Por: Ina Azafrán* – agosto 20 de 2009
Hace casi 23 años y diez meses, a las 11:40am del miércoles 6 de noviembre de 1985, 42 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina del Movimiento 19 de abril (M-19), se tomaron por las armas el Palacio de Justicia en Bogotá, en lo que llamaron “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Su objetivo, según consta en una declaración escrita por Álvaro Fayad Delgado pocos días días después del holocausto, era entablar una demanda armada y un juicio público contra el gobierno del entonces presidente, Belisario Betancourt, por el incumplimiento de los acuerdos con esa guerrilla y las mentiras frente a éstos dichas a la sociedad colombiana.
Los ocupantes del Palacio fueron tomados rehenes como desenlace de los procesos de paz frustrados con el Estado colombiano. El Ejército Nacional reaccionó de forma brutal, ignorando los llamados al cese al fuego del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema. Las imágenes de la retoma del Palacio quedaron grabadas en la memoria de un país que observó a los tanques militares irrumpir en la sede judicial y al Palacio de Justicia convertirse en cenizas.
El saldo de la toma no fue únicamente otro episodio espectacular de la historia nacional: la sede judicial colombiana ardió en llamas junto con los expedientes que allí reposaban, además de todos los integrantes del M-19 que participaron en la operación –menos una insurgente–, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los visitantes y trabajadores. Según consta en los videos captados por los periodistas que cubrieron el operativo militar y en diversos testimonios, once personas salieron con vida del Palacio y hoy continúan desaparecidas.
A casi 24 años de la masacre, se adelantan cuatro procesos judiciales que pretenden esclarecer los hechos de aquellas 42 horas e imponer justicia sobre quienes estaban al mando de las tropas que incursionaron en el Palacio e hicieron ‘uso desmedido de la fuerza’, según lo pudo constatar la Comisión de la Verdad creada desde 1985 para evaluar y esclarecer los hechos.
Objetivo de la retoma: supresión del Estado de Derecho
La inteligencia militar tenía pleno conocimiento de que la toma del Palacio de Justicia iba a ocurrir. Según el abogado de los familiares de los desaparecidos, Jorge Molano, la seguridad del Palacio fue retirada en octubre de 1985, dejando una invitación abierta al M-19 para realizar la toma armada y, de esta forma, la retoma por parte de las Fuerzas Militares. El objetivo de los militares era acabar con la Corte Suprema, pues esta estaba conformada por personas de talante democrático: entre otros, Reyes Echandía, presidente de la Corte, venía planteando debates sobre la seguridad nacional en Colombia y América Latina; Manuel Gaona, liberal, era un fuerte crítico del funcionamiento del Estado en ese entonces; y Emilio Sandoval Duarte, era uno de los mayores criminólogos del país y señalaba las graves falencias del sistema penal en Colombia.
Antes del holocausto del Palacio de Justicia, habian empezado a llegar a la Corte los primeros expedientes por casos de torturas por parte del Ejército durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Igualmente, se iniciaba la discusión del tratado de extradición. “Atacar a la Corte era romper el Estado de Derecho, acabar con una de las ramas del Poder Público y mirar como se configuraba una Corte más afín a los intereses de los militares”, sostiene Molano.
Con la muerte de la mayoría de los magistrados se debilita la justicia en Colombia, al tiempo que se generaliza el miedo para administrarla. Para el abogado de las víctimas, estos hechos indican “la ruptura del Estado de derecho, el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo y al poder militar en específico, que se vuelve a repetir en la historia del país: una Rama Judicial que empieza a ser controlada desde el Ejecutivo, ya no por vía de la fuerza, ya no por vía de la imposición militar, sino que depende del Ejecutivo por vía de las elecciones”.
El control de la justicia por parte de los militares se ve no sólo en la coacción, sino también en la destrucción de material judicial: durante años se ha manejado la tesis de que el M-19 tenía interés en quemar los expedientes que reposaban en el Palacio de Justicia. Sin embargo, ha sido posible establecer en la investigación que el fuego bajo el cual ardió la sede judicial colombiana no fue provocado por los guerrilleros sino por los militares.
