Por: Gerald Bermúdez – octubre 6 de 2015
¿Para qué sirven los medios de comunicación? ¿Cuál es el ánimo que existe para llamarse periodista? ¿De qué sirve que exista el periodismo en un país que no está siendo informado? Éstas y muchas otras preguntas recorren los espacios de opinión y debate tanto del mundo tangible como del virtual. El debate se hace más agudo cuando se trata de Colombia.
Si bien las causas pueden ser variadas van desde ansias de rating, intereses de las grandes casas periodísticas, afán de lucro, entre otras, no es claro cuál es la que predomina y requeriría un profundo análisis de la realidad global en materia periodística.
Sin embargo, al mirar algunos casos se pueden notar patrones.
Por ejemplo, el casi monolítico control que hay sobre la prensa en algunos países latinoamericanos es mostrado en los medios colombianos como la tragedia más grande que pueda existir en materia de libertades. Al mismo tiempo, se omiten los informes que dan cuenta del constreñimiento a la libertad de prensa ejercidos por políticos o personas con gran poder regional en este país.
A lo anterior se suma la omisión hecha de los asesinatos de periodistas colombianos en el ejercicio de su labor. Es como si trabajar en un medio regional o comunitario fuera un atenuante del ejercicio periodístico. Valga mencionar los casos de Luis Carlos Cervantes, asesinado en Tarazá después de que se le retirara su esquema de seguridad, algo que no generó mayor revuelo o respaldo en medios como RCN o Caracol. Incluso, algún ‘colega’ dio eco a versiones según las cuales el homicidio no era grave porque no sucedió en ‘horario laboral’.
El otro caso que puede mencionarse es el de Sergio Segura, reportero de un medio alternativo que fue acusado de pertenecer al ELN por ser parte del Congreso de los Pueblos. Segura estuvo detenido casi dos meses sin que mediara una nota de protesta de las agremiaciones de periodistas. Al contrario, los grandes medios lo señalaron de ser miliciano del grupo armado sin que mediara condena.
En la misma línea se pueden notar los grandes intereses que se mueven en las elecciones locales que se tenderán lugar el próximo 25 de octubre. Para ilustrar este punto valga mencionar la falsa información publicada en el diario El Tiempo, en la que se aseguraba que Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, expropiaría un predio en el que está la conocida clínica Barraquer.
Inmediatamente, ‘vacas sagradas’ del periodismo como Néstor Morales o Daniel Samper Ospina trinaron a propósito de dicha información. Lo dicho por Samper desnudó la manera en que funcionan las matrices de opinión en la mayor parte del país: “!Arriba Peñalosa! !No aguantamos otra alcaldía de izquierda en Bogotá!”, trinó desde su cuenta privada. Esto deja claro el efecto de hacer pública información falsa, repetida por figuras del periodismo, en plena época electoral.
En esta misma línea, que deja claro el afán de lucro de muchos, están los periodistas contratados por la Fiscalía General de la Nación como asesores. Si bien es cierto que de no haber inhabilidades no existe nada irregular, por lo menos debería mediar el respeto para con el informado, así como para con el ejercicio, y marginarse de informar sobre temas que incluyan a la Fiscalía de la cual se es asesor. Es algo similar a los casos de los periodistas casados con granes empresarios o políticos, que en lugar de declararse impedidos para incidir en esos temas, se dedican a realizar el lobby mediático de sus consortes.
El ministro del Medio Ambiente, dice en una entrevista en la que no le recriminan lo dicho, que en el Parque Natural del Chiribiquete, del cual equivoca su ubicación, no hay vida humana sino ‘sólo indígenas’. Esta declaración, antes que despertar un ánimo por saber qué pensaba el funcionario y cuál es su concepción sobre los pueblos originarios, generó que varios medios salieran en su defensa, inventando hipótesis sobre las causas de esa declaración. Pareciera que alguien hubiera llamado a la Revista Semana para que exculpara al ministro antes que constatar cuál es la política pública frente a estas comunidades.
Lo anterior sólo es una ilustración de las aristas de un problema complejo que está dejando por fuera del foco informativo la realidad nacional y está presentando a un entramado de intereses económicos y políticos como la única realidad existente. Mientras que aún siguen asesinando periodistas y reclamantes de tierras, y el desplazamiento continúa creciendo, los presentadores de noticias y locutores se siguen casando con jefes de debate de tal o cual campaña y siguen firmando contratos con entidades públicas y empresas privadas con la débil justificación de que ‘de algo debe vivir un periodista’.
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