Julio 23 de 2006
Desde el pasado miércoles 12 de julio, más de 500 familias desplazadas de distintas partes del país se congregaron en el parque central de la localidad de Bosa, manifestando su inconformidad con el gobierno por las precarias condiciones de vida en las que se encuentran y por la ausencia de asistencia oportuna a sus necesidades básicas.
Armando precarios cambuches con lonas plásticas y palos, más de dos mil hombres, mujeres, niños y ancianos de distintas procedencias han mantenido durante más de una semana la protesta, a la que se han venido vinculando nuevas agrupaciones de desplazados que, junto a los iniciadores de la toma, exigen de las autoridades del orden nacional y distrital soluciones concretas a los graves problemas de salud, empleo y vivienda que experimentan, dada su condición de desarraigo.
Un antecedente trágico
El problema del desplazamiento interno es uno de los más graves para Colombia: la cantidad de víctimas y las condiciones en las que se dan estas migraciones han puesto al país en un nada envidiable tercer lugar a nivel mundial después de Sudán y el Congo, de acuerdo a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.
No es para menos. Durante más de cuatro décadas, la fuerte confrontación armada y la marcada acumulación de la tierra cultivable en manos de grandes terratenientes, empresarios del agro, empresas multinacionales y narcotraficantes ha impuesto una lógica macabra al fenómeno del desplazamiento que involucra directamente, como principales responsables, a las autoridades regionales y nacionales, a las Fuerzas Militares y de Policía, a los grandes capitales financieros y a los ejércitos privados del paramilitarismo.
Aunque esta problemática ha marcado casi toda la historia moderna colombiana, especialmente durante el periodo de guerra civil conocido como La Violencia (1948-1953), las últimas dos décadas han visto un ascenso sin precedentes de la cantidad de personas que han tenido que abandonar sus lugares de origen por la presión armada de los terratenientes o por la dura confrontación que las fuerzas estatales y paramilitares libran con las guerrillas.
La población campesina es, sin duda, la más afectada: sus tierras son usurpadas, usando para ello todo tipo de artimañas legales y la violencia institucional o paramilitar, por quienes buscan apropiarse de éstas por ser aptas para cultivos ilícitos, megaproyectos agroindustriales, ganaderos o mineros, generando así agudas condiciones de iniquidad en la apropiación de la tierra.
Así, los focos de desplazamiento en el país se dispersan por zonas ricas en recursos naturales, ubicadas en zonas aledañas a propiedades de terratenientes o de grandes empresas –entre las que se destacan las dedicadas al cultivo de la palma aceitera–, sobre corredores estratégicos de la guerra, en zonas de producción o en rutas de exportación de estupefacientes, todas ellas de crucial importancia para las élites colombianas y varias multinacionales, principalmente norteamericanas y europeas.
La batalla de las cifras
Pese a que la acción de los desplazados de Bosa evidencia en la capital colombiana la crisis que ya es innegable en todo el país, no existen de parte del Estado soluciones de fondo a la problemática ni intenciones de reconocerla adecuadamente.
El gobierno, las ONG y las instituciones internacionales libran una dura batalla para poder dar cuenta aproximada de la verdadera magnitud del problema. Hoy, las cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social, recientemente fundada por el gobierno de Uribe, hablan de un total de 1’796.452 desplazados a junio de este año en el país, mientras la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) demuestra la existencia de 3’000.428 personas en esta situación.
La notoria diferencia entre los estudios realizados por las entidades se explica por el tipo de fuentes consultadas: mientras la primera se atiene al número de personas atendidas por la Red de Solidaridad Social, la segunda realiza sus estadísticas sobre la base de los testimonios de las propias comunidades afectadas, sobre las cuales el gobierno no realiza ningún tipo de asistencia humanitaria.
De acuerdo al último reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, en lo que va corrido de 2006, 28.605 civiles han sido forzados a dejar sus lugares de origen, de los cuales 14.056 son niños (49.14%), 7.626 son hombres (26.66%) y 6.923 son mujeres (24.20%), siendo los departamentos de Meta, con 4.104 casos, y Nariño, con 4.012 casos, los más graves en cuanto a desplazamiento individual y masivo.
No es coincidencial que estos departamentos, Meta y Nariño, estén ubicados en el epicentro del llamado ‘Plan Patriota’, estrategia armada adelantada por el gobierno colombiano con el apoyo militar de los Estados Unidos y que tiene el supuesto objetivo de perseguir a las guerrillas y destruir cultivos ilícitos, y que justo en estas dos regiones del país, Suroccidente y Llanos Orientales, se juegue el futuro de varios de los más importantes megaproyectos a implantar en Colombia.
Se calculan en cinco millones de hectáreas las usurpadas por grupos paramilitares entre 1997 y 2003, siendo este actor el responsable del 60% del desplazamiento forzado. La incapacidad gubernamental para hallar soluciones políticas a la confrontación armada y el cada vez más acentuado gasto militar son aspectos que agravan la crisis: para este gobierno ha sido primordial ganar la guerra por la fuerza, invirtiendo grandes cantidades de dinero en la represión y bastante poco en el desarrollo de proyectos sociales que alivien el hambre, el desempleo y la concentración de la tierra en pocas manos, lo cual agudiza la situación y aumenta, con ella, el destierro y el desarraigo como parte de los grandes dramas de nuestra nación.
