Por: Rebeca Buendía*- julio 6 de 2009
La región de Bagua, ubicada en la zona amazónica del norte del Perú, ha sido territorio protagonista de la resistencia de los pueblos indígenas peruanos a las políticas de Estado del vecino país, especialmente por la entrega de tierras y concesiones de explotación de recursos. Desde mediados de mayo, los pueblos originarios han tenido que protestar, esta vez bloqueando las principales vías de comunicación, para enfrentar los decretos sancionados por el gobierno de Alan García, que viabilizan el Tratado de Libre comercio y dan vía libre a la explotación de ricos recursos mineros de la región a manos de multinacionales.
El pasado 5 de junio, el gobierno peruano lanzó un gran operativo militar y policial, encaminado a reprimir a las comunidades Kichua y Ashuar, y a retomar el control de las vías terrestres y fluviales que los indígenas se habían tomado para evitar que las empresas mineras y petroleras contiinuaran con las extracciones. El saldo de los enfrentamientos es de al menos 25 indígenas asesinados, 22 policías igualmente muertos y cientos de heridos entre quienes participaban en las protestas.
En la ofensiva de las fuerzas militares y de policía se usaron helicópteros artillados y se dispararon armas de fuego en contra de la multitud. Se calcula que, en la primera intervención armada, murieron más de 25 indígenas y resultaron heridos mas de cien. Sin embargo, un mes después, no se han podido establecer las cifras exactas de muertos, porque casi 200 indígenas se mantienen desaparecidos: según señalan diversos testimonios, muchos manifestantes fueron asesinados y sus cadáveres lanzados a los ríos Cenepa y Napo, o ilegalmente llevados al cuartel ‘El Milagro’.
Balance de una masacre
El gobierno peruano acusa a los indígenas de haber asesinado a 22 policías, de 38 uniformados retenidos durante un enfrentamiento en una estación de bombeo de uno de los principales oleoductos del país. Con está excusa, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ordenó reprimir a miles de manifestantes, según informaron distintos medios de comunicación el pasado 18 de junio.
El 5 de junio, en el sitio conocido como la ‘Curva del Diablo’, se concentraron al menos 2.172 indígenas de la comunidad Awajun-Huampis y, hasta el 17 de junio, apenas 1.237 habían regresado a sus comunidades, información que fue presentada ante el relator de las Naciones Unidas que llegó a Bagua para establecer, junto con una comisión de la verdad constituida para este caso, la realidad del caso de Bagua y hacer seguimiento a la situación de las comunidades indígenas de las cuencas de los Ríos Santiago, Nieva, Dominguza, Cenepa y Alto Marañón.
El movimiento indígena en esta zona de la Amazonía peruana, aunque con tradición de lucha, es muy jóven y ha tenido problemas importantes de dispersión, derivados de que el Estado ha obligado a los miembros de estas comunidades a participar en labores contrainsurgentes, para enfrentar a Sendero Luminoso y el MRTA en los 80 y 90, o a enrolarse en el Ejército, para la guerra con Ecuador en 1998.
¿Que ha originado las movilizaciones indígenas?
Precisamente, la Ley Forestal y de Fauna, los decretos 1090, 1089, 1064 y 1020, y la reforma a la Constitución vigente garantizan que toda esta política de concesión y de explotación de recursos pueda ser llevada a cabo, en beneficio de las transnacionales, afectando a la zona norte del Perú y, particularmente, a la región de Bagua.
Extensas tierras posee el Perú en la Amazonía, las cuales cuentan con un alto potencial de recursos naturales para la explotación, especialmente, de hidrocarburos. Bajo la concepción de la productividad del suelo por encima de todo, el gobierno peruano plantea que la tierra debe ser controlada por aquel que tenga la capacidad de sacarle el mayor provecho, es decir, quien tenga los recursos y la intención de invertir.
Teniendo en cuenta que se han dificultado las cosas para las multinacionales en Bolivia y Ecuador para la explotación de recursos, muchas de estas se han movilizado al Perú, donde se abren todas las puertas a esta clase de inversionistas: las clases dominantes del Perú se encuentran aliadas con los monopolios mineros y petroleros. Por medio de políticas económicas y de seguridad, acompañadas de grandes préstamos del Banco Mundial y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la Amazonía una de las zonas más estratégicas de America del Sur como es, ha sido el centro de los planes de explotación para las transnacionales.
Los decretos que permiten la explotación de los suelos amazónicos tienen como consecuencia, entre otras, la reducción del patrimonio forestal peruano por lo menos en 45 millones de hectáreas, lo que equivale a un 60% de los bosques de Perú. De este modo, se entregan las reservas naturales a las empresas para concesiones forestales, mineras, petroleras y gasíferas.
No se debe olvidar que la Amazonía occidental se reparte en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, y que este último dividió su parte en 180 bloques para la explotación de gas y petróleo, en unos 700.000 kilómetros cuadrados incrustados en zona de gran biodiversidad, por siglos habitada y cuidada por pueblos originarios de honda tradición y conciencia ecológica.
La explotación del petróleo ha pasado del monopolio estatal al monopolio privado. En las últimas décadas, el Perú ha concesionado por lo menos el 60% del territorio amazónico (más de 50 millones de hectáreas) a monopolios del petróleo y el gas como: Petrotech, Repsol, Perenco, Ecopetrol, Petroleun Limited, Pluspetrol, Petrobras, Emerald Energy, Jindad Steel Power, Global Steel Holding, Golden Oil Corporation, Maple Gas Corporation, ENAP, Pemex, etc.
La situación de la indiscriminada explotación de recursos ha llegado a tal punto que, por ejemplo, la petrolera Petrotech ha dejado de pagar US$270 millones en regalías y las concesiones de extensos lotes petroleros han estado envueltas en irrefutables escándalos de corrupción.
Respecto a esta situación, el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, que reúne a diferentes organizaciones indígenas, sociales, agrarias y sindicatos, han convocado al Paro Nacional Andino, Amazónico y Popular, para los días 7, 8 y 9 de julio, exigiendo la renuncia de todo el gabinete, la derogatoria de los Decretos Legislativos que afectan a los pueblos amazónicos y andinos, un cambio de gobierno y una respuesta concreta a las demandas regionales, campesinas, indígenas, laborales y sociales.
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