Por: Camila Ramírez – febrero 6 de 2016
El pasado 25 de enero se llevó acabo la audiencia de sustentación del recurso de casación por parte de la defensa de Miguel Ángel Beltrán. Con esto, la defensa busca que el académico recupere su libertad y que sea absuelto del delito de rebelión. Ahora, la decisión está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tiene un máximo de 60 días para emitir un fallo.
En la audiencia intervino la defensa del profesor Beltrán Villegas, la Fiscalía y el Ministerio Publico. Cada una de las partes presentó sus alegatos frente al fallo de segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual condenó a ocho años y cuatro meses de prisión para Miguel Ángel, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad ERON La Picota.
David Albarracín, abogado de la defensa, denunció que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se negó al traslado de Miguel Ángel Beltrán a la audiencia y que el profesor lleva seis meses sin recibir la luz del sol, que no se le permite el ingreso de libros, prensa ni documentos, y que debe recibir sus visitas conyugales en el piso. Al respecto, Uldarico Flores, integrante de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, manifestó que:
[Miguel Ángel Beltrán] se encuentra detenido en el establecimiento de alta seguridad ERON Picota, con la violación de todos sus derechos humanos […] Son unas condiciones como las que viven más de 9.000 presos políticos, una violación sistemática a los derechos humanos”.
Controversia sobre las pruebas
Los alegatos se concentraron en dos elementos del material probatorio. Una de las pruebas, la número diez, es una USB incautada al profesor Miguel Ángel después de su detención ilegal en México; la otra, la número treinta y uno, consiste en los computadores incautados durante la operación Fénix, el 1 de marzo de 2008, sobre los cuales existe una fuerte polémica por las irregularidades durante la acción militar, en la cual murió el comandante guerrillero ‘Raúl Reyes’, pues no sólo se violó la soberanía del Ecuador sino que no se respetó la cadena de custodia, como en su momento determinó la Corte Suprema de Justicia.
El abogado David Albarracín explicó sobre el material probatorio que:
Una cuestión es una prueba autónoma y otra cuestión es una prueba diferente. Claro, la USB, evidencia diez, es una prueba diferente más no autónoma, porque solamente tiene explicación únicamente en razón de la existencia de la evidencia treinta y uno.
Además, señaló sobre la prueba de la USB que:
A Miguel Ángel se le atenta contra la razón al interpretar el contenido de documentos que están en el cluster de ‘no asignados’, es decir, de los documentos que en algún momento estuvieron en la USB […] y al decir que de ese contenido se deriva el delito de rebelión.
Hay que recordar que la prueba treinta y uno, que son los computadores incautados en el campamento de ‘Raúl Reyes’, constituían la principal prueba para la Fiscalía en el llamado proceso de la ‘farcpolítica’, y fueron usados para abrir procesos judiciales contra Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, entre otros. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo, en mayo de 2011, donde ratificaba la ilegalidad de las pruebas y de la información contenida en los computadores del jefe guerrillero.
Adicionalmente, el abogado señaló ante la corte que en el caso del investigador y profesor universitario no sólo hay un proceso judicial sino también un proceso de persecución política y que “Miguel Ángel siempre dijo que hay conflicto y fue objeto de persecución por haberlo dicho”.
Por su parte, el fiscal encargado del caso aseguró en su alegato que el ente investigador habría determinado que la memoria USB contiene información en la que:
Alias ‘Jaime Cienfuegos’ rinde cuenta de sus actividades y mantuvo comunicación con alias ‘Raúl Reyes’ […] esta información se encontraba encriptada en la USB incautada al profesor Beltrán Villegas con formato de protección PGP, el mismo que es utilizado por la comisión internacional de FARC para proteger su información”.
Sin embargo, el fiscal no mencionó que Pretty Good Privacy (PGP) es un software legal que también usan miles de colombianos para proteger su derecho a la intimidad cuando envían correos electrónicos.
De acuerdo con la defensa, la Fiscalía basó sus argumentos en pruebas ilegales que no tienen soporte para establecer a partir de ellas el delito de rebelión, por ello, el abogado David Albarracín manifestó que “los computadores de Raúl Reyes no existen para el mundo jurídico”.
Ante la falta de sustento jurídico, otra de las pruebas que presenta la Fiscalía para vincular al académico con las FARC es el artículo “Colombia: ¿terrorismo o insurgencia armada?”, escrito por Miguel Ángel Beltán y Liliany Obando, y donde se analiza la evolución de la guerra colombiana y el discurso político del Estado frente a las guerrillas. De la misma manera, la Fiscalía presentó el registro migratorio del profesor universitario y aseguró su delegado que durante un viaje a México, en marzo de 2008, el profesor habría presentado “puntos de vista de la organización armada al margen de la Ley en la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Para la defensa, estas acciones por parte de la Fiscalía permiten entrever que se busca violar la libertad de pensamiento de Beltrán e imponerle el ‘delito de opinión’, un tipo penal eliminado en Colombia y comúnmente usado en regímenes dictatoriales.
Al final de la audiencia, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron a la Corte Suprema de Justicia mantener la sentencia contra el profesor Beltrán, mientras la defensa insistió en que el alto tribunal debe anular el fallo porque Miguel Ángel Beltrán es inocente de los cargos en su contra. Por su parte, a las afueras del Palacio de Justicia se manifestaron amigos y estudiantes del académico, junto a diferentes organizaciones sociales, exigiendo su libertad.
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