Por: Carlos Crespo – octubre 23 de 2015
La abolición de la tauromaquia es un clamor mundial y las nuevas éticas dejaron de ver con buenos ojos que los humanos nos divirtamos con la tortura, desmembramiento y asesinato público de un animal. A las corridas de toros se les agotó su época y el pequeño sector que desea mantenerlas se vale de las más oscuras artimañas del poder para retrasar lo inevitable.
En Bogotá estuvimos a sólo un mes de que la ciudadanía decidiera por democracia directa, en una consulta popular, si esta práctica debía seguir o no en la ciudad, por medio de una pregunta que indagaba por el arraigo mayoritario de las corridas en la población, requisito indispensable para su realización en cualquier municipio de Colombia, en virtud de la Sentencia 666 de 2010 de la Corte Constitucional.
Desde hace años, hasta las encuestas más conservadoras demuestran que la tauromaquia es rechazada por al menos el 85% de la población. El sector taurino lo sabía y sabía que no tendría oportunidad en la consulta. Por ello, desde hace unos años modificaron sus clásicos argumentos y pasaron a enarbolar unos insostenibles, para aquellos que son victimarios: los derechos a la libertad y a la protección de las minorías. Por supuesto, continuaron argumentando en su defensa que en Colombia la tauromaquia es una práctica que se encuentra amparada en las excepciones contempladas en la Ley 84 de 1989 o Estatuto Nacional de Protección Animal y en la Ley 916 de 2004, siendo asimismo tolerada en algunas sentencias de la Corte Constitucional.
La consulta antitaurina fue el resultado de un proceso ciudadano que lleva años consolidándose y analizando las mejores estrategias que combinen los diferentes mecanismos contemplados en la Constitución y un trabajo de activismo constante que, luego de un año y medio de intenso trabajo, donde se formó el colectivo de organizaciones animalistas, ambientales y sociales Bogotá Sin Toreo, que superó todos los pasos legales necesarios para que aquélla fuera llevada a cabo. El triunfo estaba dado, no sólo para Bogotá sino como estrategia a seguir en el resto de municipios taurinos del país.
Sin embargo, una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 24 de septiembre, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, en la que se resolvía una de las acciones de tutela que los taurinos interpusieron como último recurso de sus amañadas acciones, coartó no sólo los avances en protección animal que a nivel de jurisprudencia ha dado esta misma corporación sino la participación ciudadana incidente y directa, así como a la tan mentada democracia. Todo un atentado a los derechos civiles.
La sentencia del Consejo de Estado anotó que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se extralimitó en sus funciones al promover una iniciativa que buscaba prohibir la tauromaquia, aspecto que un par de sentencias de la Corte Constitucional ha limitado, sin tener en cuenta que nunca se habló de prohibir sino de analizar el arraigo.
Otro aspecto del fallo tiene que ver con conceder el estatus de minorías a la población de taurinos siendo éste un sector que siempre ha estado fuertemente relacionado con el poder. Son parte integral de la oligarquía que ha manejado el país a su antojo y, por ello, es tan ridículo que ahora se escude en un supuesto carácter de minoría que fue usado para referirse al proceso de consulta como una “dictadura de las mayorías”, siendo ésta una afrenta para aquellas minorías verdaderas que histórica y sistemáticamente han sido violentadas, asesinadas y discriminadas.
El elemento común y factor más desmotivante es que este tipo de fallos continúa contemplando unos supuestos derechos de los victimarios, invisibilizando el análisis sobre las víctimas, que son los toros y caballos. Y esa supuesta minoría, lo que hace es continuar imponiendo sobre las mayorías una caduca y sanguinaria actividad, impidiendo que la sociedad colombiana evolucione moral y legalmente.
Las respuestas del movimiento animalista a esta afrenta a la democracia no se dieron a esperar. Se interpusieron algunas acciones de nulidad y para el día de las elecciones regionales del 25 de octubre, fecha en que la consulta antitaurina se habría tenido que dar, se promueve una acción ciudadana de desobediencia civil, simbólica, no violenta y no incluyente, pero diciente y resistente de una sociedad que ya está preparada para dejar atrás la tauromaquia: la introducción en las urnas de la papeleta Bogotá Sin Toreo.
La Registraduría Distrital ha dicho que este procedimiento es no ha lugar, pero no estamos pidiendo permiso. Vamos a manifestar nuestro rechazo a las limitaciones de nuestro derecho a la participación, precisamente participando, porque no creemos en la farsa caduca de democracia representativa sino que estamos seguros de que es la ciudadanía la que debe decidir.
El camino que el Consejo de Estado ha trazado para resolver en el futuro el problema que le representa a la sociedad la tauromaquia es el del Legislativo. Para los magistrados, la decisión la tiene que tomar el Congreso de la República y su consabida inclinación a no dar trámite a nada que tenga que ver con toros y con gallos. Claro, sabiendo este escenario más bien estéril, el movimiento animalista dará trámite a las herramientas que permita la Ley y desde ya se está hablando de un proyecto de ley antitaurina, uno más en la historia, o de una Iniciativa legislativa popular. La movilización ciudadana continuará como la forma más certera.
Pero, un proceso juicioso como el que llevó a cabo Bogotá Sin Toreo no puede verse invisibilizado. Debe quedar en los anales de la historia como aquel que estuvo a punto de lograr la abolición de la tauromaquia en Bogotá, y que será el antecedente primordial para que esta abolición se dé en un futuro próximo, porque lo que es seguro es que las corridas de toros y sus relacionados tienen los días contados.
