Por: Katerin Céspedes – mayo 29 de 2013
El próximo 30 de mayo, nuevamente miles de pacientes, trabajadores hospitalarios y ciudadanos saldrán a las calles para reclazar el actual sistema de salud y exigir cambios de fondo en un modelo manejado en beneficio de las EPS y respecto al cual pareciera que el actual gobierno tiene pocas intenciones de transformarlo en uno que garantice el derecho fundamental de todos los colombianos a la salud.
El antecedente inmediato de esta movilización ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando una multitudinaria marcha convocó en las calles a más de 6.000 personas en Bogotá, entre trabajadores hospitalarios, médicos, usuarios, personas con discapacidad, funcionarios de la Secretaría de Salud de la capital y miles de ciudadanos, que se unieron para exigir una mejora en la calidad de los servicios de la salud y el fin de las intermediaciones financieras de las EPS, en especial de las subsidiadas, en momentos en que cursa en el Congreso una reforma a la polémica Ley 100 de 1993, con la cual el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, asegura que esas entidades pasarían de ser intermediarias financieras a convertirse en “gestoras de servicios de salud”.
Razones de sobra
Para quienes se han venido movilizando por el derecho a la salud en todo el país, el sistema definido por la Ley 100 está basado en una lógica mercantilista en donde se ofrecen y se vende servicios a cambio de beneficios económicos, lo cual ha traído incontables muertes de pacientes, múltiples casos de negligencia y nefastas consecuencias a la salud de las personas que hacen uso de unos servicios médicos que no suministran una atención oportuna ni de calidad.
Al respecto, Mariana*, madre de una persona con discapacidad, asegura que “necesitamos que este sistema de salud cambie, que haya un sistema de salud que atienda verdaderamente a las personas en condición de discapacidad […] en cuanto a los especialistas, en cuanto a la atención de rehabilitación […] en el momento de solicitar una cita me la dan en seis, siete o diez meses”. En el mismo sentido, Andrea* asegura que “el servicio médico en Bogotá es pésimo: yo soy una persona que sufre de epilepsia y [mi situación] ha sido muy difícil porque la EPS a la que estoy afiliada, que es Solsalud, no responde por la entrega de los medicamentos a tiempo ni por las citas”.
David Curtidor es el padre de Amaranta Curtidor, una niña indígena de ocho años que murió debido a la falta de atención médica. Recuerda que su hija “tuvo un dolor de cabeza que resultó ser un accidente cerebro vascular y al cabo de cuatro días no le dieron el tratamiento adecuado en la IPS Famisanar, que es una clínica de Cafam, y le negaron atención oportuna especializada. Ésta es una clínica pediátrica, pero por ahorrar dinero no contratan a los profesionales suficientes y ese día no hubo pediatra: 36 horas pasaron para que la atendiera uno y, a pesar del cuadro clínico que ella presentaba, se negaron a practicarle un examen clínico que hubiera podido salvarle la vida”.
Adicionalmente, David asegura que la negación de la atención a los pacientes “es una constante no sólo en ésta sino en todas las clínicas que “no contratan profesionales porque les salen muy costosos” y en las que “los médicos tienen un cupo de exámenes, es decir, si son veinte exámenes que deben practicar y ud. es el veintiuno… ¡muérase!”. Para el padre de Amaranta, en este sistema lo que importa “no son las necesidades de salud de los pacientes sino las necesidades financieras de las empresas”, y no duda en denunciar que “mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, ninguna enfermedad que no fuera tratable: me la mataron con una enfermedad que era absolutamente curable”.
Por otra parte, Javier*, un médico del hospital Simón Bolívar, comenta que “queremos que se acaben las EPS del régimen subsidiado, que son entidades muy cuestionadas, pues están manejadas por políticos, por paramilitares y, obviamente, esto está generando que la plata llegue a donde no tiene que llegar, pues si vemos la plata del sistema es suficiente para prestar un excelente servicio de salud, pero la plata se está quedando en el camino, se está quedando en la intermediación, y no está llegando a los hospitales”.
Estragos de la Ley 100
Son bastantes los cuestionamientos los que se hacen al actual sistema de salud, a la forma en que la norma define la prestación de los servicios médicos y al modelo de atención a los pacientes. Quizás, una de las críticas más sonadas es a la noción con la cual fueron creadas las EPS, pues la ley les otorgó el manejo y recaudo de los recursos financieros destinados, en teoría, a prestar servicios de salud de calidad y brindar mayor acceso y cobertura a los ciudadanos en Colombia, pero que terminaron engordando los enormes fondos de las aseguradoras privadas que se vienen lucrando con estos dineros.
