marzo de 2002, Gamarra Sierra se lanzó como Representante de la Cámara por el periodo 2002-2006, inscribiendose en las listas del partido político Cambio Radical en el departamento del Magdalena; en algunos municipios alcanzó a obtener el 98% de los votos. Judith Salas Vallejo, registradora del municipio de Sitio Nuevo, aseguró que los jurados de votación fueron amenazados por miembros de las autodefensas para marcar tarjetones a favor del parapolítico.
El ex Representante a la Cámara se entregó voluntariamente al CTI de la Fiscalía General de la Nación, y aceptó haber firmado el “Pacto de Pivijay”, promover la creación de grupos paramilitares en el departamento del Magdalena y realizar fraude electoral.
Gamarra y los crímenes de las AUC
Al bloque comandado por Jorge 40, se le atribuyen 333 masacres según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, homicidios ocurridos entre 1996 y 2005 cuando el Bloque Norte y otras estructuras afiliadas a las AUC se tomaron los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y Guajira, y en donde se cometieron crímenes de lesa humanidad que dejaron más de 1.573 víctimas mortales.
José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijeras”, comandante del frente José William Rivas, en versiones libres vía satelite atestiguó que apoyó a Gamarra y que operaba en la zona bananera colombiana, en los municipios de Ciénaga, Fundación, Sevilla, Aracataca y en el Retén. Según el informe de la Unidad de Justicia y Paz, el departamento del Magdalena fue el más afectado: se cometieron 127 masacres y 609 personas fueron asesinadas. En el municipio de Ciénaga los paramilitares realizaron 48 masacres y asesinaron 228 personas, en Fundación efectuaron 16 masacres y 61 personas perdieron la vida, en Prado- Sevilla son responsables de 21 masacres y del asesinato de 94 personas, en Sitio Nuevo no hay una cifra exacta y en el corregimiento Trojas de Aracataca en febrero de 2000 ,11 personas fueron ejecutadas.
En las investigaciones, los ocho congresistas no podrán argumentar fácilmente que no sabían de las acciones de las AUC; la mayoría de los crímenes cometidos por los ejércitos paramilitares coinciden con los departamentos de origen de los congresistas investigados y en donde estos últimos cometieron fraude electoral, como es el caso de José Gamarra Sierra. En el municipio de Fundación y en el Magdalena, el Bloque Norte de las AUC realizó masacres y saqueó las arcas públicas, grupo paramilitar que apoyó a Gamarra para ser represéntate a la Cámara por el periodo 2002-2006.
La Corte Suprema de Justicia juzga al parapolítico por los delitos de desplazamiento, despojo de tierras, masacres y desaparición forzada, crímenes que ejecutó el Bloque Norte, pero por los que tendrá que responder ,al igual que los otros siete congresistas, y a quienes se les responsabiliza por omisión y colaboración en los crímenes en contra de la población civil que los grupos paramilitares cometieron.
Los asesinatos continúan
Hasta el momento no se sabe si los ocho congresistas, entre ellos José Gamarra Sierra serán condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, las madres del municipio de Fundación siguen resistiendo contra los grupos paramilitares que continuan asesinando sistemáticamente a más miembros de la comunidad.
El siete de febrero de 2011 más de 50 madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales se movilizaron desde el Parque del Carmen, hacia el Parque 7 de agosto, al llegar al lugar realizaron un acto de memoria y le exigieron al Estado justicia, verdad y reparación por los crímenes que cometieron con sus hijos.
La movilización se llevo a cabo, para recordar el homicidio de los hermanos Miguel, José y Ronald de Jesús Villarreal, quienes fueron asesinados el siete de febrero de 2010 por dos sujetos en motocicleta. La madre de los hermanos asegura que semanas antes del asesinato miembros de la Policía Nacional a cargo del Capitán Renato Solano Osorio intentaron detener arbitrariamente a sus hijos, además, miembros de la comunidad afirman que durante esos días circulaban en el municipio panfletos anunciando la llamada “limpieza social”.
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