El trabajo informal y precario domina en Colombia

Por: Héctor Vásquez F.

El mercado laboral colombiano muestra un resultado paradójico respecto al comportamiento de la economía: mientras el crecimiento económico se desacelera (3,0% creció el PIB en el segundo trimestre de 2015, frente a 4,7% del mismo periodo en 2014), la tasa de ocupación aumenta (de 58,1% subió a 58,8% entre mayo y julio de 2014 y 2015) y baja la tasa de desempleo (de 9,1% a 8,7% en el mismo período).

Éstos son los datos que muestran los medios y que resalta el gobierno. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es en relación, primero, con los sectores que están generando empleos y, segundo, con la calidad del empleo que se está generando en términos de ingresos, de estabilidad laboral y de protección social, componentes todos de lo que la OIT define como trabajo decente.

Frente a lo primero, las actividades económicas que más incrementaron la ocupación en el último año fueron, en su orden: comercio, hoteles, bares y restaurantes (58%); actividades inmobiliarias (29,7%) y construcción (22,8%). En cambio, disminuyó el empleo en la agricultura (se perdieron 68.000 puestos de trabajo), en la industria (38.000), minería (18.000) y electricidad, gas y agua (8.000).

Respecto de la calidad del empleo que se está generando hay que decir, primero, que los sectores con mayor crecimiento en empleo son también los que tienen mayores índices de trabajo informal (más del 60%). Es decir, de trabajo precario, que no asegura ingresos dignos y estables, en el que el empleo es ocasional o por temporadas, o a término fijo, y en los que la protección social –afiliación a salud, riesgos laborales y pensiones– es muy baja. Ésta es la característica, por ejemplo, del empleo en el comercio, que incluye el trabajo en los andenes y semáforos, las ventas en kioscos y las ventas puerta a puerta; o del empleo en bares y restaurantes; y en el sector de la construcción.

Por su parte, el empleo en el sector inmobiliario también presenta una tasa de informalidad muy alta (más del 47%) e incluye muchas actividades que se realizan por épocas y de manera transitoria, como los estudios de mercado y la realización de encuestas de opinión pública. Lo mismo ocurre con las actividades de autoempleo por parte de trabajadores con formaciones y habilidades muy específicas, como los fotógrafos, así como con el empleo en negocios de alquiler de toda clase de bienes o con el empleo por cuenta propia de muchos profesionales que le venden sus servicios a las empresas. Aquí también se ubica el empleo mediante agencias de empleo temporal, que actualmente ocupan a más de medio millón de trabajadores con contratos que en su mayoría no se ajustan a lo establecido por la Ley 50 de 1990 sobre trabajadores en actividades misionales de las empresas.

Así que la mayoría del empleo que se está generando en Colombia es informal, sin estabilidad laboral, sin ingresos que aseguren una vida digna y decente, y sin protección social. Como el Estado social es muy débil en Colombia y los desempleados y trabajadores cesantes no cuentan con un ingreso mínimo que los proteja de caer en la pobreza, no pueden darse el lujo de quedarse en casa: deben salir a la calle a rebuscarse cualquier ingreso y lo encuentran principalmente en trabajos informales.

Crece más el empleo informal que el Trabajo Decente

Como se ve en la tabla, aunque el trabajo asalariado ha incrementado su participación en el empleo total (3,8% en 4 años), todavía más de la mitad de la población ocupada lo está en posiciones donde el trabajo informal es dominante, como el trabajador por cuenta propia (categoría ocupacional en la que 8 de cada 10 trabajadores son informales), las trabajadoras domésticas (informalidad laboral superior al 98%), los trabajadores familiares sin remuneración (100% informales), los trabajadores sin remuneración en otras empresas (100% informales) y los jornaleros o peones (más del 90% informales), categorías ocupacionales que aquí hemos reunido bajo el concepto de trabajador precario.

Adicionalmente, según la encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 19,8 trabajadores de cada 100 que figuran como asalariados o empleados particulares son informales. En este sentido, el trabajo informal no disminuye en la misma proporción en que crece el empleo y se incrementa el trabajo asalariado. Y aún mantiene niveles escandalosos: en este período la tasa de informalidad que mide el DANE pasó del 52,5% en las 23 ciudades y áreas metropolitana al 49,5%, una disminución de 3 puntos porcentuales o de 0,7 puntos porcentuales en promedio al año, resultado que, sin embargo, se logró en los dos últimos años de este período, pues en los años anteriores la variación no había sido significativa.

