Febrero 24 de 2008
En el campo colombiano la violación a los derechos humanos ha sido el pan de cada día. En medio de una guerra que no respeta los mínimos reconocidos en el Derecho Internacional Humanitario la población está a merced de la voluntad de los actores del conflicto. Este es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, una organización campesina que surge como propuesta de convivencia y unidad ante la ausencia o mejor, ilegitimidad del Estado en el sector.
El jueves 21 de febrero se conmemoraron los tres años de la masacre y el hostigamiento acaecidos en las veredas La esperanza, Las Nieves, La Resbalosa y Mulatos en la Municipio de San José de Apartadó. Masacre que conforme a la versión de los habitantes del lugar, que fueron víctimas o tuvieron oportunidad de conocer de forma directa los hechos, fue realizada por Las Brigadas XI y el personal 33 contraguerrilla de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
Desconociendo las medidas provisionales señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les prestan servicios, ordenadas dese hace el 9 de octubre de 2000 con ocasión de otros 170 asesinatos cometidos en 1997 que involucran a algunos miembros del Ejército, las Auc y las Farc; el Estado no sólo no procuró la protección de la comunidad; sino que ahora es señalado por los directos afectados como el agente de la masacre del 21 de febrero de 2005.
La acción estaba claramente dirigida a acabar con todos los líderes de la comunidad de Paz, en un hecho lamentable cuyas dimensiones fueron contenidas gracias al trabajo conjunto de la población que encendió las alarmas de emergencia en aras de evitar una tragedia mayor.
El Lunes 21 de febrero de 2005, personal uniformado y armado que se identificó como perteneciente a la Brigada XI del Ejercito nacional retuvo ilegalmente en el río Mulatos, a Luís Eduardo Guerra, de 35 años de edad, líder y miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, quien había sido designado para la interlocución con el Gobierno Nacional en el marco de la implementación de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; a su hijo de 11 años Deiner Andrés , víctima en agosto de 2004 de una granada del ejército que le quitó una de sus piernas; y a su joven compañera Bellanira Areiza Guzmán de 17 años cuando se dirigían al puesto de salud para el tratamiento del menor.
Así mismo, otra tropa del Ejército al parecer apoyada por el Bloque Bananero de las AUC ingresó a la finca de Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, de 30 años, líder del Consejo de Paz de la Zona Humanitaria en la vereda Mulatos quien se encontraba con su familia: Santiago Tuberquia Muñoz, de 18 meses, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, 6 años y Sandra Milena Muñoz Pozo, 24 años; y sus trabajadores en el momento de la irrupción. Advertido el inminente peligro, Bolívar huyó junto con algunos de sus compañeros; pero preocupado por la suerte de su familia regresó al lugar convirtiéndose en otra víctima.
El 23 de febrero algunos miembros de la comunidad se dirigieron a la finca de Alfonso Bolívar donde encontraron rastros de sangre, cabellos y piel, y una fosa con varios cadáveres mutilados, entre ellos varios niños. Después de esto se solicitó la presencia de una comisión judicial. la Comisión compuesta por un Fiscal, un Procurador y diez técnicos judiciales, llegó al municipio de Apartadó el 24 de febrero y el día 25 corroboraron que los cuerpos hallados correspondían a la familia Bolívar Muñoz y a Alejandro Pérez Cuiles.
Igualmente, avizorando que los animales de carga de Guerra y su compañera llegaron sin ellos los vecinos les buscaron en la inmediaciones del centro de salud de Mulatos Medio, encontrando sus cuerpos igualmente con signos de tortura y destrozados por los animales carroñeros. A pesar de que el aviso a la Comisión Judicial se dio en la tarde del 25 de febrero, estos sólo llegaron hasta el 27 identificando los cadáveres de la joven pareja y del menor de once años, para un total de ocho muertos que de no ser por el accionar de la comunidad hubiese sido mayor, puesto que alrededor de seis familias estaban retenidas ilegalmente y se había cavado una fosa también con la amenaza de exterminio.
Una triste historia que sembró el terror en la población dando un duro golpe a los procesos comunitarios que ahora redunda en un fortalecimiento de la unidad de la población en torno a una misma causa: procurar justicia, preservando la memoria y la dignidad. Una historia que se desarrolla en forma similar a muchos de los casos que han sido denunciados ante la comunidad internacional, donde las víctimas son justificadas como combatientes de la guerrilla, sin que en la realidad se estuviera frente a una contienda con igualdad de armas y además producto de una cacería de brujas que ha victimizado a la población civil ajena al conflicto.
Estos hechos han sido denunciados internacionalmente y 29 congresistas estadounidenses mostraron su apoyo con las víctimas demandando la investigación del los hechos en marzo de 2005. Sin embargo, la justificación a los aberrantes hechos no se hicieron esperar y el presidente Álvaro Uribe Vélez, al término de un consejo de seguridad realizado en Carepa, Antioquia, mencionaba:
“Las comunidades de paz tienen derecho a instalarse en Colombia gracias a nuestro régimen de libertades. Pero no pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la Fuerza Pública, prohibir el comercio de artículos lícitos ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen.
En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.
En estas condiciones de persecución, las justicia estatal no ha mostrado diligencia, así lo constata el fallo de la Corte Constitucional contenido en la sentencia T-1025/07, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda, aprobada por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional el pasado 3 de diciembre, cuyo texto fue conocido el 22 de enero de 2008; donde se exhorta al aparato judicial a reactivar las investigaciones entendiendo que la carga sobre las mismas recae principalmente sobre el Estado, especialmente cuando, como en este caso, la población tiene motivos de sobra para desconfiar del sistema judicial.
Otro avance significativo contenido en esta sentencia es que amparándose el derecho a la información y al acceso a la administración de justicia, a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de defensa el suministro de información sobre los nombres, códigos, unidades a las que están adscritos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que participan en determinadas acciones militares o se encuentran en ciertos lugares a determinadas fechas y horas.
Este fallo significa una luz de esperanza para la población de este municipio; pero no el final feliz de la historia. Los crímenes en Apartadó siguen llenando de amargura a sus pobladores: el 26 de diciembre de 2005 fueron asesinadas
Elicenia Vargas y a Uberlina Delgado, hija y nuera de Brígida González, una de las líderes de la Comunidad de Paz; y el pasado 23 de diciembre, cuando la vivienda de la familia de Alberto Jiménez , su mujer Margarita Giraldo y dos hijos fue atacada con granadas y proyectiles por un grupo armado. El cadáver de Margarita desapareció y fue recuperado dos días después por la familia una vez fue presentada por el Ejército como guerrillera dada de baja.
Ante la gravedad de la situación sólo resta la denuncia pública que promueva el esclarecimiento de los hechos y el restablecimiento de la justicia, como un importante avance para minar las cruentas consecuencias de esta guerra donde la población civil es siempre la más vulnerable.
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