En declaraciones recientes, Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias ‘Popeye’, la mano derecha de Pablo Escobar, contó que personal de la Escuela de Caballería del Ejército, comandada entonces por el coronel Alfonso Plazas Vega y que tenía jurisdicción en el municipio de Pacho (Cundinamarca), tenía estrechas relaciones con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’. Por esto, diversos analistas e investigadores han concluido que el incendio del Palacio, los miles de disparos, la entrada de los tanques de guerra y el uso desmedido de explosivos por parte de los militares durante la retoma, se debe a la evidente relación entre militares y narcotraficantes, pues tanto los unos como los otros se beneficiaron de la quema de los expedientes.
24 años de impunidad
En el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia no ha habido ninguna sentencia, por lo que permanece por ahora impune. A través de los años han ido apareciendo pruebas que ‘desaparecen’ misteriosamente de juzgados y fiscalías, con lo cual se ha impregnando el proceso de un silencio que ha entorpecido la construcción de memoria colectiva y ha impedido que los derechos a la verdad y a la reparación se hagan efectivos.
Esto ha ocurrido con diversas grabaciones magnetofónicas de audio y video que han sido asumidas como pruebas. Por ejemplo, un cassette que comentaba lo que sucedió con los desaparecidos, y que fue dejado en una cafetería con el fin de que miembros de la Procuraduría lo recogieran, desapareció de los archivos del proceso y su información sólo pudo recuperarse porque una juez tuvo la precaución de ordenar su transcripción. Suerte similar corrieron varios videos periodísticos que habían sido confiscados por la Fuerza Pública.
Al día siguiente de concluirse la retoma el Ejército tomó el control de las instalaciones del Palacio de Justicia y antes de permitir que los entes judiciales entrasen para hacer el levantamiento de los cadáveres e investigar el lugar en busca de pruebas, ordenó mover los cuerpos y lavar el piso, en una clara intención de impedir que los hechos se conocieran.
Para seguir garantizando la impunidad, 13 años después, el 18 de abril de 1998, asesinaron al investigador Eduardo Umaña Mendoza, que había hecho investigaciones profundas sobre lo sucedido. Meses después se iniciaron las exhumaciones de los cadáveres enterrados en el Cementerio del Sur, en un intento tardío de investigación. La exhumación de estos cadáveres, enterrados como NN, constata la desaparición y posterior muerte de personas que habían estado presentes durante la toma pero no habían muerto en el Palacio.
Finalmente, en 2005, se abrió formalmente el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia. A pesar de los altibajos del proceso, la actuación de la Fiscalía ha sido calificada como sensata por parte de los familiares de las víctimas, pues se ha ordenado abrir sepulturas en guarniciones militares como la Escuela de Caballería, antigua sede de la disuelta Brigada XX, B-2 o Batallón de Inteligencia ‘Charry Solano’, así como rehacer muchas de las pruebas que se perdieron del expediente con el paso del tiempo.
El avance del proceso puede explicarse porque el caso es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que implica la necesidad de mostrar resultados a nivel internacional y evitar una resolución en contra del Estado. Adicionalmente, la persistencia de los familiares ha logrado mantener viva la memoria del caso gracias a los innumerables actos simbólicos, movilizaciones y peticiones colectivas con las que siguen demandando justicia, después de casi 24 años.
Responsabilidad militar
En este momento se están desarrollando cuatro procesos por la retoma del Palacio: contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega; contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, comandante en aquella época del B2, y contra cuatro integrantes de esa unidad militar; contra el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada XIII; y contra el general retirado Iván Ramírez Quintero, excomandante de inteligencia y contrainteligencia del Ejército en 1985.
En 1983, la CIDH de la OEA resolvió: “declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad”. Los cuatro militares, hoy retirados, se enfrentan a juicios de lesa humanidad, además de enfrentarse a la memoria de un pueblo que exige justicia y reparación.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