El camino hacia la consulta
El proceso ciudadano promovido por Bogotá Sin Toreo, cumplió con todos los requerimientos de la Ley de Participación Ciudadana y obtuvo concepto favorable mayoritario del Concejo de Bogotá y aval de constitucionalidad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Adicionalmente, superó las barreras que el registrador Carlos Ariel Sánchez, un reconocido aficionado a la tauromaquia, había puesto para que la consulta no se llevara a cabo junto a las elecciones locales del 25 de octubre, manifestando que no había tiempo ni recursos para la misma, a pesar de que en esa fecha se lograría el mínimo impacto fiscal y de que la Alcaldía mayor finalmente decidió hacerse cargo de todos los gastos para terminar con la discusión, justamente cuando el Consejo de Estado emitió su fallo.
En enero de 2013 la Corte Constitucional de Colombia inició la revisión de la tutela de la Corporación Taurina de Bogotá contra el acto administrativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá que derivó en la terminación del contrato de arrendamiento de la primera sobre la Plaza de la Santamaría. Desde ese momento, tuvieron lugar diversas acciones desde el movimiento social animalista para exigir a la Corte Constitucional un fallo que mantuviera la Santamaría libre de corridas de toros.
A pesar de que los intentos la Corporación Taurina de Bogotá para evitar la consulta fueron fallados previamente en su contra por varias instancias judiciales, en un proceso totalmente sospechoso, el 2 de septiembre de 2014, una tutela de esa organización llegó a revisión en la Corte Constitucional, siendo fallada a su favor. Además, a través de la Sentencia T-296 de 2013, se ordenó al Distrito devolverle el control de la plaza de Santamaría para la realización de corridas de toros en máximo seis meses, a pesar de que los animalistas solicitaron que el magistrado ponente en la Sala de Revisión del alto tribunal, Mauricio González Cuervo, se declarase impedido por ser un reconocido taurófilo.
Al día siguiente de conocida la sentencia, el movimiento animalista bogotano convoco a un plantón frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá para protestar por la decisión y radicar un documento donde se solicitó iniciar la convocatoria a una consulta popular para que fuera la ciudadanía bogotana la que decidiera sobre el futuro de la tauromaquia en Bogotá. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá interpuso una acción de nulidad en contra de la decisión de la Corte Constitucional y radicó una solicitud de aclaración sobre su aplicación. La sentencia fue ratificada a inicios de febrero de 2015 en el Auto 060/15.
Sin embargo, la votación realizada por la sala plena de la Corte Constitucional de Colombia no fue unánime y, nuevamente, magistrados con afinidad con la tauromaquia votaron sin declararse impedidos. La votación quedó cinco a cuatro a favor de la restitución de la plaza de la Santamaría para actividades taurinas, donde el voto decisivo fue el del cuestionado magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien se encuentra al centro de un escándalo por corrupción al interior de la Corte Constitucional, por lo que miembros de Bogotá sin Toreo interpusieron derechos de petición para que se revisara la decisión, asunto desestimado finalmente por el alto tribunal.
Sin embargo, el pasado 28 de marzo, Bogotá Sin Toreo refrendó ante la Alcaldía Mayor de Bogotá su solicitud para realizar la consulta popular antitaurina, contando con un importante respaldo de numerosos sectores sociales interesados en que la ciudadanía bogotana decida el tipo de ciudad que desea: una respetuosa con toda forma de vida o una con espectáculos alrededor de la muerte y la tortura de animales. Así, luego de los pasos llevados a cabo por el movimiento animalista, el proceso quedó en manos del Concejo de Bogotá, que debía dar concepto sobre la conveniencia de realizar una consulta a la ciudadanía en la que se pregunte: “¿Está de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá?”.
En esa corporación se conformó una comisión de cinco concejales que debía emitir un concepto inicial sobre la iniciativa para ser debatido en plenaria, conformada por Yesid García, Olga Victoria Rubio y Clara Sandoval, quienes emitieron voto favorable; y Jorge Durán Silva y Darío Cepeda, quienes lo hicieron negativamente. Por esta razón, la Alcaldía Mayor de Bogotá llamó al concejo a sesiones extraordinarias, desde el 10 de julio, exclusivamente para debatir el concepto de acuerdo a la Ley. Finalmente, el 28 de julio, en un día histórico para la búsqueda de la democracia directa e incidente, el Concejo de Bogotá votó concepto favorable por 29 votos a favor y 6 en contra para la realización de la consulta popular antitaurina.
El siguiente paso se dio el pasado 25 de agosto, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio vía libre a la consulta con el análisis de constitucionalidad de la pregunta. Luego de ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un decreto ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil hacer el llamado inmediato a la misma.
Antes de la decisión que evitó la realización de la consulta, ésta contó con el apoyo de todos los candidatos y candidatas con opción de ganar la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, llegó finalmente el fatídico día de la limitante democrática del Consejo de Estado, quien apoyando a la mafia taurina, enterró la democracia y nos hizo hacer creer que la paz sigue siendo sólo una insulsa palabra bonita que deja fuera de su accionar a los animales, víctimas sin reconocer no sólo del conflicto sino de la cotidianidad de la sociedad humana.
Pero no claudicaremos. Ésta es sólo una batalla perdida y el movimiento animalista seguirá luchando para que la liberación animal sea una realidad, no sólo en actos de rechazo a los eventos de explotación visibles y reconocidos, como la tauromaquia, sino en todas aquellas acciones humanas que hacen a los animales seres esclavizados. Por ellos, seguiremos en resistencia natural.
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* Psicólogo, candidato a magíster en Bioética, representante de la Fundación Resistencia Natural (REN), vocero de la Red Internacional Antitauromaquia y miembro de la coalición de organizaciones Bogotá Sin Toreo.
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