Por: Rafael Rincón Patiño* – septiembre 20 de 2007
Transformar un bosque nativo en un cultivo de papas, para luego convertirlo en edificios de apartamentos parece un acto de magia, pero es, en realidad, un delito de contaminación ambiental. La contaminación, como la corrupción, es una alteración nociva: la primera daña el medio ambiente y la segunda daña lo público. Contaminación y corrupción son una pareja perversa que impacta negativamente a la administración pública y al medio ambiente.
Hace un año fue condenado Andrés Fajardo Valderrama por el delito de contaminación ambiental (Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, sentencia condenatoria de 25-09-2006, magistrado ponente Luis Fernando Delgado Llano). Andrés Fajardo V., actuando en representación de la companía constructora Raúl Fajardo Moreno y Cía. Ltda., confesó el delito de contaminación ambiental, alegando que no sabía que tenÃía que pedir permisos para realizar obras en sus predios.
El delito mencionado ocurrió cuando la firma Raúl Fajardo Moreno y Cía. Ltda. deforestó el bosque nativo y acabó con un humedal para desarrollar el proyecto constructivo Talavera del Bosque en la zona alta de Las Palmas, del municipio de Envigado, perjudicando a 220 viviendas en su acueducto veredal e incurriendo en el delito de contaminación ambiental. El Tribunal Superior de Medellín calificó la conducta como “destrucción sistemática de un hábitat, con pleno conocimiento del acusado, sin la debida autorización de las autoridades gubernativas y ambientales”.
Para llegar a tal resultado talaron los bosques primario y secundario, realizaron remociones inadecuadas de tierra, impostaron un sembrado de papas e infectaron los recursos acuíferos del lugar, dañando el acueducto veredal y provocando la queja administrativa ante la autoridad ambiental (Corantioquia) y la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Hasta aquí todo ha sido un secreto a voces, conocido y farfullado en los pasillos del poder.
Pero lo que sigue a la violación de la ley penal es una falta contra la moralidad pública: el señor Ricardo Agustín Smith Quintero, hoy director del Área Metropolitana, fue parte de un informe de la Universidad Nacional que pretendió enervar los estudios ambientales de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) en el proceso penal por contaminación ambiental. Actuó en defensa de la compañía de la familia Fajardo y también en otro proceso de una acción popular, declarando a favor del informe de la Universidad Nacional, del cual había sido parte interesada (folio 361 del expediente penal).
Sigue la inmoralidad: después de los escándalos silenciados en los procesos de contratación administrativa del año 2005 del Área Metropolitana de Medellín, en donde el alcalde Fajardo V. extrañamente retiró a los denunciantes y no a los denunciados, fue nombrado como director del Área Metropolitana el ‘declarante’ Ricardo Agustín Smith Quintero, el que había atestiguado a favor de la empresa de la familia del alcalde en el caso de contaminación ambiental.
Es decir, fue nombrado como autoridad ambiental del Área Metropolitana, por decreto municipal, quien rindió un experticio y una declaración en un proceso penal de contaminación ambiental a favor de la empresa de la familia Fajardo.
Esos fueron los méritos de quien hoy le da el aval a la tala de árboles en Medellín, de quien contrató con dineros de la sobretasa ambiental la mal llamada Vía Distribuidora –que genera enorme ganancia para los grandes capitales–, una obra que crea tres nuevos carriles paralelos al Metro de Medellín y que destruye una zona verde de 75.000 metros cuadrados.
Gobernar con ‘los más capaces’ es una promesa inmoral cuando no se determina el contenido de la capacidad requerida: ¿más capaces de qué? Gobernar con los amigos, con los más cercanos, con los asesores familiares o privados, con los testigos, encarna el riesgo de gobernar con los cómplices de las tropelías.
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* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
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