Por: Amy Goodman* – septiembre 20 de 2007
La repentina renuncia de Alberto Gonzales como Fiscal General de Estados Unidos no ocurrió lo suficientemente a tiempo. Las políticas y la politización de la justicia, que han sido su sello personal, permanecen. Gonzales ha sido un pertinaz ejecutor y defensor de las más nefastas políticas de la administración Bush Cheney: desde la práctica de la tortura y las escuchas telefónicas sin órdenes judiciales hasta la destitución de fiscales estadounidenses y la ampliación de los poderes del Ejecutivo.
Pensemos en la tortura. En enero de 2002, Gonzales escribió un memorando en el que calificaba como ‘desfasadas’ algunas de las disposiciones reflejadas en la Convención de Ginebra. Después de eso, llegó el notable informe Bybee de agosto de 2002, que sirvió como base legal para las técnicas agresivas de interrogación, posteriormente reveladas en las fotos de Abu Ghraib.
El informe argumentaba que no sería considerada tortura una técnica de interrogación que no causara un dolor “equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una herida física grave, como un fallo de órganos, la disminución de una función corporal o incluso la muerte”. Asimismo, permitía cualquier cosa que estuviera por debajo del “daño psicológico significativo que perdurara considerablemente, por ejemplo meses o incluso año”. Gonzales autorizó a la CIA y al Pentágono a usar el informe Bybee como base de sus directrices operativas, lo que permitió que sus agentes llevaran adelante interrogatorios agresivos con la seguridad de que quedarían impunes ante los posibles procesos judiciales por crímenes de guerra.
Esto llevó a sostener prácticas como el uso de perros en los interrogatorios. Tony Lagouranis, ex interrogador del Ejército de EEUU, recordaba así el uso de perros en Irak: “estuvimos usando perros en el centro de detención de Mosul, que se hallaba en el aeropuerto. Poníamos al preso en un contenedor de transporte, lo manteníamos despierto toda la noche con música y luces estroboscópicas, en posiciones incómodas, y luego llevábamos a los perros. El preso tenía vendados los ojos, así que no entendía realmente lo que estaba ocurriendo, aunque teníamos al perro controlado”. Esto no está tan desfasado.
Cuando estaba siguiendo la cobertura periodística de la dimisión de Gonzales, con el volumen de la televisión bajo, vi que aparecían imágenes de perros. En la parte de abajo de la pantalla se podía leer: “se declara culpable”. Me pregunté: ¿estarán las cadenas de televisión diciendo la verdad sobre el legado de Gonzales? Subí el volumen. La noticia era sobre el mariscal de campo del fútbol americano Michael Vick y su escándalo sobre peleas de perros. Escuché al presidente Bush usar la frase “arrastrado por el fango”. ¿Se estaría refiriendo a lo que les ocurre a los detenidos? No, se estaba refiriendo a la reputación del último de sus compinches de Texas al momento de abandonar la Casa Blanca.
El escándalo de los fiscales estadounidenses, considerado por la mayoría como la razón por la que Gonzales dimitió –su declaración a la prensa de 1 minuto y 40 segundos no dio ninguna pista sobre los motivos de su renuncia–, continuará acosándolo. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, promete que las audiencias para investigar las destituciones seguirán adelante: “esto no lo libera de la obligación de responder a nuestras solicitudes de presentación ni de ser citado judicialmente, ni de que sea acusado de desacato. No hay que ser investigador o congresista para entender esto. Así que esto no cambia nada”.
Nada cambia tampoco para Bush. El mismo día de la renuncia, Bush se hallaba en un evento de recaudación de fondos para el senador republicano Pete Domenici, implicado en la destitución del fiscal estadounidense David Iglesias. Pocos saben que Iglesias, cuando era un joven abogado militar del cuerpo jurídico del ejército conocido como JAG, llevó adelante un caso que más tarde se convirtió en la película “Cuestión de honor” (A Few Good Men). El personaje de Iglesias fue interpretado por Tom Cruise.
De igual modo, nada cambia para los presos de Guantánamo o las prisiones secretas de la CIA. Aún se les niega el hábeas corpus, aún siguen siendo sometidos a interrogatorios agresivos con técnicas como el aislamiento sensorial y la privación del sueño. El Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), la organización de abogados sin fines de lucro que representa a cientos de presos de Guantánamo, tiene sus reparos a la hora de dar la bienvenida a la dimisión:
Gonzales fue fundamental a la hora de preparar el terreno para que se produjeran abusos y atrocidades en Abu Ghraib. Además, sus cargos de Consejero Legal de la Casa Blanca, primero, y de Fiscal General, después, estuvieron marcados por una abierta hostilidad hacia las libertades civiles y una alarmante falta de respeto por la Constitución de EE.UU. y las leyes internacionales. Guantánamo sigue ahí, al igual que las torturas, las escuchas, las prisiones secretas de la CIA, las ‘rendiciones extraordinaria’ y los juicios ilegales.
El Procurador General de EEUU, Paul Clement, ha sido designado como Fiscal General provisorio. Continúa siendo una pregunta sin respuesta quién sustituirá definitivamente a Gonzales durante el resto del mandato de Bush. De acuerdo con la lógica cruel del gobierno de Bush, tendría sentido nombrar a Michael Chertoff, director del Departamento de Seguridad Nacional, quien ha tenido una miserable falta de responsabilidad con la gente de Nueva Orleáns y de la costa del Golfo, justo en el momento en el que se acerca el segundo aniversario del huracán Katrina.
Quien sea que termine siendo designado por Bush para ocupar el cargo, tiene un enorme trabajo por delante.
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* Columnista y locutora de Democracy Now.
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