Este resultado se situó, además, por debajo de la meta que se había propuesto el Plan Nacional de Desarrollo, que era bajarlo al 54,4% para todo el país y al 46% para las 13 áreas metropolitanas. Y eso que las estadísticas sobre trabajo informal que entrega el DANE se refieren únicamente al tamaño de las empresas (empresas que ocupen hasta 5 personas) ubicadas en 23 ciudades, no a todas las empresas ni a todos los municipios y ciudades del país.

Así que el trabajo informal en Colombia es todavía mayor que el que entrega el DANE en sus estadísticas. Por ejemplo, en una presentación llamada “Nuevo modelo para la protección social” de 2012 el Ministerio del Trabajo le atribuía a la informalidad la baja cobertura que tenía el régimen pensional en Colombia, señalando que “la informalidad laboral es alta: 14,3 millones de colombianos, el 68,8% de los ocupados, no cotizan a pensiones”. Dos años después, en su informe al Congreso de la República señalaba que “una de las principales problemáticas del mercado laboral colombiano es el alto índice de trabajadores que no cuentan con una protección en seguridad social, así lo refleja el porcentaje de ocupados cotizantes a pensiones que, a pesar de haber aumentado en los últimos años, tan solo alcanza el 34,2%”.

En el contexto departamental la informalidad sigue siendo alta. En 2014 los departamentos con mayor tasa de informalidad fueron Sucre (82,7%), Córdoba (81,7%), Nariño (81,2%), Caquetá (80,1%) y La Guajira (80,0%), en las zonas Pacífica y Caribe colombianas. De otro lado, los entes territoriales con menor informalidad fueron Bogotá (45,7%), Antioquia (52,2%), Caldas (58,8%), Risaralda (59,5%) y Valle del Cauda (60%), localizados en la zona Andina del país.

Los derechos a la protección social de los trabajadores informales son bastante precarios. Según el DANE, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, de cada 100 trabajadores informales 62 son trabajadores por cuenta propia y 19 empleados particulares, es decir, asalariados. De estos trabajadores, apenas el 10% de los que se encuentra a cuenta propia cotizaban a pensiones en 2014 y de los asalariados el 21,7% no cotizaba. Proporciones peores se presentan en relación con el acceso a la protección social en riesgos laborales.

Estas exclusiones le imponen retos al Estado en relación con el impulso a políticas públicas efectivas que mejoren estos indicadores, las cuales, hasta 2014 estaban completamente ausentes. Únicamente a partir de 2014 se diseñó un programa para vincular a los trabajadores informales al régimen pensional a través de un programa de ahorro individual y del suministro de un subsidio (programa BEPS) que puede quedarse sólo en buenas intenciones por causa de la baja capacidad de ahorro que tiene la población a la que está dirigida, la mayoría con ingresos inferiores, o acaso iguales, a un salario mínimo. Mientras tanto, en materia de protección a riesgos laborales no existe ninguna iniciativa.

En relación con los trabajadores asalariados y dependientes informales, la mayoría de estos se ubican en las actividades del comercio, hoteles, bares y restaurantes (67%); construcción (62,2%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (59,6%); industria (39,1%); servicios sociales, personales y comunales (36,9%) y en las actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas (36,6%). Gran parte de esta informalidad laboral es consecuencia de la falta de inspección laboral por parte del Estado, pues muchos empleadores, pudiendo pagar las obligaciones laborales que se derivan del contrato de trabajo, no lo hacen. Están seguros de que ninguna autoridad los va a vigilar o a intervenir, y menos a sancionar, por lo que es necesario fortalecer el sistema de inspección laboral y garantizar su presencia activa y efectiva en todos los municipios del país, pues la debilidad del Estado en este terreno estimula la ilegalidad laboral.

Y en relación con la informalidad laboral en la industria, ésta se presenta principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de la cuales no tienen las condiciones de competitividad para formalizarse y cumplir con las obligaciones laborales con sus trabajadores. En este terreno es clave el impulso a políticas para promover su competitividad mediante estrategias que mejoren su productividad, calidad, desarrollo tecnológico, acceso a crédito de fomento y acceso a mercados, factores todos que inciden directamente en las posibilidades de su formalización.

Adicionalmente, es esencial vigilar las cadenas de subcontratación en la que están inmersas este tipo de empresas, dominadas por la grandes compañías del país, cuyas imposiciones leoninas les dejan márgenes de rentabilidad tan precarios que no les permiten financiar su formalización.

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* Analista Escuela Nacional Sindical. Publicado originalmente por la Agencia de Información Laboral.

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