Adicionalmente, la controvertida Ley 100 de 1993 estableció un sistema de competencia regulada en el que las actuales EPS actúan con casi total libertad porque, precisamente, la regulación estatal, en manos de la Superintendencia de la Salud, es tan escasa que esas entidades se han convertido en lo que algunos analistas señalan como una enorme maquinaria de corrupción y muerte que se ha lucrado a costa del bienestar y la salud de las personas. En este sentido, Conrado Gómez, ex superintendente de Salud y quien tuvo la tarea de hacerle frente a los escándalos desatados por lo que se conoció como el ‘carrusel de salud’, reconoció que actualmente las EPS son instituciones muy grandes que operan en todo el país, razón por la cual se hace difícil regularlas y controlarlas desde una insitiución ubicada en Bogotá, lo que devela que la Supersalud habría pasado por alto irregularidades en cuanto al manejo y la destinación de los recursos de la salud.
Sobre la actual reforma a la salud
Desde que Álvaro Uribe, entonces senador, presentó el proyecto que luego se convirtió en la Ley 100 de 1993, se han realizado dos reformas a la salud que han buscado frenar la escalada de corrupción y las mafias al interior del sistema: la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, que plantearon mejoras en cuanto a los resultados de gestión, limitaciones a la integración vertical y garantías para que los recursos llegasen a los hospitales públicos. Sin embargo, hoy la politiquería, la desviación de fondos públicos, la corrupción, la crisis de la red pública de hospitales –motivada porque las EPS subsidadas no pagan– y, sobre todo, la falta de confianza y de legitimidad en el sistema de salud se mantienen.
Según el ministro Gaviria, quien ha reconocido y denunciado la corrupción que se vive tanto en las EPS como en el propio ministerio y en la Supersalud, la reforma a la salud radicada en el Congreso el pasado 25 de marzo propone tomar medidas certeras que anulen la malversación de fondos públicos, que eliminen la corrupción y que brinden calidad en los servicios médicos a las personas que los utilizan.
Entre las medidas contempladas como ejes centrales de la reforma se encuentran:
- La eliminación de las intermediaciones financieras de parte de las EPS y la creación de una entidad pública descentralizada –Salud Mía–, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, que afilie directamente al sistema, a la vez que se encarga del recaudo y distribución de los recursos que hoy financian los regímenes contributivo y subsidiado, siendo vigilada por la Superintendencia Financiera.
- Se ampliaran los medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), que recibirá el nombre de “Mi Plan”.
- Las EPS pasarán a ser administradoras de la atención básica y especializada en salud, que no tendrán manejo de recursos y serán vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.
- Se eliminará la integración vertical, figura encaminada a disminuir los costos de operación y a que un solo grupo empresarial controle la mayor parte del proceso de producción y venta de servicios de salud, lo que ha propiciado la corrupción, a cuenta de los constantes recobros, y la negación de prestación de servicios de salud de calidad, pues estos son considerados muy costosos por las EPS.
El proyecto de ley prevé un período de transición de dos años para su implementación, sin embargo, la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz afirma que éste debe ser menor porque “es preocupante el hecho de que sigan habiendo más víctimas a causa de la mala atención prestadas por las EPS”. Adicionalmente, la congresista asegura que “tenemos que estar muy pendientes de la reforma que el gobierno está proponiendo porque, si bien es cierto que hay cosas tentadoras […], lo que no nos han dicho y lo que no han hecho visible es que las EPS van a seguir en el negocio, administrando servicios […] es más de lo mismo”. Al respecto, David Curtidor asegura que esta reforma “no va a acabar la intermediación financiera y […] lo que están planteando es que se elitice aún más la salud, que establezcan unos planes de salud con unas exclusiones tales que si usted quiere salud va a tener que pagar por eso”.
Para millones de colombianos, lo que se requiere es una reforma en la que la calidad de los servicios prestados se mida de acuerdo a la satisfacción de los pacientes y no de acuerdo a los costos que deriven de cada servicio médico y a las ganancias del sector financiero. En este sentido, el padre de Amaranta es claro en decir que lo que se necesita es “un verdadero cambio es que no se anteponga el dinero a la vida y eso se establece elevando la salud a [nivel de] derecho fundamental y a prioridad. Eso ya está en la Constitución, pero no funciona de manera efectiva: si funcionara, mi hija estaría viva”.
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Lograr la ampliación de la cobertura y que toda la población del país tenga seguridad social en el año 2001, como fue planteado por el Ministerio de Salud2 no es factible, si se tiene en cuenta que la ampliación se hará con base en el régimen subsidiado cuyos recursos provienen del situado fiscal , del petróleo y una cifra (1%) que trasladan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) contributivas, correspondientes a los asalariados de más de 4 salarios mínimos, recursos que no se aumentarán de acuerdo con las necesidades que demanda el sistema. Durante 1995 la Ley contemplaba que los municipios debían destinar a salud 15% del situado fiscal y se presentó una reacción general en el país debido a la falta de recursos propios de los entes municipales para financiar el sostenimiento de la administración local y realizar inversiones lo que modificó temporalmente la posibilidad de destinar los dineros a salud. Si los municipios no tienen recursos propios para financiar su funcionamiento, esta situación es probable que se repita en los años siguientes. Asimismo, el Ministerio de Salud al no disponer de financiación para los hospitales, destinó recursos del subsidio a la demanda o sea del régimen subsidiado a subsidiar la oferta mediante partidas destinadas a los hospitales.