Sin soluciones a la vista
Sólo hasta que se promulga la Ley 387 de 1997 el Estado colombiano reconoce que desplazado es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su calidad de residencia o actividades económicas habituales, su integridad física, su seguridad o libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”. Adicionalmente, desde ese mismo año, la Corte Constitucional ha emitido sucesivos fallos en los que se obliga al Estado a brindar la atención humanitaria debida a las personas que se encuentran en esta situación y a garantizar las condiciones mínimas de seguridad para facilitar el retorno a sus tierras.
Sin embargo, no es raro encontrar en las ciudades colombianas a miles de personas en situación de desplazamiento que no reciben una atención oportuna ni adecuada de parte de las instituciones del Estado responsables de velar por la mejora de sus condiciones de vida. Al tratar de insertarse en las grandes ciudades, se enfrentan a situaciones adversas de intolerancia y exclusión cuando son observados como indigentes, generadores de inseguridad o ciudadanos de segunda clase, lo cual los sumerge aún más en los círculos viciosos de la miseria y la violencia.
La población desplazada ha creado nuevas estructuras socioculturales y económicas dentro del espacio urbano. Como mecanismo de subsistencia recurre a las llamadas economías informales, como las ventas ambulantes, y, así mismo, colonizan y extienden los límites de la ciudad de manera permanente, lo cual no garantiza su acceso a condiciones mínimas de vida ni a los servicios públicos sociales.
Adicionalmente, muchas personas se han valido deshonestamente de una falsa situación de desplazamiento para generar en el resto de ciudadanos sentimientos de lástima o conmiseración, a fin de obtener ayuda económica de tipo asistencialista. Muchas de estas personas, que no tienen nada que ver con los desplazados, han agravado terriblemente el problema y las duras condiciones de vida de quienes han sido forzados a migrar y alejan las pocas ayudas existentes de las manos de quienes las necesitan realmente.
Así, el hecho de que cinco de las dos mil personas que mantienen ocupado el parque central de Bosa hayan decidido enterrarse en vida hasta el cuello, desde el pasado jueves 20, frente a la Alcaldía Local no sorprende: es tal el grado de abandono por parte del Estado que la situación de desespero de estas personas ya no puede seguir siendo solventada por la informalidad. A sus ruegos por una vida digna, vivienda y empleo o por la restitución de sus tierras se responde con la indiferencia gubernamental o la represión, lo cual impone una situación insostenible para sus familias.
Razón y persistencia
Es así como el pasado sábado 15, en uno de los intentos de desalojo ordenados por las autoridades, varias personas fueron lesionadas por la Policía, incluyendo a una joven madre gestante que sufrió un aborto como producto de la agresión.
Al no ser posible el desalojo por la fuerza, la estigmatización de la protesta y de los desplazados ha sido insistentemente empleada por las autoridades: tanto la alcaldesa local de Bosa, Yaneth Jiménez, como la coordinadora para Bogotá de la Acción Social, Amelia Casas, han insistido ante los medios de comunicación en señalar la supuesta infiltración de grupos armados en la toma y en responsabilizar a los participantes de las ‘condiciones infrahumanas en las que se encuentran’ y de las ‘consecuencias que ellas puedan traer’, dada la negativa de los manifestantes a ser valorados por la Secretaría de Salud del Distrito hasta que no se presente una negociación clara con el gobierno. Adicionalmente, el día 17 de julio, se les cortó el ingreso a los baños de la estación de bomberos, según los desplazados por orden de Jiménez, situación que se solucionó al día siguiente, gracias a la presión ejercida.
Las preocupaciones de los desplazados se centran en la falta de respuesta a sus exigencias en materia de vivienda digna y trabajo para el sostenimiento de sus familias. Sin embargo, el Gobierno Nacional insiste en que sólo se reconocerá a quienes han sido desplazados de 2004 en adelante y que las demás personas no pueden ser objeto de ninguna ayuda.
A pesar de esto, las muestras de solidaridad no se han hecho esperar: algunos vecinos de la localidad de Bosa, así como organizaciones políticas, sociales y de defensores de derechos humanos han venido acompañando a los desplazados. Incluso, un grupo de mariachi realizó una serenata de apoyo y el Circo de Paz regaló una función a los numerosos niños de la toma, tratando de alegrar un poco las condiciones desfavorables que en estos momentos afrontan.
Los desplazados del parque de Bosa han manifestado su voluntad de sostener la protesta y mantenerse en el lugar hasta que haya soluciones de fondo a su problemática. Con la paulatina radicalización de la lucha de estas personas y el impacto nacional que ha generado se espera que en otras regiones se presenten actos similares y que nuevos desplazados vayan llegando en el transcurso de la semana hasta esta plaza.
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