Por: Yovana Vargas Pardo – agosto 11 de 2018
Yonny Duvián Soto Muñoz era uno de los jóvenes de Soacha (Cundinamarca) que resultaron víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’. El 11 de agosto se cumplieron diez años desde que fue desaparecido en Bogotá y luego presentado por el Ejército en Ocaña (Norte de Santander) como un guerrillero muerto en combate.
Fue por esa misma época, en agosto de 2008, que salieron a la luz pública los asesinatos de dieciséis jóvenes de Soacha por parte de miembros de las Fuerzas Militares. Estos crímenes aún continúan impunes y las madres de las víctimas siguen lidiando con la justicia colombiana en su exigencia de verdad, justicia y reparación.
Yonny era un joven de 24 años de edad proveniente de una familia humilde a quien ilusionaron con incorporarlo al Ejército para luego desaparecerlo, llevarlo a Ocaña y asesinarlo. Su madre, Zoraida Isabel Muñoz Badillo, recuerda que en su barrio era conocido como ‘Matías’ y que cayó en manos de sus victimarios por su deseo de mejorar su situación económica, “por tenerme a mí bien, porque él trabajaba para mí”.
Para Juan Carlos Niño Camargo, abogado que lleva actualmente el caso e integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, este crimen reviste una alta gravedad por la forma en que involucra a “una red criminal de civiles y militares” que hace una década se llevaron con engaños a Yonny y a Jaime Castillo, que “fueron entregados en Ocaña a efectivos del Batallón Santander, quienes pocos minutos después los reportaban como caídos en combate”.
Los más pobres como objetivo
Las ejecuciones extrajudiciales practicadas por la Fuerza Pública en Colombia se caracterizan por un patrón de discriminación: los jóvenes que escogían para ser víctimas de los ‘falsos positivos’ provenían de familias humildes del campo o de los barrios populares de las ciudades, eran desempleados o se dedicaban al comercio informal para subsistir, como Yonny. Esto se evidencia en la caracterización de las víctimas realizada por la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes) en una investigación sobre los casos de Soacha, que muestra cómo esto ocurrió además con Julio César Mesa Vargas, quien era obrero de construcción; Víctor Fernando Gómez Romero, desempleado; Daniel Andrés Pesca Olaya, conductor de taxi; Jaime Castillo Peña, habitante de calle de 42 años; y Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años con discapacidad cognitiva.
Aprovechándose de la situación económica de estas personas, se crearon sofisticadas estructuras criminales que definieron un mercado ‘falsos positivos’ en beneficio de unos militares que buscaban beneficios por presentar resultados a sus jefes. Según las investigaciones de la Fiscalía, los uniformados involucrados pagaban alrededor de un millón de pesos por víctima a los reclutadores, es decir, a quienes buscaban jóvenes con este perfil en los barrios pobres de Bogotá y otras ciudades para engañarlos con falsas promesas de trabajo y oportunidades para cambiar sus condiciones de vida, y luego entregárselos para que estos los asesinaran y los presentaran como guerrilleros dados de baja en combate.
A cambio de entregarle estos jóvenes a los uniformados para que los asesinaran, de modo que el Ejército mostrara una buena gestión en la lucha contra la guerrilla, los reclutadores recibían un millón de pesos por parte de los militares. Ese era el costo que le ponían a la vida de cada joven. Por su parte, los militares recibían una serie de incentivos que, según se ha podido establecer, provenían del presupuesto de gastos reservados de las distintas unidades del Ejército que se beneficiaron de estas ejecuciones extrajudiciales y de un sistema de incentivos creado en noviembre de 2005 por el Ministerio de Defensa, mientras Camilo Ospina estaba a cargo de esa cartera, contenido en la Directiva Ministerial Permanente número 29 de 2005. Dicha disposición ofrecía, de acuerdo con unos criterios de valoración, una serie de recompensas por resultados a los militares que se dividían en cinco niveles y que iban de los $3’815.000 a los $5.000’000.000.
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Víctimas de la codicia militar
Luego del escándalo por los crímenes contra los jóvenes de Soacha, la Directiva 29 fue derogada y reemplazada por el Decreto de Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional o ‘decreto boina’, cuya reglamentación hasta la fecha se mantiene en secreto. Sin embargo, todas las investigaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos asocian esta política con un aumento notable de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y con el perfeccionamiento de esta práctica criminal contra la población civil.
Para el abogado Niño, “no había un control a esas bajas en combate: se reiteraron […] esos ‘falsos positivos’ sin que ningún comandante de batallón estableciera un control, una investigación o sanciones disciplinarias para algo que ya era evidente”.
De acuerdo con Zoraida, lo más paradójico del asesinato de su hijo es que fue víctima de este negocio de militares y reclutadores civiles justo después de haber prestado el servicio militar obligatorio, cuando Yonny se ilusionó con vincularse de forma definitiva al Ejército como soldado profesional.
Según recuerda, esto le precipitó a caer en manos de Alexander Carretero, el reclutador al servicio de los militares que asesinaron al joven.
Él [Yonny] fue acompañar a un primo a que se presentara al servicio militar […] Allá estaba ese tipo [Carretero] reclutando […] Estuvimos en una audiencia y nos dijeron que él se comprometía a contar la verdad y que por cada muchacho iba a pagar siete meses […] ¡Es que mi hijo no duró siete meses en mi barriga, él duró nueve meses y este tipo me le quita la vida y lo paga con siete meses!
