Por: Rosa Luza*- septiembre 7 de 2009
La cacería de brujas se intensifica cada día más en Colombia; muchos deben caer para que el Estado de Derecho ceda paso a la existencia del ‘Estado de opinión’. Tal es el caso del sociólogo Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien está acusado de rebelión y fue capturado ilegalmente en México, donde realizaba sus estudios posdoctorales en la UNAM.
El 22 de mayo pasado, académico colombiano fue citado por el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano, donde se dirigió en compañía de su abogado para poder realizar la prórroga de su visa y quedarse a finalizar sus estudios. Según Gustavo Gallardo, abogado defensor del profesor Beltrán y miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, el INM notificó al acusado de su expulsión del país por supuestas “conductas delictivas en el extranjero”. Así, tanto el proceso de extradición como la captura de Miguel Ángel Beltrán se realizan en coordinación con las autoridades colombianas, sin que mediara el derecho a la defensa, es decir, el derecho constitucional a impugnar esa decisión.
El caso del sociólogo es uno de los tantos que se abrió en Colombia a partir de los supuestos hallazgos encontrados en el computador de ‘Raúl Reyes’, responsable de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ubicado por los uniformados colombianos que realizaron, el 1 de marzo de 2008, el bombardeo sobre un campamento guerrillero ubicado en territorio ecuatoriano que causó la muerte del líder guerrillero y por el cual se mantienen rotas las relaciones con el vecino país.
Según la defensa, la Fiscalía intenta que los datos encontrados en este computador incriminen a Beltrán, a pesar de haber sido manipulados por la policía judicial colombiana antes de ser entregados a Interpol, para tratar de demostrar que él y ‘Jaime Cienfuegos’, con quien ‘Reyes’ supuestamente sostenía permanente comunicación por correo electrónico, son la misma persona: el encargado, según la inteligencia militar, de administrar los recursos que la organización alzada en armas ha destinado para la creación de células de simpatizantes en universidades de México y Centroamérica.
La justicia en la Colombia de Uribe
Con dichas pruebas, la Fiscalía General colombiana ordenó la captura de Beltrán en México a través de la DIJIN de la Policía. De esta manera, y mediante la fuerza, fue apresado y se le negó el derecho al asilo político.
Al llegar a Bogotá, Beltrán fue entregado a las autoridades colombianas, quienes formalizaron la captura realizada en México. Como resultado de la valoración médica a la que fue sometido, el académico recibió una incapacidad de 12 días, debido al maltrato que recibió al momento de la detención, a una gripe y a las torturas sicológicas que le inflingieron sus captores al mantenerlo encapuchado y esposado en vuelo.
Al momento de llegar a Bogotá y ser presentado a los medios, el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, declaró que “[alias] ‘Cienfuegos’ es de un perfil terrorista bastante sofisticado: perteneció a grupos de académicos […] y terminó siendo asesor criminal del secretariado de las FARC”.
A pesar de violar el derecho de Beltrán de la defensa, al no estar en condiciones físicas para presentarse a un despacho judicial, el 23 de mayo a las 9:00 de la mañana se iniciaron las audiencias de imputación de cargos y se ordenó la detención preventiva en el pabellón de máxima seguridad de la Cárcel Modelo de Bogotá, bajo los cargos de rebelión, concierto para delinquir agravado por financiación del terrorismo y administración de bienes del terrorismo.
Estos cargos no podrían ser procesados al tiempo ya que, por tratarse la rebelión de un delito político, los demás cargos se consideran conexos a esta conducta. Sin embargo, en Colombia es común que estos procesos judiciales sean irregulares y manipulados.
La pena para Beltrán por el cargo de concierto para delinquir sería de entre ocho y dieciocho años, debido al agravante mencionado. Según señala su abogado, la pena mínima podría ser de diez años y la máxima de dieciocho, sumándole a esto los ocho años por rebelión. Sin embargo, el fiscal pide más de cuarenta años, situación que, según denuncia el propio Beltrán, contrasta con las penas de apenas 8 años que se aplican a los paramilitares acogidos por la Ley de Justicia y Paz.
Persecución a la academia
El proceso contra Miguel Ángel Beltrán es sólo un caso más de una cadena de procesos judiciales en los que se persigue a la academia, a la libertad de cátedra, a la libertad de opinión y de análisis crítico.
La intelectualidad en Colombia está siendo fuertemente perseguida. En el caso de Sonia Urrea, docente de ciencias sociales del colegio Marymount –ubicado al norte de Bogotá y fundado por religiosas estadounidenses–, comenzó a ser investigada por el grupo de inteligencia G-3 del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por solicitar a sus alumnos que leyeran bibliografía de investigadores del conflicto colombiano, como Fabio Zambrano y el sociólogo Alfredo Molano.
La academia colombiana ha sentado su voz de protesta y de apoyo a la causa de Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien sostiene que se le acusa de ser un terrorista por sustentar, en sus escritos y en los foros públicos que la guerra colombiana tiene raíces históricas en las múltiples violencias del Estado y en la iniquidad reinante en este país.
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