Leerme es un delito

Por: Carlos Medina Gallego – julio 14 de 2015

Resultan desafortunados para el país y para el proceso de paz los acontecimientos de la semana pasada, en los que a través de un operativo judicial, policial y mediático fueron capturados, judicializados y estigmatizados jóvenes estudiantes y egresados de las universidades Nacional y Pedagógica, activistas de derechos humanos, periodistas y líderes sociales y políticos del Congreso de los Pueblos, en una acción a todas luces irresponsable de unas autoridades que buscan dar resultados por los atentados de Bogotá a costa de lo que sea.

Carentes de un acervo probatorio sólido y de un juicioso trabajo de inteligencia, estas capturas muestran la politización y la instrumentalización de la justicia al servicio de un modelo de democracia autoritaria que desconoce las posibilidades creativas del pensamiento crítico y condena, sin fórmula de juicio, toda manifestación crítica, de protesta legítima y de inconformidad social. Este tipo de procesos, llenos de inconsistencias y absurdos, carentes de rigurosidad institucional e investigativa, ponen de presente la ineptitud de la justicia y su politización.

Han sido divulgadas ampliamente las ligerezas de este proceso, que comenzó señalando la responsabilidad de los implicados en los actos terroristas de Bogotá y término sindicándoles las protestas estudiantiles del mes de mayo pasado. Estas prácticas envilecen la justicia, generan incredulidad y constituyen un modelo de terrorismo jurídico de Estado, a través de falsos positivos judiciales que ya han dejado en el país cientos de víctimas inocentes.

El país está pasando por un momento en que se necesita crear confianza en la sociedad civil, en los movimientos sociales y políticos democráticos y de izquierda, en las organizaciones defensoras de derechos humanos; un momento clave para definir lo que ha de ser el comportamiento del Estado en materia del tratamiento de los conflictos sociales y políticos en el posconflicto armado. No podemos regresar a las épocas en las que no es la justicia la que debe demostrar la culpabilidad del implicado sino el implicado el que debe demostrar su inocencia. ¿Qué tipo de justicia es esa que se levanta sobre el postulado que todo capturado es culpable hasta que demuestre lo contrario? No es sano para el país volver a la ‘doctrina Ñungo’, que consideraba que es mejor tener un inocente en la cárcel que un culpable libre. A estos detenidos hay que garantizarles el debido proceso, proceder con celeridad y eficiencia, y darles la libertad lo más pronto posible.

Estas capturas, con sus respectivos allanamientos, pusieron de presente algo terrible: en este país está prohibido informarse de los conflictos, conocer a los autores y leer las investigaciones existentes, esfuerzo de muchos años de trabajo juiciosos y patrimonio importante de la producción intelectual y académica del país. En este país constitucionalmente pluralista está proscrito el pensamiento crítico y éste es perseguido, judicializado, encarcelado, condenado y sometido a la estigmatización mediática.

Algunos de los trabajos académicos de prestigiosos investigadores del conflicto armado y sus actores han sido presentados como pruebas de las inclinaciones ideológicas de los capturados en el desarrollo de las audiencias de la imputación de cargos, lo que resulta a todas luces un atropello contra la cultura académica y el pensamiento crítico. No puedo aceptar y rechazo de manera enérgica que mis trabajos de investigación sobre el ELN, las FARC-EP, el paramilitarismo, las bandas criminales, la mafia y el narcotráfico sean utilizados para imputar responsabilidades a los capturados por la naturaleza de sus lecturas. Mis trabajos son el resultado de largos años de esfuerzo en investigación de campo, soportada en mis procesos de formación académica en los niveles de maestría y doctorado; son reconocidos por la comunidad académica, social y política del país; han alimentado decenas de trabajos de tesis de estudiantes de las más prestigiosas universidades del país y del mundo; han servido en tribunales para contextualizar y mirar con mayor objetividad el conflicto armado colombiano; y, seguramente, han sido juiciosamente estudiados por los organismos de inteligencia y por los miembros de la Fuerza Pública, por magistrados de Justicia y Paz, y fiscales de derechos humanos. Mis trabajos académicos están al servicio de quienes lo quieran leer y la mayoría de ellos han sido publicados por la Universidad Nacional de Colombia, y alguno ha sido financiado por Colciencias, en un proyecto colectivo de investigación coordinado desde el Iepri.

No hay nada más ennoblecedor y altruista que saber leer, escribir, pensar críticamente y comprometerse con la construcción de un país en paz y democrático. Ningún libro puede ser objeto de censura o de connotaciones judiciales para adelantar procesos contra el pensamiento  y la practica crítica.

El país, el gobierno, la Fuerza Pública y la institucionalidad en general tienen que superar las imputaciones que se le hacen a los movimientos sociales y a sus organizaciones de ser agentes del terrorismo y la subversión armada, pues estas organizaciones representan las más variadas expresiones de organización de la sociedad civil y cumplen un papel fundamental en la lucha reivindicativa, social y política democrática. Tampoco se pueden seguir estigmatizando los territorios y sus poblaciones. La nación colombiana, si quiere superar la violencia, tiene que abrirse a un pluralismo real, de respeto por las diferencias y de inclusión con garantía de derechos. La ampliación y profundización de la democracia no se puede construir desde la exclusión, el señalamiento y la estigmatización. Si ha de haber posconflicto y una sociedad en paz, en ella debemos caber todos, independientemente de las diversas formas de pensar.

Para Paola Andrea, Stefani Lorena, Heiler, Sergio Esteban, Félix, Daniel Eduardo, Luis Daniel,  Liceth,  Andrés Felipe, John,  David, Víctor Orlando y todos los demás detenidos mi saludo afectuoso y solidario. Les agradezco mucho que en sus bibliotecas estén mis libros y que ustedes los hayan leído porque, seguramente, entenderán con más elementos de juicio que sus jueces y fiscales las causas del conflicto del cual estamos tratando de salir. Es claro que encontrarán la libertad en las amplias expresiones de solidaridad que han llegado hasta los juzgados de Paloquemao; en las solidaridad de las distintas formas de organización civil que hacen explícita su inconformidad frente a esta arbitrariedad de la justicia; en las conmovedoras declaraciones de esos padres orgullosos que recogen las banderas de de justicia de sus hijos y las mantienen en alto, cuando debía ser al contrario; en la vitalidad de los tambores que, coordinados, rítmicos y sonoros, rompen el aire con sones libertarios; en las nuevas  formas de la protesta y reclamo que se visten de fiesta y alegría para señalar que nada le impedirá a los jóvenes y a las organizaciones sociales soñar con que otro país es posible.

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* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz.

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