No obstante, como lo señala el abogado Juan Carlos Niño, el reclutador Alexander Carretero ya aceptó cargos por haber estado vendiendo estas personas a los militares con el fin de que fueran víctimas de ‘falsos positivos’ y se espera que la Fiscalía profundice las investigaciones sobre sus actividades criminales, sus cómplices y sus clientes entre los uniformados en este macabro tráfico humano.
El uso de este tipo de reclutadores no vinculados directamente con las Fuerzas Militares se volvió común en la medida en que las recompensas y otros incentivos, como permisos, vacaciones, medallas y ascensos, tomaron protagonismo en el afán del gobierno de la ‘seguridad democrática’ por mostrar resultados en el combate a las guerrillas. De acuerdo con Phillip Alston, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, a pesar de que el Gobierno Nacional no le haya proporcionado información sobre la cantidad de incentivos ofrecidos a los militares desde 2002 para su informe al Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional sobre los ‘falsos positivos’, es notorio que estos premios no estaban claramente reglamentados y que se empleaban de forma variada de una unidad a otra y según el criterio de los mandos.
Un soldado, por ejemplo, me explicó que en su unidad cada baja era recompensada con quince días de vacaciones. Me explicó que cuando se acercaban días festivos importantes los soldados trataban de ‘ganar’ tiempo de vacaciones. Sin embargo, un comandante de otra unidad afirmó que no recompensaba a sus soldados con tiempo de licencia porque consideraba que ello podría distorsionar su juicio profesional.
Además, un informe del Movimiento por la Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, una reconocida coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos, revela que según un oficial de alto rango militar el general Mario Montoya Uribe, quien llegó a ser comandante del Ejército en el gobierno Uribe, le dijo:
Mire, es que usted frenó, ya no tiene bajas. En cambio, Hernán Mejía en Valledupar me dice: ‘mi general, hoy vamos a tener diez bajas’. Resulta que a las seis de la mañana me llama y no son diez bajas, ¡son veinte! Así es que tiene que hacer usted. Usted lo que tiene que hacer es: una baja y coge toda la patrulla y la saca con quince días de licencia y le entrega $1’000.000 a cada soldado […] ¿De dónde saca la plata? Sáquela de gastos reservados, plata de inteligencia.
Asimismo, el documento asegura que al menos 535 ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por la Fuerza Pública entre el 1 de enero de 2007 y 30 de junio de 2008. Es decir, por la misma época en que se conocía la brutalidad de los crímenes contra los jóvenes de Soacha, cada día una persona era víctima de esta modalidad de crímenes de Estado.
¿Qué ha pasado con el caso de Yonny luego de diez años?
Desde que el país supo de los ‘falsos positivos’, los familiares de las víctimas han pasado una década lidiando con la lentitud de los procesos por parte de la justicia colombiana y el encubrimiento de los hechos por parte de la Fuerza Pública.
Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica asegura que la impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales llegó al 95% en 2015. Por su parte, Todd Howland, quien fuera representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2012 y marzo de este año, expresó en 2013 su preocupación por el hecho de que “la Fiscalía tiene casi 5.000 casos de víctimas de falsos positivos” y “el número de sentencias es muy poco, en relación con la dimensión al problema que existe”. Según la ONU, de los 4.716 casos que para ese entonces reportaba la Fiscalía, apenas un 30% aparecía con procesos activos y de estos más del 60% estaban en fase de indagación preliminar. Para agosto de 2012 solo habían llegado a juicio o estaban para sentencia un total de 294.
Así como en los demás ‘falsos positivos’ de Soacha, el caso de Yonny Duvián Soto va a paso de tortuga. De acuerdo con el abogado Juan Carlos Niño:
[El proceso judicial] hasta ahora inicia, está iniciando la etapa preliminar. Se inició en 2017, cuando el hecho ocurrió en el 2008. Es decir, [van] nueve años de una investigación de la Fiscalía en la que, hay que decirlo, se conocía ya que había responsabilidad en los hechos de las personas a las que posteriormente se les imputó, a los militares y también a los civiles, como el señor que está condenado en sentencia anticipada.
Al respecto, Zoraida denuncia las maniobras de la defensa de los militares para dilatar las audiencias y evitar así que avance el proceso. Asegura que “el abogado […] de los militares, cuando no tiene diarrea, tiene soltura. Entonces, él dilata las audiencias”.
Actualmente, uno de los interrogantes que afrontan los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales es si estos casos deben ir o no a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia creada en el acuerdo de paz firmado por el Estado y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para juzgar los hechos cometidos durante más de cinco décadas de conflicto armado. Según el abogado, Juan Carlos Niño, esto dependerá de la investigación, pues “los militares que soliciten ser juzgados allí tienen que explicar por qué este hecho tiene que ver con el conflicto armado”.
Para Zoraida lo importante es que se juzgue a quienes estuvieron detrás del asesinato de su hijo y espera que a ella no le pase lo mismo que a su esposo, quien falleció sin saber la verdad, pues “él también murió con su dolor, nunca supo la verdad por la que estamos guerreando”.
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