Por: Christian Peñuela– febrero 18 de 2016
Desde el pasado 15 de febrero, el docente e investigador Miguel Ángel Beltrán Villegas inició una huelga de hambre para protestar por las precarias condiciones de reclusión que padecen él y miles de presos políticos y de conciencia en el país.
El académico, que se encuentra en la cárcel de alta seguridad ERON Picota de Bogotá desde julio, ha sido encarcelado en dos ocasiones dentro de un proceso que, según denuncias de sus familiares y de defensores de derechos humanos, ha estado lleno de irregularidades. Su caso ha sido denunciado a nivel internacional como un ejemplo de persecusión política y violación del derecho a la libertad de cátedra en Colombia desde el momento que fue retenido ilegalmente en México y posteriormente deportado, el 22 de mayo de 2009.
La protesta del profesor Beltrán obedece a la precaria situación de salud que soporta en prisión, a las condiciones de insalubridad y privacidad en los baños, a la falta de un espacio adecuado para las visitas conyugales, a la carencia de condiciones dignas para la alimentación y al suministro interrumpido de agua potable en la ERON Picota.
De hecho, con su decisión, el profesor Beltrán se ha terminado uniendo a una huelga de hambre de más de 500 prisioneros políticos en diferentes cárceles del país ante las inhumanas condiciones de reclusión que actualmente soportan las 121.295 personas privadas de la libertad en Colombia, que incluyen a más de 9.500 presos políticos, en prisiones que acumulan un hacinamiento de al menos el 53%, según denuncias del senador Alberto Castilla. Al respeccto, el profesor Beltrán manifiesta en un comunicado que le “resulta un imperativo ético” solidarizarse con las peticiones de los internos que protestan y que “no hacerlo sería asumir una actitud menos que inconsecuente, tanto con mi propia condición de preso político como con mi compromiso con la defensa de un pensamiento crítico que articule la teoría con la praxis transformadora”.
comunicado_miguel_angel_beltranAdicionalmente, los abogados de Miguel Ángel Beltrán vienen denunciando que los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le han venido imponiendo medidas de ‘castigo’ como la privación de luz solar desde hace 6 meses, la restricción arbitraria al acceso a libros, revistas o prensa escrita a su celda y la incomunicación con el exterior.
Adicionalmente, el pasado 25 de enero, el Inpec se negó a transladar a Beltrán a su audiencia con la Corte Suprema de Justicia, por el recurso de casación que presentó ante las irregularidades que denuncia en su caso, interfiriendo con sus derechos a participar en el proceso y a su legitima defensa. En dicha diligencia, tanto el fiscal del caso, Ricardo Bejarano Villegas, como la Procuraduría General de la Nación solicitaron al alto tribunal mantener la sentencia de segunda instancia a 8 años de cárcel y la reclusion del académico en la ERON Picota mientras éste emite su fallo, asunto que ha disparado las alarmas entre los familiares y amigos del profesor, y entre los estudiantes y defensores de derechos humanos que se han venido solidarizando con él.
Ante las irregularidades, intelectuales, defensores de derechos humanos y activistas de todo el mundo han escrito cartas de solidaridad y peticiones a la Corte Suprema de Justicia para que ordene su libertad y al Gobierno Nacional para que cesen los abusos contra el intelectual colombiano.
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