Juan Diego García – agosto 5 de 2022
El programa del nuevo gobierno de Colombia supone comenzar con la superación del actual modelo neoliberal y su reemplazo por otro que devuelva al Estado un protagonismo decisivo en el funcionamiento de la economía.
Este desafío tiene, a juzgar por las medidas anunciadas, muchos elementos del modelo desarrollista que supuso en el pasado el impulso de las producción local de artículos de consumo sin renunciar a la exportación de materias primas como uno de los elementos centrales de la economía. Esa industrialización desarrollista supuso en Colombia impulsar sectores que ya tenían precedentes en el siglo XIX pero que se ampliaron notoriamente en el XX, transformando la estructura misma del país. Sucedió así con el desarrollo local de las industrias del metal y del textil, como también en la producción de muchos artículos de consumo cotidiano, si bien nunca se consiguió elaborar los medios de producción necesarios, esto es, las maquinarias, los equipos y las tecnologías, que siempre siguieron importándose.
El actual modelo neoliberal eliminó esos logros. No solo excluye la elaboración local de esos bienes de producción sino que conlleva, incluso, la ruina de la elaboración local de medio de consumo, pues se argumenta que mediante el ‘extractivismo’ se asegura la compra de esos artículos en el mercado mundial –teóricamente más baratos–. El caso de la producción agrícola en Colombia es un ejemplo que demuestra la perversión del modelo neoliberal: de ser un país prácticamente autónomo en producción de alimentos y muchas materias primas, hoy importa buena parte de los mismos. Los artículos ‘más baratos’ no compensan ni de lejos la masa de desempleados que el neoliberalismo provoca en campos y ciudades. Esta es, sin duda, la razón principal de las migraciones internas y externas que han afectado negativamente a millones de personas, en unos casos desplazados ‘pacíficamente’ por la dinámica propia del capitalismo y, en otros, víctimas de una violencia extrema, oficial y privada, contra los sectores populares y la oposición política.
Por contraste, la defensa cerrada de su mercado interno constituye la esencia de la política económica de las naciones metropolitanas, las mismas que imponen de mil maneras la apertura de fronteras y la libertad de mercado a los países de la periferia del planeta. Si Petro se propone avanzar en el desmantelamiento de este sistema perverso va a encontrar la cerrada oposición de la gran burguesía local –que ya la está adelantando en declaraciones que más parecen amenazas [frente al nuevo gobierno]–, no menos que el sabotaje de las empresas transnacionales que hoy se benefician del neoliberalismo y, por supuesto, de los centros mundiales del sistema financiero, todos ellos controlados por los países ricos. No será, pues, una tarea fácil para el nuevo gobierno, que tendrá que contar con un apoyo popular cada vez más amplio y con el respaldo efectivo de los empresarios locales del campo y la ciudad –sobre todo los medianos y pequeños–, tan perjudicados por las políticas neoliberales.
Ese impulso de la producción nacional, unido a una reforma fiscal puede asegurar al nuevo gobierno fondos suficientes para adelantar buena parte de las medidas anunciadas. El país cuenta con recursos suficientes aunque es obvio que Petro y su equipo tienen que calcular con enorme pragmatismo cómo hacer uso de los mismos para responder a las enormes demandas populares de los muchos millones que hoy carecen de lo más elemental en salud, educación, vivienda, alimentación y empleo digno, entre otras necesidades, sin descuidar las necesarias inversiones. Calcular cómo distribuir los recursos disponibles entre un gasto social indispensable y urgente, y la necesaria inversión económica que genere la base sólida del desarrollo nacional, cuya importancia casi siempre solo se manifiesta a mediano y largo plazo, es un reto ya conocido que aparece siempre en todos los procesos de cambio substancial de un orden social dado y Colombia no sería la excepción.
Para consolidar el acuerdo nacional que permita alcanzar el necesario equilibrio entre gasto e inversión, de suerte que amplios colectivos asuman los sacrificios que suponga posponer ciertos consumos en aras de la necesaria inversión, el nuevo gobierno debe impulsar formas nuevas de participación social que aseguren un diálogo constructivo entre el Gobierno y los diversos colectivos sociales, de suerte que se produzca la necesaria relación entre las leyes y normas que se aprueben en las instancias tradicionales, el Congreso, y la voluntad ciudadana. Será decisiva esta forma nueva de hacer política en la relación del Gobierno con las muchas formas de la participación popular –sindicatos, asociaciones, juntas vecinales y grupos étnicos, entre otros– que han llevado a Petro al poder sin dejar de lado los acuerdos necesarios con los grupos empresariales y otros similares para asegurar un equilibrio suficiente. Será un paso importante para superar la nefasta política neoliberal que deposita todo el poder en los mercados y reduce al Estado al simple control policial, demonizando de paso toda forma independiente de organización popular, en particular los sindicatos.
Devolver al Estado sus funciones y dar a las formas de organización popular un protagonismo decisivo permite, por ejemplo, decidir democráticamente qué producir, qué no producir y en qué proporciones se debe hacerlo. Permite, además, superar el actual consumismo e intentar armonizar la actividad productiva con la satisfacción urgente de las necesidades básicas de la población al tiempo que alcanzar una sana relación con el medio natural y los recursos. ¿Es esto compatible con el funcionamiento del capitalismo? Esa es una cuestión a debatir y que en cierta medida ya es un reto para el nuevo gobierno de Colombia.
Visto el programa de Petro y sus propósitos parece claro que se apuesta por un capitalismo reformado, democrático y diferente en lo fundamental al modelo neoliberal actual. En realidad, las propuestas del gobierno que asume el próximo 7 de agosto parecen apostar por un nuevo desarrollismo, adaptado a las nuevas condiciones sociales y políticas, locales e internacionales. En esa dirección irían igualmente las propuestas del nuevo gobierno por avanzar en la integración regional como un necesario mecanismo para fortalecer la capacidad regional en los proceso de negociación de temas tan complejos como la deuda externa, la inversión extranjera, las nuevas relaciones económicas con las llamadas potencias emergentes –China, en particular– y una revisión necesaria de los vínculos actuales con las potencias del capitalismo tradicional.
Para alcanzar estos objetivos el nuevo gobierno Colombia tiene recursos suficientes. Un nuevo desarrollismo no solo es necesario sino indispensable para superar el actual cuadro de atraso, pobreza y de dependencia desventajosa con el mercado mundial. Por supuesto, sería un avance mayor si a la soberanía alimentaria y el desarrollo industrial –tanto como la modernización del comercio y los servicios– se agregara como tarea estratégica la elaboración sobre todo de medios de producción, indispensable para elaborar los medios de consumo. Equipos industriales, tecnología y ciencia en buena medida siguen siendo monopolio de los países avanzados y romper ese privilegio es un reto al que no se puede renunciar. Ahora bien, ir más allá, superando el capitalismo y echando las bases de un orden esencialmente nuevo no parece por ahora el objetivo inmediato, ni Petro se lo propone.
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