Por: Baldomero Rocha y Elizabeth Vanegas – noviembre 24 de 2011
Ocho meses han transcurrido desde el violento desalojo llevado a cabo por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y aproximadamente 200 agentes de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá contra 11 familias víctimas de desplazamiento forzado que, durante dos años y medio, ocuparon el edificio “La Nueva Era Social”, ubicado en el barrio Santafé y de propiedad del ICBF. Durante el lamentable episodio, muchas de las personas desalojadas fueron golpeadas por los agentes, se utilizaron gases lacrimógenos y se ejerció violencia desmedida en contra de mujeres, hombres, adultos mayores, niños, niñas y una mujer embarazada.
Derechos negados
Desde entonces, las 51 personas arrojadas a la calle por la fuerza, de las cuales más de la mitad son menores de edad, se las han tenido que ingeniar para sobrevivir y no siempre han contado con los mejores resultados, en medio de una gran incertidumbre tanto emocional como material. Sólo por citar un ejemplo, en el caso de una familia desplazada del Urabá y conformada por 14 personas, la situación cada día se torna más preocupante, al no contar con opciones concretas para garantizar su sostenimiento, mientras ninguna entidad estatal ofrece soluciones de fondo que reestablezcan sus derechos.
Lo que recibieron estos desplazados por parte del gobierno fue lo ofrecido por Acción Social –hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social–, que brindó, durante los tres primeros meses posteriores al desalojo, una ayuda humanitaria de $300.000 mensuales por familia. Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá cubrió, durante el mismo periodo, los gastos del alojamiento y un bono de compras por $150.000, que sólo podía reclamarse en los Almacenes Éxito.
Según la Sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional, la ayuda humanitaria para las víctimas de desplazamiento forzado se tiene que brindar hasta que se logre el completo reestablecimiento de los derechos de estas personas. Sin embargo, en 2010, Acción Social expidió una resolución en la cual establece que los afectados deben solicitar un código que los acredite como merecedores de las ayudas humanitarias y que en un plazo de 20 días se debe dar respuesta a cada petición.
Según Milton Rosales, líder del grupo, uno de los desplazados presentó su solicitud de ayuda humanitaria a Acción Social en octubre pasado y la respuesta que recibió de la entidad fue que a mediados de 2013 empezaría a recibir los recursos a los que tiene derecho. Para Rosales “estas ayudas deberían ser inmediatas porque las necesidades no dan espera” y “posiblemente, nunca se pueda acceder a los recursos que por Ley corresponden, ya que pueden sacar otra resolución cancelando el programa o algo por el estilo”.
Incertidumbre
El grupo de familias expulsadas de “La Nueva Era Social” terminó disperso por la ciudad, forzado por las circunstáncias del desalojo. Algunas terminaron viviendo en diferentes barrios marginados de la capital, donde viven en arriendo o en pagadiario. Aunque tratan de mantener contacto entre ellas, las distancias y las dificultades no han permitido que los encuentros tengan la frecuencia requerida para no desagruparse completamente.
Algunas de estas personas han logrado conseguir trabajo como obreros o en labores domésticas, mientras que otras se han visto forzadas al rebusque en ventas ambulantes o, incluso, han llegado a mendigar en las calles capitalinas, como es el caso de una madre soltera a cargo de cuatro niños.
Milton Rosales señala que “la situación no ha mejorado y, por el contrario, es crítica porque no se ha solucionado el problema inicial del desplazamiento forzado y nuevamente nos vimos sin techo y violentados”, lo que “se ha agudizado porque las familias no tenemos suficientes recursos económicos”.
De los 34 niños que tuvieron que vivir la desgarradora experiencia del desalojo, 21 ingresaron a jardines infantiles o colegios, mientras que a otros los educa la calle y hay los que se ven en la necesidad de trabajar para colaborar en el sostenimiento de sus familias. De otra parte, 5 hijos de una mujer cabeza de hogar terminaron ubicados en una fundación encargada del cuidado de niños en situación de vulnerabilidad, puesto que la situación económica la obligó a dejarlos allí, a pesar de sus sentimientos, aunque puede estar en contacto con ellos.
Se requieren propuestas y respuestas
Lamentablemente, la atención de parte del Estado a las familias deplazadas sigue orientándose por la consideración de que las necesidades de esta población se resuelven asignando subsidios o entregando mercados, lo que termina desconociendo la verdadera situación de las víctimas y las necesidades que tienen en materia de atención psicosocial, capacitación laboral, apoyo real para la generación de ingresos, consolidación de pequeñas empresas, educación, salud, vivienda y reubicación, o retorno con garantías.
Por ahora, los desplazados sacados a la fuerza del barrio Santafé, como la gran mayoría de los cuatro millones y medio de personas sacadas a la fuerza de sus tierras, seguirán a la espera de que se reestablezcan sus derechos y de que las instituciones que deberían encargarse de que retomen un proyecto de vida digno e integral dejen de eludir sus responsabilidades. Mientras tanto, seguirán luchando por sobrevivir en una ciudad que los ha condenado al olvido.
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